El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid inicia este lunes el juicio contra 21 acusados por su participación en la protesta ‘Rodea el Congreso’ del 25 de septiembre de 2012. Esta manifestación, una de las más significativas de aquel año, terminó con 35 detenidos y al menos 64 heridos, tanto manifestantes como policías.
La jornada fue convocada por varios colectivos bajo consignas como «Que no nos representan» y «lo llaman democracia y no lo es». Según la Delegación del Gobierno, unas 6.000 personas participaron en la protesta, que se extendió desde la tarde del 25 hasta la madrugada del 26 de septiembre.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado penas de entre 3 años y 8 meses y 7 años y 4 meses de prisión para los acusados, imputándoles delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad y resistencia. La mayor pena se pide para cuatro de los procesados, mientras que la mínima es para dos imputados por desórdenes públicos.
La Coordinadora 25S, plataforma convocante de las protestas, ha criticado el juicio calificándolo de «político» y argumentando que los hechos ocurrieron hace 12 años, lo que debería ser motivo suficiente para su suspensión. Denuncian que las penas solicitadas suman un total de 112 años y 5 meses de cárcel.
Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que algunos manifestantes arremetieron violentamente contra el dispositivo policial, lanzando vallas y objetos contundentes, lo que obligó a desplegar diversas unidades de UIP para contenerlos. Según la Fiscalía, fueron grupos organizados los que dirigieron sus acciones a causar destrozos e intentar rebasar los cordones de seguridad.
Amnistía Internacional ha denunciado el uso «excesivo» de la fuerza y las detenciones «arbitrarias» durante las manifestaciones, lo que añade otra capa de controversia al caso. La organización ha llamado la atención sobre la necesidad de garantizar el derecho a la protesta pacífica.
El juicio se presenta como un evento significativo en el contexto de las protestas sociales en España, reflejando las tensiones entre el derecho a la manifestación y el mantenimiento del orden público. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuros eventos similares.
