El juez instructor del llamado caso Montoro autorizó la intervención de las comunicaciones telefónicas de cuatro personas investigadas durante un periodo de 42 días. La medida fue adoptada como parte de la investigación por presunta corrupción y otras irregularidades.
Sin embargo, las escuchas fueron interrumpidas en enero de 2022 tras un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia de Tarragona estimó el recurso y ordenó el cese de las intervenciones, al considerar que no se justificaba suficientemente su necesidad en ese momento del proceso.
La decisión judicial supuso un giro en la instrucción del caso, en el que se investigan posibles delitos relacionados con la gestión pública en el Ayuntamiento de Montoro. La medida, inicialmente considerada clave para obtener información relevante, fue finalmente descartada por los tribunales superiores por motivos de legalidad procesal.
