Con la aprobación del Real Decreto 2/2025 en juego, el voto del diputado ceutí Javier Celaya se ha convertido en uno de los puntos más comentados en el ámbito político. Este Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, establece un marco para el traslado de menores extranjeros no acompañados desde comunidades autónomas saturadas hacia aquellas con mayor capacidad de acogida. En medio de la controversia, la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha instado a Celaya a votar «en conciencia», mientras que el Ejecutivo local, encabezado por Juan Vivas, subraya que la decisión debe ser exclusivamente del diputado y respetar las directrices del Partido Popular.
La medida, que tiene como objetivo aliviar la presión en zonas como Ceuta, donde actualmente se supera el umbral de los 400 menores acogidos, contempla un límite de menos de 100 menores por autonomía. Esta situación ha provocado que el Gobierno local respalde la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que obligaría a las autonomías a repartir a los menores en un plazo de 15 días. Alejandro Ramírez, portavoz del Ejecutivo de Ceuta, ha señalado que esta reforma no solo garantizaría una atención más adecuada a los menores, sino que también aliviaría la carga financiera de la ciudad.
Te interesa
El debate, sin embargo, no está exento de tensiones. Javier Celaya, diputado del Partido Popular por Ceuta, se encuentra ahora ante un dilema político. Mientras la delegada del Gobierno le solicita que vote en función de los intereses de Ceuta, aunque esto implique un posible desacuerdo con la postura oficial de su partido, el Ejecutivo de Vivas insiste en que la decisión final corresponde al propio Celaya. Desde el Partido Popular, el partido subraya que el voto debe alinearse con la postura nacional.
La presión aumenta conforme se acerca la fecha límite: el 31 de marzo, plazo en el que las autonomías deben remitir sus datos al Gobierno central antes de la celebración de la Conferencia Sectorial. Si no se alcanza un consenso entre las distintas regiones, será el Gobierno de la Nación el que tome la última decisión, lo que marcaría un giro importante en la gestión de los menores extranjeros no acompañados en el país.
El Partido Popular, aunque ha anunciado que cumplirá con el Real Decreto sobre la distribución de menores migrantes no acompañados, ha expresado su descontento con la medida. Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido, acusó al Gobierno de utilizar a los menores con fines políticos, subrayando las tensiones internas dentro de las formaciones políticas ante este controvertido tema.
En Ceuta, la situación sigue siendo delicada, con un Gobierno local que pide soluciones rápidas para evitar el colapso del sistema de acogida, y un Partido Popular dividido entre la disciplina nacional y las necesidades locales. La votación de Celaya será un punto clave en las próximas semanas y podría marcar un precedente en la política de gestión de menores extranjeros en España.
