El informe, elaborado por los profesores Ramón Mahía y Eva Medina de la Universidad Autónoma de Madrid, y cofinanciado por la Unión Europea, se centra en los salarios no percibidos debido a la discriminación. El estudio, titulado ‘Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España’, divide el impacto económico en dos áreas principales: laboral (12.300 millones de euros) y educativa (4.800 millones de euros).
Discriminación Laboral: Un Obstáculo para el Crecimiento
El estudio destaca que las desigualdades en el acceso al empleo, la permanencia y la remuneración afectan significativamente a la población extranjera, especialmente a las mujeres. Aunque la tasa de actividad de los extranjeros es más alta (71%) que la de los nativos (56%), las mujeres extranjeras enfrentan una probabilidad de empleo 2,3% menor, lo que representa una pérdida económica de aproximadamente 1.200 millones de euros anuales.
Además, la sobrecualificación es otra forma de discriminación laboral. Un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores están empleados en puestos por debajo de su nivel de formación, afectando más a las mujeres. La tasa de desempleo entre extranjeros es del 18,2%, comparada con el 11,6% de los nativos, resultando en una pérdida de 5.100 millones de euros. Las diferencias salariales también son notables, con una brecha de 500 euros mensuales, equivalente al 23%.
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Desigualdades Educativas: Limitaciones desde la Infancia
En el ámbito educativo, las desigualdades comienzan desde edades tempranas. La tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos, afectando a más de 222.000 jóvenes. Estos estudiantes enfrentan mayores tasas de repetición, peor rendimiento académico y más acoso escolar, incrementando el riesgo de abandono y limitando sus oportunidades futuras.
La discriminación educativa también se refleja en el nivel máximo de estudios alcanzado. Los extranjeros tienen menos probabilidades de acceder a estudios superiores, lo que supone una pérdida de ingresos a largo plazo cuantificada en 4.800 millones de euros anuales.
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