Kifkif, Asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI, celebra el Día de la Memoria Trans reivindicando la urgente aprobación de una Ley Estatal Trans que recoja una perspectiva migrante e intercultural y que contribuya a erradicar la patologización que enfrentan las personas transmigrantes, supervivientes que han superado graves experiencias de discriminación y violencia sistemática que siguen perpetuándose hoy en más de 70 países en todo el mundo, y a su llegada a España continúan viviendo episodios de discriminación múltiple en todos los ámbitos de su vida cotidiana, debido a su expresión e identidad de género no normativa y también a su lugar de procedencia.
España se encuentra en un momento crucial para lograr la igualdad real y la equiparación de derechos del colectivo trans, cuyos derechos a la identidad, el trabajo y la salud, entre otros, son todavía vulnerados. En la actualidad, se calcula que el 80 % de las personas trans se encuentra en situación de desempleo, una cifra que se eleva hasta casi el 90 % de las personas transmigrantes (según datos ofrecidos por Kifkif), debido a la exclusión y a la desigualdad de oportunidades que se dan en los procesos de selección.
Consecuencia de ello es que casi la mitad del colectivo trans, en concreto el 48 % de las mujeres trans, ejerzan o se hayan visto obligadas a ejercer la prostitución, lo que vuelve a casi duplicarse en el caso de las mujeres transmigrantes. Sólo si se aborda esta problemática específica en la elaboración del proyecto de la Ley Estatal Trans se podrán establecer medidas efectivas que favorezca la plena inclusión de este colectivo en el mercado laboral.
En el año 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio un paso histórico retirando la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Han pasado ya dos años desde este importante avance, y se siguen produciendo episodios de exclusión, discriminación y violencia hacia las personas trans en diversos lugares del mundo. Año tras año, muchas de ellas continúan huyendo de sus países de origen para poder sobrevivir. En España la legislación vigente obliga a poseer la nacionalidad española y a contar con un diagnóstico de disforia de género para lograr modificar la mención registral de sexo en los documentos oficiales y para acceder al tratamiento hormonal a través del sistema público de salud.
La necesaria memoria histórica recuerda que fueron las personas trans migrantes, Marsha P. Jhonson y Sylvia Rivera, quienes se colocaron en la primera línea de lucha por los derechos del colectivo LGTBI y recibieron, también, las primeras palizas por parte de las fuerzas policiales. La crisis sanitaria ha vuelto a situar al colectivo transmigrante como el más golpeado situándolo al borde de la emergencia social, imposibilitando que pudieran acceder a ingresos periódicos y a trabajos formales y dificultando su inclusión social.
Además, todo ello ha acentuado las barreras que experimentan las personas transmigrantes: desigualdades más profundas. Debido a esta situación, muchas personas se han visto obligadas a volver a ejercer la prostitución, pese a que habían logrado introducirse precariamente en el mercado laboral. De hecho, la falta de empleo e ingresos ha provocado que muchas de estas personas vivan en situación de calle y sin recursos de acogida inclusivos y adecuados para atender sus necesidades. El Estado de Alarma provocó en el colectivo transmigrante una carencia generalizada de recursos tan básicos como productos de higiene, fármacos, alimentos o mascarillas, además de interrumpir los procesos de asilo y de transición.
Es el momento de que la Ley Estatal Trans reconozca a la comunidad trans como una realidad rica y diversa, contemplando y visibilizando la situación específica de las personas transmigrantes y protegiendo los derechos de este colectivo con un enfoque interseccional y de derechos humanos. Una ley que despatologice las identidades trans y acabe definitivamente con las barreras que enfrentan las personas transmigrantes, el doble que el resto del colectivo trans.
Kifkif trabaja desde el año 2002 por la inclusión e integración social de las personas transmigrantes, ofreciendo servicios técnicos de intervención social, mediación intercultural, acompañamiento en salud, atención jurídica y psicológica y grupos de apoyo y socialización.