Roma. Las autoridades italianas han incrementado sus acciones legales y de vigilancia contra organizaciones no gubernamentales dedicadas al rescate de migrantes en el Mediterráneo. En el caso más reciente, una ONG enfrenta un proceso judicial tras recibir una donación del mismo petrolero que rescató a 27 personas en peligro en el mar.
Según fuentes judiciales, tres responsables de la organización tenían sus teléfonos intervenidos como parte de una investigación en curso. La fiscalía cuestiona la legalidad de la donación, sugiriendo que podría constituir una forma de retribución prohibida bajo la legislación italiana sobre el tráfico de migrantes y la ayuda no autorizada a la inmigración irregular.
Las ONG afectadas denuncian una campaña sistemática de criminalización de su labor humanitaria, que incluye desde restricciones operativas hasta acusaciones penales. “Estamos siendo tratados como delincuentes por salvar vidas”, lamentó uno de los coordinadores de la ONG investigada.
Organizaciones internacionales han expresado preocupación por estas medidas, que podrían tener un efecto disuasorio sobre las labores de rescate en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
