Estos días se cumple el 84 aniversario del asesinato de Lorca, fruto, parece ser, más de una rencilla familiar que de cuestiones políticas o de orientación sexual. Desafortunadamente nuestro país huele hace tiempo en exceso a vendetta familiar guerracivilista en cuanto al ámbito político se refiere: revisión de nombre de calles, batallas políticas en el parlamento a cuenta del pasado de cada cual, exhumación de los restos de Franco, y un sinfín de estériles conductas y acciones que solo conducen a eso, a la vendetta política, y que en poco o nada sirven al interés de los españoles, ese al que debiera responder la actividad de cualquier partido político. Presentar el asunto de las cajas B de partidos como el PP y Podemos, éste último aun supuestamente, como formando parte de esa guerra fratricida del “y tu más” no es de recibo, porque es tanto como tomarnos por tontos a todos, cuando en realidad el origen del asunto de Podemos -no así el fondo- está en haberle querido meter el dedo en el ojo a un abogado del partido cuando éste parece que comenzó a “olerse la tostada” de la caja B; y encima con algo tan grave y personal como acusarle falsamente de un delito sexual. No, definitivamente no fue una buena idea medirse con su abogado. Tampoco es buena idea que el PP pretenda convertirse en el abanderado de la transparencia frente a Podemos, si quiera sea por aquello de la viga y la paja o por simple vergüenza.
Realmente el PP como persona jurídica, como partido, solo ha sido acusado una vez en el asunto del borrado de los ordenadores de Bárcenas y resultó absuelto… En el proceso a la trama Gürtel el PP resultó condenado como responsable civil por enriquecerse con los delitos cometidos por los entonces imputados, pero ese partido nunca fue acusado como tal en ese asunto. Ello se debe a que cuando se cometieron los hechos de esta trama no existía penalmente la posibilidad de imputar a una organización política. Es necesario subrayar que la incorporación de la responsabilidad penal de los partidos políticos al Código penal se produce en 2012, introduciendo una modificación en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal establecida con la gran reforma penal de 1995 y después de que en la primera incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010 quedaran expresamente excluidos los partidos políticos… Lo mismo ocurrió en el asunto FILESA, en el que dirigentes del PSOE fueron condenados por financiación ilegal, pero no el partido. Aunque desde el punto de vista del “reproche social” sea lo mismo ser responsable civil que imputado formalmente, desde el punto de vista jurídico y sobre todo desde el punto de vista práctico es muy diferente. Al proceder a la imputación directa a la organización, como ocurre en el caso de PODEMOS, el Juez tiene en su mano disolver de hecho PODEMOS, de conformidad con el art. 33.7 del Código Penal que regula las penas que pueden imponerse a las personas jurídicas como son la multa, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales, la prohibición de realizar las actividades en cuyo ejercicio se ha cometido el delito, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o la intervención judicial; con la particularidad de que la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa ¿Se imaginan que sea suspendida o intervenida judicialmente la actividad de un partido en el Gobierno, como es Podemos, o que quede prohibido, como condena?…
El silencio del PSOE en este asunto, como si esa investigación judicial no afectara al Gobierno, suena a estrepitoso silencio cobarde, máxime cuando algunos dirigentes y cargos del Gobierno de PODEMOS han admitido la existencia de una “caja de solidaridad” que poco o nada tiene que ver con el fin al que deben destinarse la mayoría de los fondos que reciben. En el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a las últimas elecciones generales adivinen a que partido exige explicaciones por una cuantía mayor este Tribunal. Si, a PODEMOS. El Tribunal asegura que, entre la documentación enviada, se encuentran facturas por valor de 133.100 euros que “no han sido debidamente justificados” … Incluso después de la contestación de PODEMOS sigue pensando lo mismo el Tribunal de Cuentas.
Cesar a todos los ministros podemitas, así como al vicepresidente, desbarataría un gobierno que resultaría imposible de sostener, o no… En cualquier caso, mantener el estatus quo gubernamental va a resultar duro de digerir, incluso para el PSOE, a poco que avance el procedimiento.
Todos sabemos sobradamente que PSOE y PP se han visto ya envueltos en este tipo de situación y ahora también PODEMOS, supuestamente. Dedicarse al pueril ejercicio de echarse mutuamente en cara sus respectivas conductas no resulta ni digno, ni útil a sus respectivos intereses. Sea como fuere, se llame la caja Dolores, Lolita o Lola, si un determinado partido organiza unos fondos que se sustraen a la debida trasparencia y al control del Tribunal de Cuentas, es evidente que se no se están administrando con corrección y por lo tanto dicho partido podría ser susceptible del mayor reproche penal pues lo hacen con fondos públicos -mayormente- que salen, por tanto, del bolsillo de todos los españoles.
