El joven senegalés se convirtió en símbolo de la emergencia humanitaria que se vivió en Ceuta en mayo de 2021, tras su abrazo a una voluntaria de Cruz Roja. Las imágenes, de las que se hicieron eco muchos medios, han servido de prueba a la ONG para llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humano (TEDH) el caso de Abdou, ya que muestran cómo fue devuelto sin que se le diera la posibilidad de acceder al procedimiento de protección internacional
El Alto Tribunal ha confirmado recientemente por escrito a CEAR que el expediente será sometido a examen, tras revisar la demanda que iba acompañada con imágenes que recogen el retorno forzoso del joven desde Ceuta al lado marroquí, realizado a plena luz del día y frente a la prensa nacional e internacional.
“Se puede comprobar que la devolución de Abdou se hizo en ausencia de procedimiento, sin identificación, sin asistencia letrada, sin intérprete y sin acceso a tutela judicial”, señala Estrella Galán, directora general de CEAR.
Esta falta de procedimiento individualizado vulnera el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en lo que se refiere a la prohibición de toda expulsión colectiva. También el artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva.
“Las devoluciones inmediatas en Ceuta, el 18 de mayo de 2021, se realizaron sin análisis individualizado de la situación de cada uno. Tampoco hubo resolución de expulsión que pudiera garantizar el acceso a un recurso efectivo y el caso de Abdou es la prueba fehaciente”, recalca Paloma Favieres, coordinadora Jurídica de CEAR.
El Gobierno ha tratado de justificar que este tipo de devoluciones sumarias se hacen en el marco de los “rechazos en frontera”, que se pretendieron legalizar a través de una disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2014. Pero el Tribunal Constitucional recordó en una sentencia que estas expulsiones deben hacerse con plenas garantías y respeto a los derechos humanos.
CEAR recuerda que este tipo de devoluciones ilegales continúan en las fronteras españolas, como se ha podido comprobar recientemente en los trágicos sucesos de Melilla el pasado 24 de junio, en los que perdieron la vida al menos 37 personas tras un intento de salto a la valla. Por eso, la organización considera que es fundamental seguir llevando estos casos ante los tribunales internacionales, con el objetivo de que las devoluciones ilegales desaparezcan de las fronteras europeas y se garantice el acceso al derecho humano a solicitar asilo.