Atender a estos animales, los gatos, de forma profesional o altruista no está tan bien visto como parece, el hecho de no conceder a estos seres vivos el respeto que merecen, parece relegar también a un lugar secundario a las personas que deciden dedicarles sus cuidados. Y me pregunto por qué las personas que se desviven por ellos no cuentan con el reconocimiento, ya que realizan una labor filantrópica.
Intentaré dar protagonismo a una figura muy importante para estos seres y esos son los voluntarios, los cuales saben muchísimo sobre la barreras que levantan algunos vecinos y ciudadanos que no entienden que los gatos de las múltiples colonias felinas deben ser alimentados. Reciben insultos, amenazas e incluso agresiones y son tildados como “los locos de los gatos”.
Algunos de estos héroes sin capa, deciden salir a hurtadillas en mitad de la noche a alimentar a estos peludos, los cuales han estado esperando impacientes este momento. Todos los gatos se agolpan para comer mientras su ángel intenta abrirse paso intentando no pisar a ninguno. Es una tarea difícil pero muy satisfactoria porque sus caras lo dicen todo. Sus ronroneos demuestran su enorme gratitud. Todo esto ocurre en la oscuridad de la noche porque de día es una misión imposible. Se convierte en una carrera de obstáculos cada día por culpa de una sociedad intolerante que por ignorancia o por maldad está en contra de estas personas que ofrecen su tiempo a cuidar y proteger a los gatos. Estas personas que atacan sin medida a estos voluntarios no entienden ni tienen el más mínimo interés en conocer los beneficios que representan las colonias ferales en nuestras poblaciones y por si esto no fuera poco, tampoco conocen que el responsable de estos animales de la calle es el propio ayuntamiento, que según la ley, es quien debe de encargarse de estos felinos ferales.
Otro problema y no pequeño, es el de los veterinarios de algunos consistorios que no se implican con su trabajo sin tener empatía alguna hacia estos gatos ferales y que solo saben tirar balones fuera y no atender las demandas reales de los voluntarios que son en realidad, los que conocen de primera mano las necesidades y las penurias por las que pasan estos felinos, abandonados por la administración. Las tareas que llevan estos voluntarios es vocacional, donde las medallas que se llevan, están en su corazón, su mayor premio se reduce al encontrarles adopciones y familias que les den mucho amor. Sacarlos de la calle es su meta, su objetivo para evitarles la muerte. En nuestro país queda mucho por hacer por estos felinos, no basta solo con la Ley de Bienestar Animal, porque de nada sirve si las administraciones la incumplen sistemáticamente. Muchas demuestran desidia y dejadez sobre todo las que no se preocuparon de presentar una solicitud para pedir una subvención relacionada con el programa CER, ayudas de ámbito estatal de la Agenda 2030. Una de estas administraciones es la de Ceuta que no aparece por ningún lado. Una ayuda de dos millones de euros a repartir en las administraciones locales a la que Ceuta hace ascos, demostrando que los gatos no son de su interés. Esto ocurre porque la misma persona es la que mueve los hilos en todas partes y lo que no le interesa, simplemente para él no existe y todos esos que tiene en su equipo aplaudiendo todas y cada una de sus erradas decisiones están hechos de la misma calaña. Gañanes todos.
Un dato importante es que hay varias sentencias condenatorias a ayuntamientos, condenados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo entre los que se encuentran el Ayuntamiento de Brenes, en Sevilla. El Consistorio fue condenado al abono de facturas a una protectora que se hizo cargo de siete gatos atropellados, heridos, enfermos y abandonados; el Consistorio fue condenado a pagar 2.426 euros por carecer del servicio municipal de recogida de animales. El Ayuntamiento de Garachico, de Santa Cruz de Tenerife fue condenado a pagar a un particular gastos de veterinario que asumió por salvar la vida de un gato cachorrito que se encontró en estado crítico en la calle, debiendo pagar un total de 770 euros más costas. Los ayuntamientos deben tener servicio municipal 24 horas al día los 365 días al año y no pueden, ni deben trasladar a particulares ni a protectoras de animales, su responsabilidad patrimonial en materia de protección animal.