Más de 30 organizaciones de la sociedad civil plantean sus preocupaciones y dirigen sus recomendaciones a la Unión Europea y sus Estados miembros antes de la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que tiene lugar el 8 y 9 de junio sobre la dimensión exterior de la migración y el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo
Los días 2 y 3 de junio de 2023, EuroMed Rights reunió a más de 30 organizaciones de toda la región euromediterránea que trabajan en el ámbito de la migración y el asilo. En el seminario de dos días se realizaron una serie de talleres sobre el derecho al rescate en el Mediterráneo y sobre el aumento de la criminalización y las represalias contra las organizaciones y las personas desplazas en Europa y la región MENA.
Desde hace muchos años, las organizaciones sociales y las propias personas migrantes y refugiadas han sido testigos de una feroz escalada de ataques contra ellas y su trabajo, con leyes, políticas y prácticas que vulneran sus derechos, incluso con duras condenas y privación de libertad. En Italia, Grecia, Malta y el Mediterráneo Central se ha criminalizado a las ONG de búsqueda y salvamento (SAR) y se les ha impedido salvar vidas en el mar, llenando el vacío dejado por los Estados que no respetan sus obligaciones ni responsabilidad internacionales.
Existe una necesidad real de cambiar por completo las actuales políticas de migración y asilo e implementar otras verdaderamente basadas en los derechos humanos. Es hora de aumentar estructuralmente las vías legales y seguras de protección, aumentando los visados, el reasentamiento y los corredores humanitarios; ampliando los criterios y simplificando los procedimientos para las reagrupaciones familiares, así como respetando el derecho a la libertad de circulación.
Y no impidiéndolo por todos los medios posibles, conteniendo la migración y realizando devoluciones ilegales. Es importante poner en marcha una operación de búsqueda y salvamento a nivel de la Unión Europea para reducir el número de muertes y desapariciones en el mar.
Criminalización de búsqueda y salvamento y represión
Por ejemplo, en su Plan de Acción sobre el Mediterráneo Central presentado en noviembre de 2022, la Comisión Europea aconseja aumentar el papel de Frontex en las actividades SAR en el Mediterráneo Central (punto 15). A pesar del infame papel de Frontex en facilitar las interceptaciones y retiradas a Libia por parte de la llamada Guardia Costera Libia utilizando aviones y drones.
La Comisión Europea también sugirió remitirse a la Organización Marítima Internacional para que emita directrices para los buques SAR en el Mediterráneo Central (punto 17), con el riesgo de criminalizar aún más a los buques de salvamento. En el proyecto de ‘Hoja de ruta hacia un Marco europeo para la cooperación operativa en materia de búsqueda y salvamento en el mar Mediterráneo’ más reciente, filtrado por StateWatch, la Comisión Europea pretende «la normalización/convergencia de las normas de registro y certificación de los buques privados que realizan SAR como actividad predominante». Esto podría utilizarse para obstaculizar la actuación de las organizaciones SAR.
Ejemplo de criminalización en Italia
«El último decreto presentado por el actual Ministro del Interior italiano Piantedosi es solo el último de una larga serie de intervenciones legales y administrativas que criminalizan el trabajo de las ONG SAR», aseguró Gaia Pietravalle, de ARCI.
En Italia, la criminalización comenzó con el cierre de la operación Mare Nostum en 2014, seguida de una campaña de desprestigio contra los actores SAR acusados de actuar como contrabandistas y constituir un factor de atracción para las personas migrantes y refugiadas que cruzan el Mediterráneo. El decreto Piantedosi es una síntesis de todos los planteamientos anteriores promovidos por sus predecesores Salvini y Lamorgese. Su objetivo es reforzar el poder del Ministerio del Interior, imponer códigos de conducta específicos a las ONG, amenazarlas con mecanismos de sanción exagerados y obstaculizar de facto las operaciones SAR al prohibir a las ONG llevar a cabo más de un rescate a la vez.
También en Grecia y Chipre
Desde 2020, Grecia ha sido testigo de un aumento vertiginoso del número de empujones y de ONG criminalizadas. «Hemos tenido varios casos de campañas de desprestigio y narrativas públicas difamatorias promovidas por los medios de comunicación y representantes gubernamentales de alto nivel que han descrito a quienes denuncian las devoluciones como traidores nacionales, partidarios de Turquía, contrabandistas y facilitadores de la entrada irregular», declaró Spyros Vlad Oikonomou, del Consejo Griego para los Refugiados (GCR).
Chipre ha sido testigo de una escalada de agresiones contra las ONG que actúan en solidaridad y apoyo a los migrantes desde 2019. Por ejemplo, «KISA ha sido acusada de estar afiliada a los Hermanos Musulmanes y de colaborar con Turquía. KISA está ahora sin registrar y, por tanto, las autoridades la consideran una organización sin estatus legal activo en el país. Esto significa, por ejemplo, que ya no tenemos base legal para solicitar financiación», explicó Doros Polykarpou, de KISA.
Políticas mortíferas de no asistencia en el mar
Todos los días se dan en el Mediterráneo ejemplos de la falta de asistencia de los Estados en el mar. El hecho de que nadie intervenga es una violación del derecho a la vida y del derecho marítimo, que obliga a cualquier Estado o buque a rescatar a cualquier persona en peligro, independientemente de su situación legal, y a llevarla a un puerto seguro.
«En el último año, más de 20.000 personas en peligro fueron ignoradas por las autoridades maltesas. La no asistencia en el mar implica tanto la no realización de operaciones SAR como la obstrucción activa del rescate por parte de las autoridades maltesas a través de diferentes medios, como la disuasión del rescate por parte de buques comerciales, la negativa a colaborar con los actores SAR y la criminalización de los actores SAR en Malta. Por último, Malta coopera activamente con la guardia costera libia para facilitar las repatriaciones a Libia», sostuvo Ċetta Mainwaring, de la Universidad de Edimburgo.
Políticas de externalización que provocan más muertes
La UE y sus Estados miembros están reforzando cada vez más las capacidades de Túnez, Egipto y Libia, «para desarrollar conjuntamente acciones específicas destinadas a prevenir las salidas irregulares«, como se afirma en el punto 3 del Plan de Acción de la UE para el Mediterráneo Central, a pesar de las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas en esos países contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
«El apoyo prestado por la UE a regímenes autoritarios a cambio de su ayuda para frenar los flujos migratorios aumenta el riesgo y los peligros a los que se enfrentan las personas migrantes y en movimiento. En la actualidad, la UE financia y coopera activamente con países que violan los derechos humanos«, mencionó Sara Prestianni, de EuroMed Rights.
Según Khadija Ainani, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), «Marruecos solía ser un país de acogida para muchas personas migrantes. Ahora se ha convertido en un país de tránsito hacia Europa, atrayendo fondos de la UE para bloquear las salidas.
Esto ha creado una situación en la que Marruecos no sólo controla las fronteras de la UE, sino que también adopta políticas represivas en su territorio, con un aumento de las detenciones arbitrarias de personas en movimiento. «Externalizar el control fronterizo y transferir la ‘carga’ de la acogida a países como Marruecos refuerza la precariedad de los migrantes y el riesgo de muertes en el mar».
Evitar la pérdida de más vidas en el mar
En lugar de centrarse en contener la migración e impedir las salidas aumentando el control fronterizo y la capacidad de países como Túnez, Egipto y Libia, la UE y sus Estados miembros deberían centrarse en evitar más pérdidas de vidas en el mar abriendo vías legales y seguras hacia Europa.
Por ejemplo, en los seis primeros meses de 2023 se han producido al menos 1.030 muertes documentadas de migrantes en el Mediterráneo Central. Según la OIM, el primer trimestre de 2023 ha sido el más mortífero desde 2017.
Helena Maleno, de Caminando Fronteras: «Hoy asistimos a la presencia de regímenes fronterizos que no permiten la búsqueda de justicia y responsabilidad por las pérdidas y muertes cotidianas en nuestras fronteras. Es una práctica de ‘necropolítica’, un régimen basado en matar activamente y dejar morir a las personas en movimiento.»
Criminalización y discurso del odio
En toda la región se ha producido en los últimos meses un aumento de la incitación al odio, el racismo, la discriminación y la violencia contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, desde Turquía hasta Líbano, desde Túnez hasta Argelia.
En Turquía, por ejemplo, la migración se ha convertido en un tema central de la política turca, y las autoridades la han utilizado como herramienta de propaganda durante la reciente campaña electoral. Durante el periodo electoral, la desinformación alimentó la percepción negativa de la opinión pública sobre las personas refugiadas mediante falsas acusaciones que los tachaban de delincuentes o miembros de organizaciones terroristas, etc.
La crisis socioeconómica desempeña un papel clave en el aumento de la incitación al odio contra los refugiados sirios en Turquía, así como en Líbano. Aquí, el gobierno ha señalado cada vez más a las personas refugiadas como chivos expiatorios de la crisis socioeconómica y ha aumentado la peligrosa retórica contra las personas refugiadas, y comenzado a aplicar deportaciones de refugiados sirios a Siria.
Deterioro en el Magreb
En la región del Magreb, la situación también se ha ido deteriorando, con la reciente deriva autoritaria en Túnez y la creciente ola de racismo, discriminación y discursos de odio contra los migrantes subsaharianos, que ha desembocado en violencia y atentados mortales. Argelia también va en una dirección similar, con deportaciones masivas y expulsiones en la frontera con Níger, a menudo basadas en perfiles raciales, a pesar de que Argelia es signataria de 8 de las 9 convenciones internacionales sobre derechos humanos, incluida la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951.
En este contexto, la UE y las políticas de los Estados miembros en materia de migración y asilo desempeñan un papel muy importante y tienen una gran responsabilidad en las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Un Pacto sobre Migración y Asilo peligroso e inhumano
Durante la reunión del Consejo de hoy, los Estados miembros de la UE intentarán llegar a un acuerdo sobre algunos de los principales expedientes legislativos del Pacto de la UE, en particular sobre el Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración (RAMM) y el Reglamento de Procedimiento de Asilo (APR).
Como venimos denunciando desde su presentación, el Pacto de la UE pretende reducir los derechos humanos fundamentales y las garantías de las personas solicitantes de asilo, migrantes y refugiadas en la UE, y aumentar el riesgo de devoluciones y retornos en las fronteras, así como la detención.
Uno de los puntos más preocupantes del APR, por ejemplo, es que aumenta el uso de procedimientos fronterizos y la detención en las fronteras, incluso de niños a partir de 12 años. Además, los procedimientos de retorno serán ejecutables antes de un recurso, por lo que el procedimiento de apelación no será suspensivo. El RAMM no altera realmente las normas de Dublín, no hay mecanismos obligatorios de reubicación, y las opciones de externalización -como el aumento de las capacidades de control fronterizo de terceros países- serán posibles como formas de contribuciones voluntarias de «solidaridad».
Necesidad de cambio real
Existe una necesidad real de cambiar por completo las actuales políticas de migración y asilo e implementar políticas de migración y asilo verdaderamente basadas en los derechos humanos.
Es hora de aumentar estructuralmente las vías legales y seguras de protección, incrementando los visados, el reasentamiento, los corredores humanitarios, ampliando los criterios y simplificando los procedimientos para las reagrupaciones familiares, así como respetando el derecho a la libertad de circulación y no impidiéndolo con todos los medios posibles, conteniendo las migraciones y realizando devoluciones ilegales. Es importante poner en marcha una operación de búsqueda y salvamento a escala de la UE para reducir el número de muertes y desapariciones en el mar.
Organizaciones firmantes:
- Association tunisienne des femmes démocratiques (ATFD)
- Italian recreational and cultural association (ARCI)
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Centre for Legal Aid – Voice in Bulgaria (CLA)
- Centre for Peace Studies Croatia (CMS)
- CNCD 11.11.11 – Centre national de coopération au développement
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
- Damascus Centre for Human Rights Studies (DCHRS)
- EuroMed Rights
- Greek Council for Refugees (GCR)
- Human Rights Association Turkey (IHD)
- KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
- Ligue Algérienne pour la Défense des Droits Humains (LADDH)
- Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
- Ligue Tunisienne des Droits Humains (LTDH)
- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
