El Ministerio del Interior ha expedientado al jefe del puesto fronterizo de la Verja con Gibraltar y le ha impuesto una sanción de cinco meses y medio sin empleo ni sueldo. La medida se toma después de que el inspector jefe ordenara aplicar el Código de Fronteras Schengen a los residentes en el Peñón, desoyendo instrucciones de sus superiores.
Una destitución polémica
El agente sancionado, encargado del control en la frontera, había denunciado órdenes de mandos superiores que presuntamente indicaban no aplicar Schengen a los residentes gibraltareños tras el Brexit. Entre las razones del expediente abierto en su contra, se le acusa de desobedecer instrucciones respecto al protocolo de entrada y salida de Gibraltar, no comunicar la denegación de acceso a España a dos militares británicos y la instalación de una antena de radiofrecuencia para controlar embarcaciones cercanas.
Gibraltar, Schengen y las tensiones diplomáticas
El Brexit ha convertido la aplicación del Código de Fronteras Schengen en un tema de fricción entre España, Reino Unido y Gibraltar. Aunque la normativa europea establece su obligatoriedad, el Gobierno español ha optado por mantener cierta flexibilidad en los controles para facilitar el tránsito con la colonia británica, en un intento de alcanzar un acuerdo definitivo.
La decisión del jefe fronterizo de aplicar estrictamente Schengen habría generado malestar en las autoridades del Peñón. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, expresó su descontento y advirtió de posibles represalias, afirmando al Gibraltar Chronicle que “si los españoles empiezan, nosotros lo haremos en cuestión de horas”.
En respuesta, Londres autorizó maniobras no anunciadas de la Royal Navy en aguas cercanas a Gibraltar, en lo que se interpreta como un gesto de presión ante el endurecimiento de los controles fronterizos.
Pulso al Ministerio del Interior
La destitución del inspector jefe ha generado críticas y sospechas entre sus compañeros, que consideran su cese una medida apresurada. Según Europa Sur, el agente ha ampliado en los juzgados de La Línea una denuncia por prevaricación contra sus superiores, alegando que se le ordenó no aplicar Schengen a los gibraltareños de manera irregular.
La oposición también ha reaccionado. La diputada del PP Ana Belén Vázquez ha acusado al Gobierno de “irresponsabilidad” por no hacer cumplir el Código de Fronteras en Gibraltar, avivando así un debate que sigue generando controversia en la política española y las relaciones con el Reino Unido.