La redacción de una Hoja de Ruta con 30 medidas para prevenir y erradicar la violencia vicaria y violencia de género institucional en el país es una de las principales conclusiones del I Encuentro Estatal de Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, celebrado en Mérida los días 20 y 21 de mayo
Entre las medidas más destacadas se recoge la creación de una comisión independiente formada por personas expertas en la materia para analizar la dimensión y el impacto de dos de las manifestaciones más crueles de la violencia vicaria y de la violencia de género institucional, que están íntimamente relacionadas y se necesitan la una a la otra para poder existir, como apuntaron varias de las expertas participantes en el Encuentro; en especial, la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental por parte de operadores públicos (y colaboradores privados) de distintos ámbitos de actuación, como la judicatura, los equipos forenses o los servicios sociales.
“La violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten», afirmó Sonia Vaccaro, psicóloga clínica experta en violencia de género encargada de la ponencia marco. Para las expertas reunidas en Mérida, el principal problema no radica en la falta o en la inadecuación de las normas vigentes, sino en el hecho de su aplicación: los cambios legislativos tardan mucho en aplicarse o directamente no son aplicados. Para Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que asistió al Encuentro por vía telemática, «el problema no es de instrumentos legales, sino de aplicación, o mejor dicho de inaplicación de la ley. Con los mismos mimbres es muy difícil hacer diferentes cestos», puntualizó.
También se ha propuesto crear un registro unificado sobre casos de maltrato y violencia sexual intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, y diseñar un plan de formación especializada y obligatoria en violencia de género que contemple un seguimiento de la aplicación por parte de las personas que reciban las diferentes formaciones.
Las víctimas y las plataformas de apoyo han solicitado de forma reiterada la creación de una comisión de investigación en España, al más alto nivel del Estado, que esté integrada por profesionales y expertas y expertos independientes en la materia.
Una comisión de investigación
Numerosas peticiones de víctimas que tuvieron un amplio protagonismo en el Encuentro hicieron alusión a las medidas tomadas en Francia, como la creación de la Comisión Independiente sobre Incesto y Abuso Sexual Infantil (CIIVISE).
El propio presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, lo convirtió en un asunto de Estado, publicando un video en Twitter en el que aseguraba a las víctimas que “jamás volverán a estar solas”. Este hecho ocurría tan sólo una semana después del lanzamiento de #MeTooInceste, una iniciativa que provocó que miles de personas hablaran por primera vez en Francia de los abusos sexuales que sufrieron siendo menores en el seno familiar.
Esta comisión es fundamental para conocer la verdadera dimensión del problema en España, según las expertas. La falta de datos reales sobre los procedimientos de guardia y custodia que terminan en arrancamientos de las criaturas de las madres y el análisis de los casos en los que se aplica el SAP en informes psicosociales y en procedimientos judiciales es una de las necesidades a las que hay que dar respuesta urgente y que las víctimas reclaman desde hace tiempo y de manera urgente.
“Sólo con datos fiables y contando con un diagnóstico veraz se podrán diseñar las estrategias adecuadas para acabar con estas violencias y hacer justicia para las víctimas”, señala Ana María González Lupión, una de las organizadoras del Encuentro e integrante de la Asociación Mujeres Libres Mujeres en Paz.
Al tratarse un problema estructural de ámbito mundial, la mirada internacional no sólo está puesta en Francia. Desde Italia, llegó un video donde una madre víctima, una senadora y una diputada, en el que compartieron su testimonio y preocupación sobre la violencia vicaria y violencia institucional en su país y que la organización ha dispuesto en su canal de YouTube.
Además de las más de 250 personas que acudieron presencialmente a Mérida, más de mil personas lo siguieron por streaming y cientos de personas participaron activamente en sus redes sociales, con aportaciones a las diferentes intervenciones, interpelaciones y preguntas. Destaca la masiva recepción en diferido de relatos y denuncias centradas en sus propias historias de abuso y violencia sexual, violencia vicaria, violencia institucional o violencia de género, además de experiencias de mala diligencia y praxis profesional, que señalan lugares, instituciones y comunidades autónomas de forma específica. Aportaciones que revelan la gravedad, sistematización y magnitud de la violencia vicaria e institucional en nuestro país, y el profundo daño social, con secuelas crónicas en madres y menores.
Destacaron las numerosas críticas a los puntos de encuentro familiar (PEF), como centros que perpetúan la violencia institucional contra las madres y menores, críticas a la desinformación y manipulación de algunos medios de comunicación, y críticas al sistema judicial y a la criminalización institucional de las madres protectoras, tratadas como delincuentes.
Finalmente, se puso de manifiesto el agradecimiento al Encuentro como un lugar de protección y reparación para madres y profesionales, y punto de inflexión para que los casos sean escuchados y reclamar procesos judiciales con garantías.
Una de las más relevantes instituciones presentes fue la representada por la Relatora Especial de sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Reem Alsalem, que en los últimos meses ha enviado diversas comunicaciones al Estado español sobre el tema de la aplicación del SAP en los juzgados de nuestro país y que manifestó su preocupación por el hecho de que la justicia de nuestro país “desprotege a los menores y culpabiliza a las madres” y sobre la existencia de un “patrón estructural” en el sistema de Justicia.
La finalidad del Encuentro no ha sido sólo la de hacer un balance de la situación en España de la violencia vicaria (aquella en la que los maltratadores utilizan a los hijos e hijas para seguir ejerciendo violencia sobre sus parejas) y la institucional (aquella que por acción y omisión realiza el Estado), sino la de generar, tras un diálogo entre todas las partes afectadas, una Hoja de Ruta que reciba el consenso y respaldo de la mayoría de las instituciones, entidades y sectores implicados, marcando así las líneas prioritarias que hagan posible una auténtica justicia para las víctimas.
En la cita participaron un amplio panel de expertas, representantes de instituciones estatales y europeas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las madres y sus criaturas víctimas y un amplio número de ‘madres protectoras’ venidas desde todas partes del territorio español.
La Hoja de Ruta se completa con una declaración formal, en la que, partiendo del consenso generalizado entre las y los participantes del Encuentro sobre la existencia en nuestro país de una grave vulneración de los derechos humanos de muchas mujeres y sus criaturas, se formula el compromiso de sumar esfuerzos y hacer una acción coordinada y sostenida en el tiempo. El objetivo es que la propuesta abierta de la Hoja de Ruta se dirija a todas aquellas entidades y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, con capacidad para generar los cambios necesarios que garanticen la prevención, protección y reparación integral a las madres y sus hijos e hijas, con perspectiva de género y de infancia.
“Nos mueve nuestro profundo compromiso con los derechos humanos y no pararemos hasta que las niñas y niños puedan ejercer su derecho a volver a casa”, fue la proclamación con la que cerró el encuentro.
