Las recientes denuncias de acoso sexual contra Íñigo Errejón, figura prominente de Sumar, han sacudido el panorama político y social en España. Su dimisión ante las acusaciones de varias mujeres ha generado un profundo descontento en un partido que se ha proclamado defensor de la igualdad y la lucha contra el machismo, poniendo de manifiesto una problemática persistente en el entorno político del país
La controversia en torno a Íñigo Errejón ha desatado un torrente de reacciones tras el surgimiento de acusaciones de acoso sexual en su contra. El exlíder de Sumar se encuentra bajo investigación por tres supuestos delitos sexuales, según la denuncia de la presentadora y actriz Elisa Mouliáa. Otras mujeres, como Aida Nízar, también han manifestado haber sido víctimas de acoso por parte de Errejón, mientras que la periodista Cristina Fallarás ha indicado que posee múltiples testimonios que incriminan al exdiputado. Esta situación no es aislada, ya que el acoso y el abuso han dejado su huella en la política española a lo largo de los años.
Uno de los casos más emblemáticos que resuena en la memoria colectiva es el de Nevenka Fernández, la concejala de Ponferrada que hizo historia al ser la primera mujer en ganar un juicio por acoso sexual y laboral contra un político. En el año 2001, Fernández denunció al alcalde Ismael Álvarez, perteneciente al mismo partido (PP), por acoso. Su valentía la llevó a enfrentar una hostilidad social abrumadora, obligándola a abandonar su ciudad y su país. Sin embargo, la justicia le dio la razón y condenó a Álvarez, quien se vio forzado a renunciar a su cargo.
En el mismo ámbito geográfico, destaca el caso de Raquel Díaz, quien sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su expareja, el exconcejal de Ponferrada Pedro Muñoz. En 2020, Muñoz arrojó a Díaz desde una terraza, dejándola tetrapléjica. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó en septiembre pasado una condena de casi 17 años de prisión para Muñoz por lesiones agravadas y maltrato familiar.
Carlos Flores, actual diputado de Vox en Valencia, también ha sido protagonista de un escándalo relacionado con el maltrato. En 2002, fue condenado por agredir y acosar a su exesposa, incluyendo insultos y amenazas que impactaron gravemente en su salud mental, llevándola a mudarse para encontrar seguridad.
Por su parte, el concejal del PP en Ribadavia (Ourense), Juan Carlos Fernández, fue detenido en septiembre por violencia de género. Tras la denuncia, su partido actuó con celeridad, comunicando su salida del gobierno local y de la formación política, mientras él mismo presentó su dimisión.
Javier Liso, concejal de Vox en Badajoz, fue condenado a realizar trabajos comunitarios tras una denuncia de su pareja por violencia de género. Su condena incluyó la retirada del permiso de armas por un periodo de dos años y una orden de alejamiento.
El exprocurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, también ha sido noticia por presuntos delitos de violencia machista, que resultaron en su arresto en febrero. Hernández fue puesto en libertad con restricciones de acercamiento a la víctima tras haber sido acusado de amenazas y maltrato.
Estos incidentes revelan la persistente problemática de la violencia de género en el ámbito político español, donde se espera que los representantes públicos sean ejemplos a seguir en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia machista. Además, las cifras son alarmantes: en lo que va de 2024, ya se han reportado 39 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, sumando un total de 1,283 desde el inicio del registro de estos datos en 2003. La situación exige una reflexión profunda sobre las responsabilidades y conductas de quienes se encuentran en el poder y su compromiso con la sociedad.
