El directivo de la energética asegura que la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez crea un clima de incertidumbre que frena la inversión empresarial.
El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, ha lanzado una dura crítica contra la gestión económica del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, acusándolo de implementar una política de “bazar” que, según él, dificulta seriamente la inversión en España. Durante su intervención en un foro empresarial celebrado este jueves, el directivo destacó que el entorno económico generado por el Ejecutivo actual es «poco estable y predecible», lo que supone un importante freno para las empresas que buscan apostar por el país.
Imaz argumentó que las medidas adoptadas por el Gobierno, especialmente en lo que respecta al sector energético, generan incertidumbre normativa y un clima hostil para los inversores. «El sector necesita estabilidad y reglas claras a largo plazo, no decisiones improvisadas que cambian con el viento de la coyuntura política», señaló.
El líder de Repsol hizo hincapié en la importancia de fomentar un entorno propicio para las grandes inversiones, particularmente en el ámbito de la transición energética. «Las empresas energéticas estamos comprometidas con la descarbonización, pero necesitamos un marco regulatorio coherente que nos permita planificar a largo plazo. Eso no se consigue con políticas erráticas ni con discursos populistas», subrayó.
Además, Imaz alertó sobre el impacto de esta política en la competitividad de España en el contexto europeo. Según el directivo, mientras otros países están atrayendo capital extranjero con incentivos fiscales y marcos regulatorios atractivos, España corre el riesgo de quedarse rezagada.
Por su parte, el Gobierno ha defendido su gestión argumentando que las medidas adoptadas buscan garantizar la justicia social y equilibrar las cargas entre los distintos sectores económicos. Sin embargo, las declaraciones de Imaz reflejan el creciente malestar de parte del sector privado con la estrategia económica del Ejecutivo.
El CEO concluyó su intervención instando a un diálogo más abierto y constructivo entre el Gobierno y las empresas para garantizar que España siga siendo un destino atractivo para la inversión.