El pasado fin de semana pudimos observar a Jusapol-Jupol manifestarse junto al sindicato mayoritario de los empleados públicos y personal laboral de la Administración General del Estado, CSIF, solicitando subida salarial para los funcionarios y otras misivas, lo que me permite trasladar a la opinión pública y al colectivo del Cuerpo de Policía Nacional, desde una posición de respeto riguroso hacia el movimiento sindical en este país.
Una sola organización, ARP, desde su constitución como sindicato reformista-progresista en el año 2016, viene exigiendo la pluralidad sindical en el CPN, solicitando la posibilidad de que se aborden por las distintas formaciones políticas del país, la necesidad de reformar el sistema de presentación sindical en la Policía Nacional, lo que comportaría presencia de sindicatos mixtos, corporativos y de clase, como ocurre en otras instituciones dependientes de Comunidades Autónomas.
Ayer como en otras ocasiones, y de forma sistemática, VOX, PP y Ciudadanos, se retratan cuando se convocan manifestaciones en demandas salariales. Los policías reformistas no observamos otros movimientos, ni declaraciones exigiendo libertad de sindicación.
Sería preciso hablar seriamente en el parlamento español por parte de estos partidos políticos de la realidad existente, como se sabe, de sindicatos de clase prestando apoyo y colaboración desde hace más de una década a sindicatos en la Policía Nacional: hablamos de las relaciones CC.OO, UGT, SUP, UFP, o en estos momentos CSIF-Jupol. Hablar de la posibilidad de poner fin al doble lenguaje interno en el seno de la policía de estos sindicatos denominados representativos, de no atender una necesidad imperiosa de cualquier ciudadano en este país, en este caso trabajadores de la policía, como requiere ARP.
Este silencio avala la brutal agresión de un gobierno conservador, imponiéndose la prohibición a afiliarse libremente como establece la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de Julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y favorece a la actual administración seguir gestionando el movimiento sindical de forma constreñida. La presencia de algunos políticos en este tipo de manifestaciones me permite en estos momentos exigir que, en sede parlamentaria, provoquen y expresen la derogación de ese apartado de la ley referida, para poder trabajar y defender los derechos de los policías dependiendo de un modelo sindical distinto al actual. En la Agrupación Reformista de Policías tenemos la necesidad de no depender por más tiempo de que se tutele el sindicalismo de forma externa o voluntades políticas del Ministro del Interior.
La continua presencia de noticias en determinados medios de comunicación dando cuenta de manifestaciones por un sector sindical en la policía proclive a ello, en unión de un sindicato extra policial, requiere un profundo análisis del que no se suele hablar por los propios sindicatos a sus propios afiliados. Doy fe de que es una preocupante realidad.
A mi modo de ver como oficial de policía, en mi haber un número importante de trienios e infinidad de intervenciones a pie de calle, como componente de servicio de atención al ciudadano, antes 091, conocedor de aconteceres internos en la institución y las diferentes decisiones de los gobiernos y sus ministros, me permite manifestar que el sindicalismo en el Cuerpo de Policía Nacional, es una razón de existencia, sujeto a la voluntad de los gobiernos en este país, lo que significa, que seremos trabajadores exentos de derechos como el resto de funcionarios, si no se cambian los discursos.
El sindicalismo camina desde sus comienzos, en los años 80, tutelado y maniatado a unas normas y leyes que constriñen el derecho de los funcionarios, encorsetados en un estatus profesional que les impide alcanzar la “mayoría de edad sindical” en materia de derechos y libertades como el resto de los funcionarios, en definitiva, trabajadores de una clase media que van perdiendo capacidad de subsistir social y económicamente. No necesitamos otro Martín Villa, necesitamos capacidad real de negociación.
Debo recordar que, antes de la promulgación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, año 1986, se aprobó una subida salarial (no existían sindicatos, ni ningún otro medio de demandas jurídicas ) para evitar las necesidades reales de los policías: hambre y trabajo extra policial, en la mayoría de los funcionarios que procedían de la época no democrática. El Ministro de la Gobernación por aquel entonces, Rodolfo Martín Villa, obligado por las circunstancias que se avecinaban en este país, huelgas, manifestaciones obreras, detención de estudiantes etc. bajo una voluntad política perfectamente diseñada, subió el sueldo a aquellos funcionarios, la mayoría con unas estaturas exigibles y con una capacidad física superior a la media nacional, pasando a la historia de forma “gratuita” por esa imperiosa razón existente. Había que incentivar a un colectivo para enfrentarse y contener a la población civil, como así ocurrió.
Una vez legalizados los sindicatos, año 1984, desde entonces, los escasos acuerdos firmados hasta ahora, en Policía Nacional, no han servido para definir una política sindical que tuviera un fondo con perspectivas de mejorar la actividad sindical y promulgarse una nueva ley en materia de régimen de personal, acorde con el resto de las policías autonómicas y locales. No por ello podemos olvidar que en el año 2006, donde el Ministro Rubalcaba permitió a los sindicatos no excluir a ninguna categoría del CPN, ni segunda actividad sin destino, se firmó un documento más que aceptable. Posteriormente se entró en una dinámica que perdura en la actualidad, motivado por no tratar de alcanzar objetivos en los propios sindicatos, para dar un salto necesario como consiguieron policías locales y autonómicos, mesas sectoriales como empleados públicos con capacidad de negociar con gobiernos. Me refiero al último acuerdo de 2018. Las diferencias económicas con policías autonómicas y denuncias en los tribunales de forma individual o colectiva por el incumplimiento de la propia Dirección General de la Policía en infinidad de apartados: jornada laboral, conciliación, diferencias retributivas entre funcionarios en puesto no catalogados y especialidades, condenas en costas a la DGP en miles de procedimientos, etcétera, son una constante, al no respetarse en las plantillas policiales acuerdos firmados de ámbito nacional.
Asistimos, por tanto, a un fraude continuado como pretendo hacer valer desde mi percepción como coordinador general de un sindicato distinto, que trata sin ningún tipo de ayuda externa, dar visibilidad a estas situaciones que desconocen las nuevas generaciones de opositores que son “engullidos” por el sistema inmovilista de los propios sindicatos. Las interpretaciones que se fallan a favor de los demandantes, normalmente policías básicos, en tribunales superiores de justicia o supremo, no conllevan cese o remoción o sanción disciplinaria a mandos a quienes no les preocupan ni los sindicatos ni están por labor de modernizar el CPN, mejorando y diseñando otro concepto de institución.
El paraguas que les ofrece la institución a sus autores les hace perpetuarse en una clase que proviene del antiguo Cuerpo Superior de Policía. De hecho, deben saber los lectores, que se votan en las elecciones internas al Consejo de Policía de forma exclusiva entre miembros de una sola escala, propio de un clasismo rancio. Hablo siempre en un término sindical para que no se ofenda ningún compañero de la escala ejecutiva, quienes en la mayoría de comisarías de las capitales de provincia, codo con codo, trabajan con total profesionalidad y compañerismo con el resto de los funcionarios.
En ese panorama hostil y real desde los años 90 los sindicatos navegan desde “pateras” por la falta de herramientas de utilidad reconocidas en la ley de Régimen de Personal desde el año 2015, tratando, como es el caso de ARP, de llegar a una audiencia para prosperar y alcanzar un sistema de representación semejante al resto de funcionarios del estado y competir o participar con el sindicalismo de clase en otro marco distinto.
Ahora se abre un debate sobre la calificación de los funcionarios de la Escala Básica, oficiales y policías, como es mi caso, después de 27 años de espera, retrasos, y desinterés por los ministros y los gobiernos para reclasificarnos al Grupo B del funcionariado español. Un debate que no se impulsa debidamente desde las propias organizaciones sindicales policiales.
En estos momentos existen 50.000 funcionarios de la Escala Básica, entre ellos oficiales de Policías, a quienes se les invita a formalizar unas equivalencias, de Técnico Superior y a través del portal web del Ministerio del de Educación y Formación, que datan reconocidas desde el año 2007. Serán muchos los próximos jubilados del CPN, hombres y mujeres que no verán reconocido el tan reivindicado Grupo B, que hubiese permitido desde su aplicación una ayuda necesaria para pagar entre otras razones la hipoteca que la mayoría de los ciudadanos tenemos, para poder subsistir decentemente en una vivienda digna.
En esa voluntad política inexistente en el Ministerio del Interior de llevar a cabo reformas en el Cuerpo de Policía Nacional nos tiene que llevar a una seria respuesta pública, o al menos pretendo que así sea y se tome conciencia entre los trabajadores del CPN.
Termino esta necesaria opinión pública solicitando del Ministerio del Interior que sepan arbitrar en estos momentos y sin más dilación medidas, cursos, créditos o cualquier otro concepto que pueda resolver un serio y preocupante problema existente en la Escala Básica de la Policía Nacional, que debe ser atendido con VOLUNTAD POLÍTICA.
