El secretario general del PSOE de Ceuta ha apuntado que, si bien el Gobierno de la Nación no ha negado realizar este pago, ahora hay otras prioridades, en materia sanitaria, económica y social. Ha culpado a la Ciudad de «no haber hecho los deberes» cuando tenía que haber tramitado este convenio
El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha reconocido que no ve factible el pago de los 7,2 millones que la Ciudad recibe por el hecho fronterizo y la desalinización del agua por parte del Estado ya que, en estos momentos, existen otras prioridades para el Gobierno de la Nación, «las acciones encaminadas a la protección ciudadana en materia de sanidad». Hernández ha explicado que esta partida tiene «naturaleza de subvenciones nominativas y hay que acudir a un procedimiento adecuado para ejecutarlas en el ejercicio». El Gobierno, añade Hernández, «no ha dicho no a ese pago, pero la concreción de esas partidas presupuestarias se acordará en procedimientos que se recogerán en los próximos presupuestos«.
Hernández ha achacado este impago a la «falta dinamismo y eficacia en la gestión del Partido Popular» al no «haber hecho los deberes a tiempo en 2019» y que la demora en el traslado del trámite administrativo para este convenio, ha sido el causante de que ahora la Ciudad no disponga de los tan nombrados 7,2 millones de euros. «Y ahora con esta situación la prioridad de la Nación es atender las medidas de carácter sanitario, económico y social«.
Por otra parte, el socialista ha acusado a Vivas de «aprovechar la pandemia para extorsionar al Gobierno» y de «buscar argumentos para hacer ver que el Gobierno de España no actúa bien y lo dejan en la estacada». Para Hernández, las «falsedades y mentiras» son su «mejor baza, cualquier cosa vale para ellos». Ha recordado que en una «bravuconada«, el presidente Vivas dijo que «si él era un obstáculo para que el Gobierno de España atienda a Ceuta, él dejaría de ser un obstáculo», a lo que el secretario general del PSOE de la ciudad le contestaba que «usted es un obstáculo para el progreso, futuro y prosperidad de la ciudad«.
También ha recordado que aún no se ha concretado el reparto de los 16.000 millones para las autonomías, pese a que la Ciudad ya anunció que «no iba a llegar ni un euro a Ceuta». Esta partida, destinada a compensar la caída de ingresos en cada comunidad, en el caso de Ceuta iría destinada a la pérdida de ingresos por el IPSI de importaciones y, en este sentido, Hernández ha anunciado que «cuando hay una caída de ingresos en el IPSI, se pueden emplear 28,8 millones de euros del FEDER para acometer gastos sanitarios».
Hernández ha aprovechado la ocasión para recriminar a Vivas y a su partido la situación de paro, pobreza, exclusión social y fracaso escolar a los que está sometida la ciudad, además de otras cuestiones. «¿Tiene el PSOE la culpa de los 17 directores generales y unos 70 cargos a dedo o de tener interinas durante años las plazas de Secretaría General e Intervención? ¿También tien culpa de las sentencias judiciales que está sufriendo el Gobierno de la Ciudad y de que el Ejecutivo de Vivas haya hecho tres proyectos de obra de la Gran Vía o de la caída de árboles centenarios o del erial de Santa Catalina? ¿También tiene culpa de los déficits de las cuentas de varias empresas municipales y de la falta equipamiento en barriadas o del desastre en Asuntos Sociales, con más de 4.000 solicitudes de ayuda sin atender».
Grupo de trabajo
Sobre el comité o grupo de trabajo creado por la Ciudad para atender la reconstrucción económica y social, Hernández asegura que «ha nacido mutilado» en cuanto ha dejado fuera a los sindicatos por el «menosprecio de la Ciudad». También considera que, desde el principio «ha habido un defecto de forma», al partir de las 140 medidas anunciadas por el Gobierno local, sin tener en cuenta el «consenso de todos».
En cuanto a las materias a tratar en el grupo de trabajo, Hernández echa de menos las medidas sociales. «Está todo encaminado al punto de vista económico, pero sin contenidos sociales». Para el socialista, la comisión debería girar en torno a cuatro ejes principales: sanidad y salud pública; reactivación económica; políticas sociales y, ya a medio y corto plazo, Estatuto de Autonomía o el Régimen Económico y Fiscal, entre otros. Además, aboga a que a este grupo de trabajo también asistan instituciones como Cáritas o Cruz Roja, entre otras.