El Tribunal Constitucional ha avalado por una ajustada mayoría de seis votos frente a cuatro la constitucionalidad de la Ley de Amnistía promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el contexto del acuerdo con Junts per Catalunya.
Esta norma, clave para la investidura del actual presidente, permite dejar sin efecto penal a los implicados en el proceso independentista catalán conocido como procés.
La resolución del alto tribunal despeja el camino para la aplicación de la medida, pese a la fuerte polémica política y jurídica que ha generado desde su planteamiento. La decisión ha contado con el respaldo de los magistrados de la mayoría progresista, mientras que los cuatro jueces del sector conservador han emitido votos particulares en contra, cuestionando la adecuación de la ley a la Constitución.
La ley fue una de las condiciones exigidas por Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, para apoyar la investidura de Sánchez tras las elecciones generales de 2023. Con sus siete votos, el PSOE logró la mayoría necesaria en el Congreso para formar gobierno.
El fallo del Constitucional representa un espaldarazo institucional a una de las decisiones más controvertidas de la legislatura y refuerza la posición del Ejecutivo en su apuesta por la reconciliación con el independentismo catalán. No obstante, se espera que la sentencia alimente aún más el debate político y social sobre los límites de la legalidad en la negociación parlamentaria.
