UGT Ceuta formuló demanda contra Eulen Seguridad S.A. por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical de uno de sus trabajadores que además es miembro de la Sección sindical de UGT y miembro del comité de empresa de dicha entidad desde el año 2019
El trabajador en cuestión fue suspendido de empleo y trasladado de su puesto de trabajo en octubre de 2021 por no prestar servicios con la mascarilla de protección facilitada por la empresa. «Mascarillas que no estaban siendo facilitadas a los trabajadores por lo que dicho empleado trasladó sus quejas a RRHH y al coordinador del servicio, en su condición de representante legal de los trabajadores», detalla el sindicato.
En la sentencia se recoge que «es la empresa la que debe acreditar que el traslado de puesto de trabajo no se produjo como represalia por las quejas realizadas por el representante de UGT».
Además, la jueza considera que «la fecha en que se producen los hechos es clave pues el incidente ocurrió un día después de que el trabajador trasladara a la empresa su descontento por la no entrega de mascarillas».
En la sentencia «llama la atención de la jueza las declaraciones del coordinador del servicio otra cosa es que no haya querido recogerlo porque utilice sus propias mascarillas, que a eso no podemos obligar a nadie a que utilice las nuestras». Esto es, la empresa no obliga a que «utilice las mascarillas adquiridas de forma independiente por los trabajadores y no las suministradas por la empresa, pero por ese mismo motivo se procede a suspender al actor de empleo».
FeSMC UGT Ceuta, quiere una vez más destacar la labor de su gabinete jurídico, que ha sido «clave» para atender y encauzar este caso de vulneración de derecho fundamental de libertad sindical que «ha acabado con la condena a Eulen Seguridad S.A. por su inadmisible forma de proceder».
Desde el sindicato lamentan que «son muchos los trabajadores que no denuncian por temor a exponerse a represalias por parte de las empresas, por lo que es conveniente recordar que nuestros servicios jurídicos desarrollan una asistencia jurídica especializada encaminada a promocionar, proteger y defender, judicial y extrajudicialmente, los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras, y de los representantes sindicales en el ejercicio de sus funciones».