La Abogacía denuncia la situación de «indefensión» de la Ciudad Autónoma al no permitirle «el trámite de alegaciones» y pide que se reactiven las devoluciones a Marruecos de los menores que cruzaron a Ceuta, en base al Acuerdo entre los dos reinos, porque «el interés prevalente o superior del menor también debe considerar las condiciones precarias o de dificultad en que se encuentran en la ciudad de Ceuta». Ademas, contradice la versión de la Fiscalía y asegura que sí se le dio traslado
En un escrito de 24 páginas al que ha tenido acceso El Foro de Ceuta, la Abogada del Estado alega que la «situación excepcional y de anormalidad que se encuentran los menores no acompañados que ingresaron en Ceuta a mediados de mayo de 2021 así como las graves dificultades en asegurar su adecuada asistencia social acreditan la necesidad de buscar una pronta solución a esta situación«, viendo ésta solución en la repatriación de menores en base al acuerdo firmado entre los dos reinos en 2007.
La Abogacía del Estado alude a que «el interesado en obtener la suspensión, tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica existe un claro soporte legal y marco jurídico que da cobertura al conjunto de actuaciones que en su caso permitirían, o harían posible, un retorno concertado de los menores, en este caso, solicitantes de la medida cautelar y recurrentes.»
Además, «suplica» al Juzgado que acuerde «con carácter previo a la resolución sobre la medida cautelar solicitada, para evitar la situación de indefensión y garantizar la audiencia de la Administración que ostente la tutela y competencias en materia de asistencia social de los menores afectados y cuyas actuaciones administrativas resultan directamente afectadas por la medida cautelar solicitada y acordada,, se interesa que se dé traslado para alegaciones al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta» y que, «subsidiariamente, y para el caso en el que proceda a analizar las pretensiones cautelares formuladas, se interesa el levantamiento de las medidas cautelares acordadas por el Auto de 16 de agosto de 2021 y la denegación de las restantes medidas cautelares solicitadas por las asociaciones instantes».
Indefensión de la Ciudad Autónoma
En su escrito alude a que en la actuación administrativa afectada por la medida cautelar -publicada este lunes, tras la denuncia de Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces- han concurrido dos Administraciones, la de la ciudad autónoma de Ceuta y la del Estado a través de la Delegación del Gobierno, «aunque solo a una se le ha permitido el trámite de alegaciones, por lo que se está causando una indefensión material«.
La Abogacía del Estado señala además, que «el interés prevalente o superior del menor también debe considerar las condiciones precarias o de dificultad en que se encuentran en la ciudad de Ceuta».
«Nos referimos a la más que constatada y conocida situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria que ha causado la entrada masiva de emigrantes que tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo del presente año en la ciudad de Ceuta (situación que persiste a día de hoy)» alega el documento de la Abogada del Estado en Ceuta.
1.097 menores reseñados, de los cuales, 758 «sustentados» por la Ciudad
En el documento se detalla que ha sido reseñado por parte del Cuerpo Nacional de Policía «hasta un total de 1.097 menores o presuntos menores, de este colectivo de reseñados, a fecha 13 de agosto pasado, día de inicio del proceso de retorno de los menores a Marruecos para su acogida por el Gobierno Marroquí, se encontraban acogidos en distintos centros temporales, sustentados por la Ciudad de Ceuta, hasta un total de 758 menores«.
Además, la Abogada del Estado apunta en su escrito que se ha estimado, sondeadas varias organizaciones oficiales y no gubernamentales, que existen en la Ciudad, habría «entre 400 y 500 menores más sin ningún tipo de control, identificación, reseña ni acogida o protección, deambulando y pernoctando en campamentos provisionales, expuestos a todo tipo de riesgos sociales, sanitarios, morales y físicos, incluso poniendo en riesgo su vida».
Reagrupaciones, protección internacional y vulnerabilidad
Las alegaciones de la Abogacía recuerdan que en este tiempo se ha procedido a realizar varias reagrupaciones familiares entregando a los menores a sus familias en Ceuta o en la Península, «alrededor de 25, siendo la mayoría casos de menores que se encontraban clasificados como vulnerables«, que «se tiene constancia de que hasta un total de 11 menores tienen iniciados expedientes de solicitud de protección internacional, y parece ser que hay identificados otros 20 casos más
que se encuentran en vías de inicio de expediente administrativo, tal y como nos ha manifestado la Representante de ACNUR en España el pasado 16 de agosto» y que, según la Abogada del Estado, «no consta que ninguno de ellos se encuentre en el ámbito del presente recurso».
561 retornos voluntarios
«De igual modo y por manifestaciones realizadas por los representantes del Gobierno de Marruecos y del Organismo L’Entraide Nationale, que ha actuado como mediador, hasta un total de 561 menores han retornado voluntariamente a Marruecos y han sido devueltos a su entorno familiar», señala y que el Acuerdo de marzo de 2007 «constituye un elemento importante para atender a esta situación excepcional. Y que, por lo tanto, en esa ponderación debería tenerse en cuenta
este interés general para sostener el levantamiento de la medida cautelar adoptada», de paralizar las devoluciones.
Garantía de los derechos del menor
En su escrito la Abogacía asegura que «para materializar el traslado de los menores a Marruecos y tras un análisis por parte del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de las circunstancias personales y familiares de cada menor, se han elaborado diferentes grupos de menores garantizando que aquellos vulnerables, aquellos que carecen de padres o que poseen cualquier situación que desaconseje su traslado, permanezcan en Ceuta, garantizando además que todos los menores que retornen sean de nacionalidad marroquí. Y, por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 del Acuerdo Internacional de 2007, para el dispositivo de acogida destinado a estas acciones de retorno, las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta pusieron a su disposición los recursos materiales y humanos cualificados, tanto públicos como privados o que procedan de ONGs que trabajan en el ámbito de la protección y de la repatriación de menores».
La Fiscalía al corriente, según la Abogacía del Estado
La Abogada del Estado defiende que como resulta de la Comunicación realizada el 12 de agosto de 2021 a la Fiscalía General del Estado desde la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, el Reino de Marruecos se había comprometido a velar por los intereses de los menores, «contando en todo momento con la protección otorgada por los responsables locales que supervisan el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán. El Reino de Marruecos garantizaba los derechos de los menores hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible, y en el caso de no existir padres, L’Entraide Nationale se hará cargo de los menores».
Además, apunta a que por otra parte, el Cuerpo Nacional de Policía «contaba con las instrucciones y mecanismos
necesarios para colaborar y facilitar el proceso, protegiendo siempre los intereses de los menores implicados».
Y que, «dadas las competencias de tutela y protección de los menores que se atribuyen al Ministerio Fiscal, se dio traslado de la información relativa a la situación y previsible traslado de los menores. Así, con fecha 13 de agosto, se recibe, por mail, escrito de la Fiscalía en el que se da ACUSE DE RECIBO de sendas comunicaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad (de 12 y 13 de agosto) que dan cuenta del Escrito de la Delegación de Gobierno de Ceuta de 10 de agosto, que da traslado de la petición del Gobierno de Ceuta, solicitando se pueda retornar a los menores presentes en la ciudad y de la reunión del 11 de agosto entre representantes de ambos países.
La repatriación coordinada por España y Marruecos
Otras de las informaciones que alega la Abogada del Estado en su escrito es que en la reunión en la que se decidió comenzar con el retorno de menores en base al acuerdo de 2007 es que «contó con la asistencia, por parte española, del Jefe de Gabinete de la Delegada del Gobierno en Ceuta, el Secretario General de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la Vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta y la responsable del área de menores del Gobierno de Ceuta. Por parte
marroquí, acudieron un representante de la prefectura, en concreto el Jefe de Gabinete del Wali, y un representante de L’Entraide Nationale».
La «excepcionalidad», para una restricción de derechos, ha de ser declarada, y no «vendida» por el sátrapa de turno o algún funcionario de estómago agradecido.