El caso judicial que afecta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha alterado el equilibrio de fuerzas en la escena política nacional.
Lo que prometía ser un cierre de curso parlamentario centrado en la ofensiva del Partido Popular contra la corrupción en el Gobierno ha dado un giro inesperado: ahora es el principal partido de la oposición el que lidia con un escándalo que afecta a uno de sus históricos referentes.
Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez llega debilitado al final de la temporada política —marcado por la presión de sus socios y la necesidad de ceder en varias negociaciones clave—, ha logrado, no obstante, ganar algo de oxígeno gracias al tropiezo de sus adversarios. La imputación de Montoro pone en entredicho la narrativa del PP y obliga a la dirección de Alberto Núñez Feijóo a ajustar su estrategia, justo cuando pretendían centrar su discurso en la regeneración y la ejemplaridad institucional.
Desde Moncloa, los últimos movimientos se interpretan como un intento de reforzar los lazos con sus socios parlamentarios en previsión de un otoño complejo. En un clima de desgaste generalizado, el equilibrio político vuelve a estar en juego.
