APDHA critica los “ingentes recursos” destinados a bloquear la migración, en contraste con la “absoluta falta de inversión en acogida». El incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%. Desde Ceuta se ha abierto una nueva ruta gestionada por mafias que cobran entre 4.500 y 5.000 euros por persona con destino hacia la península en embarcaciones de recreo o neumáticas, llevando a bordo como máximo hasta unas 6 personas
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado hoy, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebró ayer, su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021, en el que denuncia, según el seguimiento que anualmente realiza la organización, que 1.717 personas han perdido la vida intentado llegar a España durante el pasado año, de las que tan sólo se han rescatado 637 cadáveres, la cifra más alta desde que existen registros.
“Es el tributo debido a políticas migratorias criminales de la que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, asegura la organización, que cifra en un 29% el incremento de las personas que -en 2020 y respecto a 2019- lograron acceder a territorio seguro a través de nuestra frontera (41.861 personas).
Por ello, la asociación pone de relieve una vez más la volatilidad de los planes diseñados por el Gobierno para conseguir reducir la llegada de personas migrantes, con consecuencias tremendas en cuanto al coste de vidas humanas. Y en general, pone en cuestión las políticas migratorias desarrolladas por el Gobierno de España y la Unión Europea, cuyo único norte, denuncian, es el control y rechazo de migrantes en la frontera sur.
La Frontera Sur
Para la organización, «las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta. Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia de la COVID19«. «Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso”, aseguran desde la APDHA.
Todos los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar que lleguen o en expulsar a las personas que jugándose la vida, intentan llegar a al Estado español por la frontera sur, “a pesar de que curiosamente significan tan sólo el 4,3% del total de las personas que entran en España”, explican.
Detallan que estos “ingentes recursos” van desde la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, hasta los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que, en palabras de la asociación, constituyen el “verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado”.
También el despliegue de patrulleras o de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y “la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros como Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…, para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea”. Todo ello, critican, “a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice”.
El efecto de la pandemia del coronavirus en la ruta migratoria
Analizan que, si en un primer momento la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. «Se está comprobando, arguyen, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios con las medidas anti COVID se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar, o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones».
Ceuta, en el informe Frontera Sur
En lo que se refiere a Ceuta y Melilla, desde la organización señalan que «es obvio que el reforzamiento de la valla con la sustitución progresiva de las concertinas por peines invertidos en la parte española, así como la construcción de la tercera valla por parte de Marruecos que incorpora concertinas y nuevas garitas sofisticadas similares a las de la Guardia Civil, junto a la extrema vigilancia de las fuerzas marroquíes y las razzias y deportaciones de cuantas personas subsaharianas se acercan a la zona, ha conseguido que se siga reduciendo el número de las que logran acceder a las ciudades autónomas». Apuntan en el Informe que «de esta forma la presencia de personas subsaharianas en el CETI de Ceuta es ya testimonial; al final de año los 200 internados en el CETI eran marroquíes y argelinos que han accedido fundamentalmente vía marítima».
Otro hecho que analiza la APDHA es la entrada a nado de muchos jóvenes marroquíes desde Fnideq (Castillejos) a Ceuta. Según la organización, «esto se debe a que desde Ceuta se ha abierto una nueva ruta gestionada por mafias que cobran entre 4.500 y 5.000 euros por persona con destino hacia la península en embarcaciones de recreo o neumáticas, llevando a bordo como máximo hasta unas 6 personas, ya que suelen ser de pequeñas dimensiones y de poca eslora». Esta nueva modalidad viene motivada por «la fuerte vigilancia que existe en la zona del lado marroquí y por la consecuencia del cierre de la frontera del Tarajal, donde algunos de estos jóvenes trabajaban como porteadores y otros tenían trabajo y lo han perdido por la crisis que azota la zona de Castillejos después del cierre de la frontera».
«Hay que destacar que estos jóvenes que salen a nado desde la frontera del Tarajal hasta Ceuta, para luego llegar a la península, casi en su totalidad son de Castillejos. Igualmente, es necesario subrayar cómo a lo largo de estos meses ha habido numerosas personas muertas y desaparecidas«, indican.
Incremento del 756% de llegadas a Canarias
Informan de que el incremento de llegadas a Canarias en 2020 ha sido de un 756%, “y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres, hacinamiento…, que evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno, como en 2018 en las costas de Cádiz», recuerdan.
Lamentan que “el Gobierno ha decidido abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular”.
la APDHA reclama «políticas dignas de acogida y vías legales y seguras»
La APDHA plantea que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas en este mundo global, son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad. Además, consideran de vital importancia seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos a las que se somete a las personas que intentan migrar, desde el origen, el trayecto y la llegada a las puertas de Europa.
Lanzan un crowfounding para financiar más investigación
Por ello, la organización ha lanzado un crowdfunding para financiar el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur del próximo año, un trabajo lleva realizando 20 años y que incluye el análisis de los flujos, de las políticas migratorias y entre otros muchos aspectos, un trabajo de recuento del número de personas que mueren o desaparecen en su intento de aspirar a una vida mejor.
