El Gobierno, a través de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, ha planteado una reducción progresiva de la jornada laboral, pasando de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas en 2025. Promesa electoral de SUMAR en las pasadas elecciones de julio de 2023 para reducir la jornada de trabajo en 2024. Esta medida comenzará con una reducción a 38,5 horas durante 2024, aunque la propuesta aún está en fase de negociación con las partes muy distanciadas hasta el momento.
Las negociaciones entre el Gobierno y la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) para reducir la jornada laboral han puesto en guardia a los socios de Pedro Sánchez. Moncloa ha pedido a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que no se apresure a cerrar un pacto con los agentes sociales, con el objetivo de sumar a la CEOE, lo que podría acercar al PNV (Partido Nacionalista Vasco), pero también amenaza con alejar a los partidos situados a la izquierda del PSOE.
El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a reducir progresivamente la duración de la jornada laboral en dos años, hasta 2025. Se ha establecido una mesa de diálogo social para evaluar su impacto y considerar las circunstancias económicas de distintos sectores. El calendario propuesto es el siguiente: reducción a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025.
La Confederación Empresarial de Ceuta (CECE) y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) han querido valorar a este medio lo que supondría la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas a la semana.
Arantxa Campos, presidenta de la CECE en Ceuta, opina que “desde el punto de vista de las empresas en Ceuta, principalmente micro pymes dedicadas al sector servicios, esta reducción de jornada podría ser problemática. Un gran porcentaje de los trabajadores de la ciudad se encuentra en el sector comercio, donde los empresarios organizan la apertura de sus tiendas en función de un número específico de empleados. Si se reduce la jornada laboral, tendrían que contratar a más personal o cerrar antes, lo que afectaría negativamente su operación. En sectores específicos, esta medida no sería beneficiosa, más bien sería un quebradero de cabeza y un perjuicio económico”.
Por otro lado, la líder empresarial ceutí constata que “hay sectores que pueden permitirse una reducción de jornada a través de la negociación colectiva. Empresarios y sindicatos se reúnen y deciden que en ciertos sectores no es necesaria una actividad física continua o una apertura prolongada. En estos casos, reducir la jornada puede ser beneficioso. De hecho, muchos convenios colectivos ya no tienen la jornada laboral de 40 horas.
Por eso, creemos que esta decisión debe dejarse a la negociación colectiva y no debe ser una imposición del gobierno”.
Para el secretario general de CCOO en Ceuta, Emilio Postigo, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas para 2025 es positiva. Postigo señala que “la reducción de la jornada laboral, al igual que los salarios, es un tema que se ha tratado en las propuestas de los agentes sociales, tanto con el salario mínimo interprofesional como con la subida de salarios. La negociación colectiva debe mejorar los salarios y, en este caso, al reducir las horas de trabajo, hemos entendido que, además de ser bueno para el trabajador, también animaría a la propia economía”.
Sobre los beneficios de las propuestas sindicales, Postigo piensa “que todo el mundo debe poner de su parte. Los empresarios protestan, igual que protestaron en otras ocasiones con otras propuestas del sindicato, pero se ha visto claramente que todo ha sido beneficioso. Hoy en día hemos batido el récord en empleo, somos uno de los países punteros en Europa en economía, y esta propuesta, que está bien analizada y no se ha hecho de cualquier manera, también sería importante y provechosa tanto para el país como para los trabajadores”.
En relación a la actitud de los empresarios y la necesidad de propuestas constructivas, el líder sindical ceutí es tajante: “El gobierno y la ministra han dicho a los empresarios, en varias ocasiones, que están esperando propuestas de ellos y que se puede negociar hasta el último momento, hasta diciembre. Por lo tanto, los empresarios, en vez de estar todo el día protestando o viendo mal lo que proponemos los agentes sociales, deberían sentarse y proponer cómo podrían mitigar, según ellos, los perjuicios. Pero para eso hay que hacer propuestas y sentarse a negociar, no negarse y empezar a insultar o decir cosas que están fuera de tono”.
La inevitabilidad, vía proposición no de Ley, que planteará el gobierno para ver reducida la jornada laboral, «está clara. Yo creo que el gobierno y, hasta ahora, todas las propuestas que se han hecho en cuestiones de empleo han dado buenos resultados. Además, no se está pidiendo algo inédito en este país, es algo que se está llevando a cabo en otros países y no creo que estén en la ruina».
El Gobierno está trabajando para cerrar un pacto sobre la reducción de la jornada laboral (de 40 a 38,5 horas en 2024 y hasta 37,5 horas a partir de 2025, manteniendo el mismo salario) que ponga de acuerdo a los sindicatos y a la patronal. Este sería el escenario ideal para la medida estrella de Yolanda Díaz después de la reforma laboral de la legislatura pasada. Sin embargo, la experiencia de aquella negociación, que contó con el apoyo de los agentes sociales incluida la patronal, motivó el respaldo de fuerzas conservadoras en el Congreso como el PNV, PDeCAT y Ciudadanos, pero expulsó de la ecuación a EH Bildu y ERC, que abogaban por una reforma más profunda.
La patronal está dispuesta a plantar guerra y se suma a la controvertida situación de polarización política en la que está enquistada la sociedad española, que quieren llevar a la agenda ideológica, con el apoyo de los partidos de la derecha y ultraderecha. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva, criticó este martes en el Fórum Europa una reducción de la jornada laboral que se haga de manera “generalizada y electoralista” y dijo que le gustaría que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, “recorriera España y les dijera a las empresas que igual la opción es que cierren”.
El representante de la CEPYME, una de las más importantes dentro de la patronal, en un discurso poco propositivo y con tinte ideológico, arremetió duramente contra el Gobierno y contra las «tesis comunistas» que, a su juicio, se quieren imponer desde el Ejecutivo. Ha hablado también de «intervencionismo» y «asalto a la representatividad empresarial».
Una postura calificada por algunos representantes sindicales como “reaccionaria” que no acerca a la negociación y que pronunció en el plenario del foro empresarial ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que subió al escenario a decirles que “están destruyendo a la mediana y pequeña empresa» con el goteo de impuestos, la subida de costes laborales o la cascada normativa. «Se olvida que la pyme es la más libre, la menos politizada, la más próxima a la vida cotidiana y la más personal: cada miembro es muy difícil de sustituir. Toda pyme es familiar, no se sustituye una persona por un salario», ha añadido.
La presidenta dijo: «Necesitáis apoyo, menos trabas jurídicas. Si se interviene todo, nadie va a querer invertir en España, se expulsa al pequeño y mediano inversor que es el más libre», ha explicado. Díaz Ayuso ha añadido que «la dignidad empresarial no se ha perdido ni la debéis perder» y ha ofrecido a las empresas el apoyo de la Comunidad que preside.
Para los sindicatos este es “el discurso demagógico al que acostumbra de manera hiperbólica la mandataria madrileña, porque el colectivo paga un 18,29 % de tipo medio efectivo por los rendimientos de sus actividades económicas, los empresarios autónomos de Madrid abonan el tipo medio más alto del país, un 23,13 %, casi duplicando el 13,5 % por el que tributan los de Castilla-La Mancha, con la tasa más baja de España”. Aunque la Comunidad de Madrid es conocida por contar con algunos de los tipos de gravamen más bajos del país en impuestos como el IRPF, la diferencia radica principalmente en la disparidad de actividades profesionales que se realizan en cada región.
En medio de las negociaciones lideradas por el Ministerio de Trabajo y después de que Yolanda Díaz ampliara el plazo de las conversaciones para acordar con la CEOE y CEPYME, los aliados parlamentarios del Gobierno se muestran cautelosos ante la posibilidad de que la CEOE confirme su aprobación. El líder de la patronal española, Antonio Garamendi, apuesta por «normalizar» la negociación sobre la reducción de la jornada laboral que el Gobierno central quiere implementar. Desde la CEOE, se ha defendido la «libertad» de los sectores empresariales afectados para decidir si adoptan esta medida en sus empresas o no.
En el arco parlamentario, fuentes de ERC, socios del Gobierno, no ocultan sus reticencias, ya que consideran que la participación de la patronal podría comprometer el alcance de la medida. Los siete diputados de ERC podrían desmarcarse de otra gran iniciativa en materia de derechos laborales, como ya hicieron en 2022, y es probable que EH Bildu y Podemos también se sumen a un eventual rechazo.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado que “existe margen” para llegar a un acuerdo con la patronal sobre la reducción de la jornada laboral, reconociendo que hay sectores que se verán más afectados, especialmente las pymes, que tienen menos capacidad de ajustar personal y horas. Para contrarrestar estos desafíos, se ha propuesto flexibilizar los plazos de aplicación o aumentar las “bolsas de horas” en algunos sectores.
Desde el equipo de Yolanda Díaz insisten en la importancia de un acuerdo a tres, pero advierten que no aceptarán estrategias dilatorias por parte de los empresarios. La vicepresidenta segunda ha dejado claro que la reducción de la jornada laboral no puede comprometerse a cambio de aumentar las horas extra.
Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la reducción beneficiará a más de doce millones de empleados que actualmente trabajan 40 horas a la semana, lo que se traduciría en un recorte de 150 horas al año. En el sector privado, ya hay un 17 % de trabajadores que disfrutan de jornadas de 37,5 horas semanales. El objetivo es aumentar ese porcentaje y igualar la situación general. Permitiría una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, mejorando la salud física y mental de los trabajadores. Además, puede aumentar la productividad al reducir la fatiga y el estrés, resultando en empleados más motivados y comprometidos. También existe la posibilidad de mantener o mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores si los salarios se ajustan adecuadamente para compensar la reducción de horas.
Para quienes trabajan a media jornada, se contemplan dos posibles escenarios: podrían ver un aumento salarial por trabajar el mismo número de horas, o bien, se les reduciría la jornada en proporción, manteniendo su salario actual. Estos detalles se conocerán una vez implementada la nueva medida, que es bien recibida por la mayoría de los trabajadores.
Sin embargo, esta medida también puede producir efectos variados dependiendo del sector, y tendrá diferentes repercusiones tanto para las empresas como para los empleados. La posición de las organizaciones empresariales es que “un desafío significativo es el aumento de los costes empresariales. La reducción de la jornada laboral a 38,5 horas inicialmente y luego a 37,5 horas, sin reducir los salarios, incrementa los costes laborales. Si la productividad no aumenta proporcionalmente, las empresas producirán menos bienes o servicios por el mismo coste, afectando su rentabilidad. Sectores como la hostelería y el comercio, que no pueden reducir sus horas de apertura, tendrán que pagar más horas extras para mantener el mismo horario operativo, lo que incrementará sus costes” afirman.
El Ministerio de Trabajo dio un ultimátum a la patronal hace unas semanas para que presentara una alternativa a la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, indicando que la negociación podría alargarse si la patronal cambia su posición. Esto podría retrasar la entrada en vigor de la norma más allá del 1 de enero de 2025.
Las medidas previstas incluyen un calendario para reducir la jornada semanal a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Los empresarios han pedido retrasar la efectividad de la medida hasta 2026 y exigen incentivos que compensen la pérdida de horas laborales.
Además, la implementación de un nuevo registro de jornada digital y accesible es otra propuesta del Ministerio de Trabajo. Este registro deberá ser conservado por las empresas durante cuatro años y ser accesible para cada trabajador, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la normativa.
Para BBVA Research, la agencia de estudios y análisis económico del Grupo BBVA, en un estudio publicado hace dos días, valora positivamente la reducción de la jornada laboral en España, siempre y cuando se implemente de manera que garantice los resultados deseados. La negociación colectiva se presenta como la herramienta más eficaz para adaptar las necesidades de empresas y trabajadores a las distintas realidades empresariales y sectoriales de forma eficiente y flexible.
En el estudio de BBVA Research se estima que el impacto de esta medida, mediante la reducción del exceso de horas actualmente existente sobre la jornada de 37,5 horas semanales, implicaría un aumento de los costes laborales unitarios del 1,5 % y restaría en torno a siete décimas al crecimiento medio anual del PIB durante dos años y ocho décimas al del empleo.
El informe insta a sindicatos, organizaciones empresariales y al Gobierno, por iniciativa de este, a llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima un 6,25 %, de 40 horas semanales a 37,5 en un plazo de dos años. Desde una perspectiva económica, la reducción de la jornada laboral es una de las consecuencias de los aumentos de la productividad. Durante los últimos dos siglos, conforme las economías se han ido haciendo más productivas, el número de horas trabajadas por empleado ha disminuido tendencialmente.
Las ganancias permanentes de productividad por ocupado, que suponen un choque de oferta positivo, permiten que trabajadores y empresas puedan negociar la distribución de estas mejoras entre aumentos de los salarios o reducciones del tiempo de trabajo, sin que se produzca un repunte del desempleo. Por el contrario, cuando el recorte de la jornada laboral viene causado por un cambio regulatorio como el que se plantea en España, sin una mejora previa de la productividad o una reducción proporcional de los salarios, se produce un incremento del coste laboral, es decir, un choque de oferta negativo.
