La modernización de más de 200 tanques Leopard del Ejército español ha desencadenado una batalla empresarial que trasciende lo tecnológico y entra de lleno en el terreno político e industrial.
El contrato, valorado en varios cientos de millones de euros, enfrenta a dos gigantes con intereses estratégicos opuestos: la semipública Indra y la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS).
Ambas compañías se juegan mucho más que un simple acuerdo de defensa. Para Indra, controlada parcialmente por el Estado a través de la SEPI, lograr el liderazgo del programa supondría consolidarse como el eje vertebrador de la industria militar nacional. Para GDELS, que fabrica los tanques Leopard en su planta de Santa Bárbara Sistemas (Sevilla), perder el contrato significaría un duro golpe a su influencia en el sector y pondría en entredicho su futuro peso en el ecosistema militar español.
El Ministerio de Defensa aún no ha tomado una decisión definitiva, pero las presiones cruzadas entre intereses industriales, alianzas internacionales y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica nacional auguran una pugna sin cuartel. El resultado del proceso podría marcar un punto de inflexión en el modelo de gestión y control del sector armamentístico en España.
