El Partido Popular (PP) ha logrado aprobar en el Congreso de los Diputados una moción que pide al Gobierno tomar medidas más contundentes contra la ocupación ilegal de viviendas. La propuesta, que plantea la expulsión de los okupas en un plazo de entre 24 y 48 horas, ha sido respaldada por 180 votos de Vox, PNV, Junts, CC, UPN y el Grupo Mixto. Por su parte, 162 votos en contra han sido emitidos por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el diputado José Luis Ábalos, del Grupo Mixto.
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El acuerdo, aprobado por el Pleno del Congreso, insta al Ejecutivo a luchar contra la ocupación ilegal y el fenómeno de la «inquiocupación», haciendo que las personas que ocupen una vivienda ilegalmente puedan ser desalojadas rápidamente. Esta iniciativa pone de manifiesto que la Ley antiokupas del PP, que Francina Armengol mantiene congelada desde hace un año, podría contar con el apoyo suficiente para ser aprobada, lo que explica que el Gobierno haya frenado su avance.
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La moción, consecuencia de una interpelación urgente sobre el fracaso de la política del Gobierno en materia de vivienda, fue votada por puntos. El PP logró la aprobación de cinco de estas iniciativas, gracias al apoyo del PNV y a la incorporación de Junts en el caso de la ocupación ilegal.
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Entre las propuestas aprobadas, destaca la de poner suelo público en el mercado para la construcción de viviendas a precios asequibles. Además, se ha solicitado la creación de un portal de información pública que permita consultar las parcelas disponibles, y la agilización de los mecanismos administrativos para acelerar los procesos de transformación del suelo finalista y reducir los plazos para la construcción de viviendas. También se han solicitado medidas fiscales y de avales para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.
Ruptura interna en los socios de Gobierno
El debate en el Congreso también ha evidenciado una nueva fractura dentro del Gobierno de coalición, después de que los socios del PSOE y Sumar votaran de manera distinta en una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Yolanda Díaz para reformar el sistema de financiación autonómica. La propuesta, que contempla la creación de un fondo específico para compensar la pérdida de ingresos de Aragón debido a los cambios en el sistema, se votó por separado en dos puntos. La votación mostró la división dentro del Ejecutivo, con el PP, Sumar, ERC y algunos miembros del Grupo Mixto apoyando la iniciativa, mientras que el PSOE, Vox y José Luis Ábalos votaron en contra. Junts, Bildu y el PNV se abstuvieron.
Este nuevo enfrentamiento resalta las tensiones dentro de la coalición gobernante, que sigue enfrentando desafíos en su unidad y capacidad de consenso.
