La crisis del coronavirus ha obligado al Gobierno a tomar medidas extraordinarias y decretar el estado de alarma, que se ha visto endurecido tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Esta norma refuerza las iniciativas del plan de medidas excepcionales para intentar combatir el virus pero también evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos algunos colectivos.
Efectivamente, ya la semana pasada el cierre de centros educativos y universidades era inminente, aunque la cuarentena todavía no se avistaba. Ahora, ante el estado de alarma y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, solo está permitido salir a la calle individualmente (exceptuando personas dependientes) y para necesidades básicas como hacer la compra o ir al trabajo, para aquellas personas que no tengan la alternativa del teletrabajo. Las autoridades han advertido que cualquier otra actividad será sancionada y apelan a la responsabilidad social para frenar el número de contagios y controlar la expansión del virus.
Así mismo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará hasta 200.000 millones de euros para afrontar las consecuencias del coronavirus; 117.000 de fondos públicos y el resto privados, siendo la mayor movilización de recursos económicos de la historia de la democracia: “Se trata de un esfuerzo enorme y decidido que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos enfrentamos (…) No vamos a escatimar ningún esfuerzo. No vamos a dejar a nadie atrás.”
Justamente para no dejar a nadie atrás, hay que poner especial atención para ver cómo afectan estas medidas del estado de alarma a los colectivos más vulnerables y si, de esta manera, deben o no proponerse nuevas medidas que faciliten estos días tan largos de cuarentena. De esta manera, es necesario poner especial atención a las mujeres, siendo uno de los colectivos más vulnerables, como así lo confirma un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitido en 2007 sobre epidemias y enfermedades infecciosas que señalaba que “los roles típicos de género condicionan el lugar en el que las mujeres pasan tiempo [la casa, por ejemplo, con personas dependientes]” y, por tanto, “la frecuencia e intensidad de la exposición a determinados agentes infecciosos”.
Las mujeres asumen la mayor parte de los cuidados
El cierre de centros educativos supone todo un reto para las familias, que deben asumir el cuidado de los más pequeños. A ello, hay que sumarle el posible cuidado de mayores dependiente también miembros de la familia, que casi con certeza, asumirán las mujeres. Según el último informe elaborado por Oxfam Intermón, las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, y constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa del trabajo de cuidados que sí está remunerado.
Además, es oportuno recordar la quasi necesidad de los niños y niñas de salir a la calle a correr, a jugar, a gritar y a interactuar con el mundo, cosa que probablemente hará de su cuidado algo menos llevadero y que requiera más esfuerzo y paciencia. Con las personas mayores, que son a los que más afecta el COVID-19, las familias corren el riesgo de tener un miembro asintomático y así hacer enfermar a las personas mayores por el contagio del virus.
Justamente eso complica la conciliación de los cuidados, que de ser asumida por los abuelos y las abuelas harán que estén más expuestos al virus y su contagio, dejando en el aire la siguiente pregunta: si no es recomendable que la familia de mayor edad cuide de los niños y sus progenitores deben trabajar ambos, ¿quién cuida de los niños y niñas?
Por todo ello, analizar esta crisis sanitaria en clave de género resulta imprescindible si tenemos en cuenta que la gran parte de los cuidados los ejercen las mujeres. Pero la asunción de cuidados no solo se produce en el ámbito familiar y más cercano, sino que también son ellas quienes desempeñan las funciones de cuidados en el sector profesional (social y de salud) y que por lo tanto están en mayor riesgo de exposición a enfermedades, deben asumir más retos y también más desigualdades de género en el acceso a la salud y a la toma de decisiones.
Es evidente que todo el sector sanitario que se encuentra en primera línea de atención pública está sometida a un riesgo para su salud, aunque se descarte el riesgo de muerte en la mayoría de los casos. Pero hay dos verdades universales: la falta de medios y la feminización de esos empleos. La falta de medios que es suplida por el esfuerzo y la resistencia de las trabajadoras y la mayor presencia de mujeres en estos sectores que las hacen más vulnerables al contagio.
Profesiones feminizadas: imprescindibles ante la crisis
Si vamos más allá del trabajo de los cuidados informales —el trabajo reproductivo que las mujeres desarrollan en sus hogares particulares—, observamos que las ocupaciones remuneradas que cobran especial importancia en crisis sanitarias también son empleos feminizados.
Según la socióloga e investigadora Marga Torre —especialista en segregación ocupacional y desigualdades en el mercado de trabajo— de los datos obtenidos de la encuesta europea EU-Labour Force Suvey de 2018 puede deducirse que para la ocupación de enfermería —categoría que incluye la titulación de gerocultores o auxiliares de geriatría, que atienden en centros de día y residencias de ancianos— se observa que el 86% son mujeres, frente a un 14% de hombres.
Aunque el personal médico también está expuesto, la doctora Celine Grounder —especialista en epidemiología y enfermedades infecciosas— señalaba en una reciente entrevista para el New York Times que “las enfermeras tienen niveles de exposición más altos que los médicos”: “Ellas están mucho más involucradas en el cuidado de los pacientes, y son quienes realizan los análisis de sangre o recogen muestras”.
Respecto a otras profesiones fundamentales para poder cubrir las necesidades básicas y hacer funcionar el sistema, observamos que, en el caso de España, según los datos que aportaba Marga Torre, el 71% del personal de farmacia son mujeres; el 93% del personal de limpieza —oficinas, hoteles, casas— son mujeres; y el 84% de quienes atienden en los supermercados —cajeras— son mujeres.
Así, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco Martín, ha recordado que “muchos de estos grupos tienen una mayoría de trabajadoras, que están en especial riesgo debido a la falta de protocolos o equipos de protección frente al virus. Son los sectores de empleo del hogar, personal de caja y reponedor en supermercados, personal de farmacias, personal de limpieza, personal de atención domiciliaria y atención a la dependencia, personal de seguridad, etc. Es preciso y urgente que tengan a su disposición los equipos de protección adecuados”.
Protección del empleo
Moncloa ha anunciado que los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a partir de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES), que normalmente provocan el cese de la actividad y en muchos casos, la pérdida de empleo. Desde CCOO y UGT reclaman al gobierno que tome medidas sociolaborales ante esta crisis para que, a diferencia de la crisis del 2008, no recaiga en la clase trabajadora. Por ello, han elaborado un ‘Documento de propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y empresariales, CEOE y CEPYME para abordar, mediante medidas extraordinarias, la problemática laboral generada por la incidencia del nuevo tipo de coronavirus’.
En dicho documento, proponen unas medidas comunes para los ERTE: contemplar el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia; los períodos de desempleo consumidos ahora no perjudicarán futuras prestaciones; y la suspensión de la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas.
Lo cierto es que el coronavirus ha afectado gravemente a todos los empleos, especialmente a aquellos con contratos precarios de parcialidad y temporalidad, que son firmados en su mayoría por mujeres. A esa precariedad, se le añaden otras amenazas para el empleo de las mujeres que conllevan unas consecuencias laborales negativas.
Primeramente, el gran impacto del cierre preventivo de muchos centros de trabajo y empresas que afecta directamente a muchos sectores, pero especialmente a aquellos feminizados. Seguidamente, la falta de corresponsabilidad en los cuidados, ya sea de menores o de mayores. En este sentido, es necesario destacar la demanda del Documento de Propuestas conjuntas de CCOO y UGT y CEOE y CEPYME, que exige que “deben deben regularse de manera precisa las vías que posibiliten la atención de los cuidados de hijos y mayores (primer grado) en las situaciones descritas ya sea a través de la formulación de nuevos permisos retribuidos o de nuevas causas de suspensión de la relación laboral cuyos costes, incluidas las cotizaciones, correrán a cargo del citado fondo de ayudas extraordinarias garantizando el ejercicio corresponsable».
En este sentido, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO apunta: “Es importante que se tenga en cuenta en ese fin de evitar despidos y ampliar protección por desempleo y protección social, para no dejar atrás a ninguna mujer trabajadora, a las empleadas de hogar, a las trabajadoras discontinuas, a trabajadoras extranjeras que pueden perder su permiso de residencia pierden su trabajo, a las contratadas por obra o servicio o en empresas de empleo temporal o multiservicios, y las que con la caída del empleo estacional ven desvanecidas sus esperanzas de empleo, en agricultura, hostelería, comercio, etc. Trabajadoras cuya aportación al sostenimiento de la sociedad muchas veces es ignorada o minusvalorada, pero que resulta imprescindible para el bienestar general. La sociedad, el Estado, no pueden dejar a ninguna mujer atrás. Tengámoslas también en cuenta”
Víctimas de violencia de género: la situación se agrava en la cuarentena
El colectivo que más estarán sufriendo la orden de confinamiento en los hogares es el de las mujeres víctimas de violencia de género que, ahora más que nunca, deberán compartir espacio y tiempo con su maltratador. Esta convivencia obligatoria puede aumentar el riesgo de sufrir agresiones, teniendo en cuenta que, además, la situación en el mundo exterior es de incertidumbre y tensión, lo que puede agravar la histeria y los conflictos de puertas para dentro.
Por ello, el Ministerio de Igualdad ha anunciado un plan de contingencia para prevenir, controlar y minimizar estos riesgos. Para garantizar la asistencia a posibles víctimas, los dispositivos de atención 24h, la acogida a víctimas en situación de riesgo, los centros de emergencia, pisos tutelados, alojamientos para víctimas de trata… etc serán considerados como servicios esenciales.
Además, el número gratuito de asesoramiento 016 seguirá funcionando con normalidad y ha pedido a todas las CCAA que den información actualizada sobre los servicios presenciales y no presenciales que están disponibles para que el 016 no derive a un servicio que no está operativo.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha recordado que los juzgados de violencia de género seguirán en funcionamiento y realizando los servicios de guardia que les correspondan, con normalidad, para asegurar la atención a las víctimas.
Pero las circunstancias especiales del encierro por este virus pueden dificultar que las víctimas de género pidan ayuda o logren por las vías habituales denunciar estas situaciones, por lo que el plan de contingencia activará un nuevo recurso de emergencia para las mujeres en situación de violencia de género, un mensaje de alerta por mensajería instantánea con geolocalización que recibirán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ministerio también ha anunciado que se pondrá en marcha un chat-mensajería instantánea de contención y ayuda psicológica.
Los ejemplos de China e Italia han dejado entrever la situación actual tan difícil de gestionar y sus repercusiones. ONU Mujeres advierte que “las desigualdades de género empeoran ante cualquier crisis y esto incluye los niveles de violencia sobre las mujeres”. En China, la experiencia de cuarentena en los hogares ha impedido que muchas mujeres maltratadas puedan refugiarse en otras casas y que, por otro lado, acepten la situación de violencia por falta de ayudas.
En Italia, la magistrada María Letizia Mannella –en declaraciones para la agencia ANSA- aseguraba haber notado una bajada en las denuncias por malos tratos, y aunque todavía no hay datos fiables, la convivencia forzada con el agresor dificulta acudir a las fuerzas del orden para denunciar.
Por ello, ante este aislamiento de las víctimas de violencia de género con sus agresores, el Ministerio de Igualdad del gobierno de España también ha puesto en marcha una campaña de concienciación contra la violencia de género y de información sobre el plan de contingencia y la ayuda que pueda prestar. El último aviso de esta campaña es que si una mujer está en situación de maltrato y quiere denunciarlo vaya a una farmacia y pida «Mascarilla-19». Así, la farmacia sabrá que tiene que avisar al 112.
