El informe PISA 2022 revela graves deficiencias en el sistema educativo español, CSIF exige reformas urgentes para mejorar la calidad y equidad en la enseñanza en todas las comunidades autónomas
Los datos revelados hoy por la segunda parte del informe PISA 2022 confirman los persistentes déficits estructurales del sistema educativo español, denunciados nuevamente por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Tras el primer volumen del estudio publicado en diciembre de 2023, CSIF alertó sobre el bajo nivel del alumnado, alto índice de fracaso escolar y marcadas disparidades entre comunidades autónomas.
La segunda parte del estudio, centrada en el pensamiento creativo, sitúa a España cerca de la media de la OCDE en términos generales. Sin embargo, destacan las grandes diferencias regionales: ocho comunidades autónomas, incluyendo Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias, superan significativamente la media, mientras que otras once están por debajo del promedio internacional.
Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el Ministerio de Educación y FP, presentan los niveles más bajos de la OCDE, solo por encima de Bulgaria, Chipre y Colombia. Estas cifras alarmantes subrayan la necesidad urgente de intervenir en ambos territorios para evitar un futuro fracaso educativo, con más del 40 por ciento del alumnado en rangos inferiores.
Ante este panorama crítico, CSIF ha reiterado su llamado a una reforma estructural del sistema educativo español. La organización sindical demanda mejoras en las condiciones laborales y retributivas del profesorado, así como la implementación de un Estatuto que dignifique la labor docente, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación.
Para visibilizar estas exigencias, CSIF convocará una concentración el próximo jueves, 20 de junio a las 12:00 horas, frente al Ministerio de Educación, FP y Deportes en Madrid. El objetivo es instar al Gobierno a liderar la mejora educativa, acabar con las disparidades entre regiones y fortalecer la profesión docente.
Entre las reformas exigidas se incluyen un pacto educativo estable, aumento de la inversión educativa hasta alcanzar el 7 por ciento del PIB, mejora de las condiciones laborales y reducción de ratios en las aulas, así como la modernización de los sistemas de acceso a la profesión docente y del concurso general de traslados.
CSIF ha subrayado la necesidad de que la normativa educativa se base en criterios profesionales y pedagógicos, con la implementación de una prueba única de acceso a la universidad. Estas medidas, según el sindicato, son fundamentales para mejorar la calidad educativa y garantizar una verdadera igualdad de oportunidades en todo el país.