El Sindicato de Inquilinas ha rechazado reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro programado en la Moncloa que también incluiría a representantes del sector de la vivienda. Según el sindicato, “no haremos ninguna foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema”. En cambio, han anunciado nuevas movilizaciones para noviembre.
En un comunicado emitido antes de la reunión, el sindicato ha exigido la dimisión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, acusándola de priorizar reuniones con constructoras y portales inmobiliarios sobre el diálogo con los inquilinos. Según ellos, la ministra busca solo una “foto” antes de comparecer en el Congreso para rendir cuentas sobre sus políticas.
Las próximas manifestaciones están programadas para el 9 de noviembre en Málaga y Sevilla, y el 23 de noviembre en Barcelona, tras recientes protestas en Madrid y Valencia. El lema de estas movilizaciones es claro: “O bajan los precios, o vamos a dejar de pagarlos”.
Contra las Políticas Cosméticas y la Especulación
El sindicato ha criticado las medidas recientes del Gobierno en materia de vivienda, como el bono de alquiler joven, que consideran terminará beneficiando a los rentistas, y el decreto sobre alquileres de temporada, visto como un “mero registro informativo sin efectos reales”. Para ellos, estas acciones reflejan una falta de voluntad para abordar el problema de fondo.
El sindicato exige una reducción del 50% en los alquileres, la recuperación de viviendas vacías para uso residencial, la expropiación de propiedades de “fondos buitre” y la desarticulación de grupos de “desokupación”. Argumentan que las políticas actuales solo benefician a las patronales bancarias y de construcción, perpetuando la especulación inmobiliaria.
Críticas desde el Gobierno
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha expresado su opinión de que el Gobierno no está haciendo todo lo posible para resolver la crisis de acceso a la vivienda. En una entrevista, afirmó que aunque existe una “diagnosis compartida”, el Ministerio de Vivienda no ha implementado todas las medidas necesarias.
Díaz ha propuesto eliminar las ayudas públicas a comunidades autónomas que no utilicen mecanismos de la ley estatal de vivienda para controlar precios en zonas de mercado tensionado, una medida que ha sido discutida pero no implementada por el Ministerio de Vivienda.
En conclusión, el conflicto entre el Sindicato de Inquilinas y el Gobierno refleja una creciente tensión sobre cómo abordar la crisis de vivienda en España. Mientras el Gobierno defiende sus políticas, los inquilinos exigen acciones más contundentes y efectivas para proteger sus derechos y asegurar viviendas asequibles.
