Diversos expertos en derecho y finanzas públicas han expresado serias dudas sobre la legalidad del reciente incremento en el gasto del Ministerio de Defensa, realizado sin la aprobación previa de una ley específica. Según la legislación vigente, el uso de remanentes de crédito y el traspaso de fondos entre partidas presupuestarias están sujetos a limitaciones estrictas, lo que podría poner en entredicho la maniobra del Ejecutivo.
El aumento del presupuesto destinado a Defensa se habría efectuado mediante mecanismos excepcionales, sin pasar por el debate parlamentario correspondiente, lo que ha generado críticas tanto desde la oposición política como entre juristas especializados en derecho administrativo.
“Este tipo de movimientos presupuestarios requiere una cobertura legal clara. No se puede simplemente reconfigurar partidas sin un instrumento normativo que lo respalde”, afirmó un catedrático de Derecho Financiero consultado por este medio.
La ley orgánica que regula la estabilidad presupuestaria establece que cualquier modificación sustancial en los gastos del Estado debe contar con una justificación legal, especialmente si se recurre a créditos extraordinarios o suplementos de crédito. En este caso, los expertos apuntan que ni siquiera se ha publicado un decreto que explique con claridad el origen de los fondos ni el destino detallado del aumento.
Desde el Ministerio de Hacienda no se ha ofrecido aún una explicación detallada, aunque fuentes gubernamentales insisten en que la medida responde a “necesidades estratégicas y urgentes en materia de seguridad y defensa nacional”.
Por su parte, varias organizaciones civiles han pedido transparencia y han exigido que el Tribunal de Cuentas investigue el procedimiento seguido para autorizar este gasto adicional.
La polémica reabre el debate sobre los controles democráticos en la ejecución del presupuesto público y la necesidad de reforzar la fiscalización de las partidas extraordinarias, especialmente en sectores sensibles como el de Defensa.
