Junts ha logrado reunir el respaldo del PSOE, PP y Vox en el Congreso para tramitar una proposición de ley que permitiría el desalojo de okupas en un plazo máximo de 48 horas. La formación independentista ha impulsado esta iniciativa con el objetivo de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y agilizar los procedimientos en casos de allanamiento o usurpación de viviendas.
Lee tambien: El Gobierno ya no descarta un adelanto electoral tras el portazo definitivo de Junts a los decretos de vivienda
La propuesta de Junts pretende establecer una medida cautelar urgente de desalojo cuando se interponga la correspondiente denuncia, evitando dilaciones derivadas de la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales. Según Marta Madrenas, diputada de Junts, la ocupación de viviendas es un problema de primer orden y no se puede permitir que los propietarios sean los únicos perjudicados. «El sentido común nos debería impedir justificar que para garantizar un derecho humano se pueda pisotear otro», ha afirmado en el pleno del Congreso.
Te interesa
El PSOE se desmarca de sus socios de izquierda
El apoyo del PSOE a la tramitación de la ley ha supuesto un distanciamiento respecto a sus socios de Gobierno, ya que formaciones como Sumar, ERC y EH Bildu han rechazado la iniciativa. El diputado socialista Guillermo Hita ha argumentado que, aunque el ordenamiento jurídico ya dispone de mecanismos para hacer frente a la ocupación, la legislación es «susceptible de mejora» debido a la creciente preocupación social sobre el tema.
Por su parte, las formaciones de izquierda han criticado la iniciativa y han subrayado que la ocupación solo afecta al 0,06% de la población española, acusando a la derecha de fomentar el alarmismo. Han denunciado que el verdadero objetivo de la propuesta es consolidar un discurso que sitúa la ocupación como un problema mayor del que realmente es.
El PP y Vox refuerzan su discurso contra la ocupación
El PP y Vox han celebrado la admisión a trámite de la ley de Junts, insistiendo en que la ocupación de viviendas es un problema grave que afecta a miles de familias en España. La diputada popular Cristina Agüera ha recordado que su partido ya intentó impulsar una norma similar, pero esta fue bloqueada por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. «Un okupa tiene mayor protección que aquel a quien le roban su casa», ha denunciado Agüera, insistiendo en la urgencia de una reforma legislativa.
Desde Vox, su grupo parlamentario ha reiterado su postura de «tolerancia cero» con la ocupación ilegal y ha exigido medidas aún más estrictas para proteger la propiedad privada.
Próximos pasos en la tramitación
El PSOE ha anunciado que presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria para mejorar el texto de la ley. Mientras tanto, el debate sobre la ocupación seguirá siendo un punto de fricción en el Congreso, con un bloque de izquierda que considera la propuesta innecesaria y una derecha que insiste en la urgencia de endurecer la legislación contra la usurpación de viviendas.
