Han pasado más de siete años desde la crisis migratoria y de refugiados de 2015. Un momento crítico que puso a prueba el sistema de acogida y que no sirvió a las instituciones europeas para cambiar las dinámicas y tendencias ocultas en el campo de la política migratoria de los estados miembros de la UE.
Las imágenes de un niño ahogado en una playa turca y las posteriores de embarcaciones cargadas de personas, avergonzaron a la Europa de los Derechos Humanos y dinamitaban los cimientos en los que se apoya la carta de fundación de la alta institución europea. Las protagonistas de las instantáneas eran en su mayoría las personas que huían de la guerra de Siria jugándose la vida en embarcaciones precarias para llegar a las costas griegas.
Todo este éxodo y los pésimos servicios de acogida después de las llegadas, acentuaron las divisiones entre los estados miembros comunitarios.
Con las llegadas de miles de personas procedentes de Oriente Medio, Asia y el norte de África, la UE detectó la debilidad en sus mecanismos internos para regular los movimientos de las personas que salían hacia Europa desde fuera de sus fronteras. Esos mecanismos presentaban deficiencias. El Protocolo de Dublín, que establece qué único país es responsable de examinar la solicitud de asilo de una persona que llega a Europa, que normalmente es aquel por el que la persona accedió, así como el Sistema Europeo Común de Asilo, se vieron muy afectados ante la imposibilidad, no solo de dar una respuesta humanitaria, sino de atender las demandas de asilo y protección ante las llegadas. Ante esta situación, la Unión Europea tuvo que encontrar otras formas de cubrir las fallas de su política de migración interna. La solución pasó por el refuerzo de los instrumentos externos con los que contaba la Unión Europea para luchar contra la inmigración irregular.
Foto2: El gobierno ultranacionalista de Orban construyó una valla alrededor de los 175 km de frontera que separa Hungría con Serbia
También podemos observar una tendencia hacia un mayor apetito entre los gobiernos de la UE por subcontratar la protección de los refugiados y externalizar el control migratorio, es decir, prevenir la migración a través de la cooperación con los estados de origen y tránsito, lo que nuevamente plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas y las violaciones de los derechos humanos.
El movimiento de personas dentro del espacio europeo no es un problema de seguridad. El ejemplo claro de esta afirmación es que los estados miembros europeos acordaron permitir la libre circulación y la movilidad a través de sus fronteras en algunos países cuando crearon el espacio de movimiento común: el acuerdo de Schengen. Para muchos jóvenes europeos, el control de fronteras es un fenómeno bastante desconocido y la libertad de movimiento solo se ha visto coartada con ocasión de las medidas restrictivas de ámbito sanitario impuestas por la pandemia de la COVID 19.
Algunos estados miembros de la UE como Italia, Hungría, Polonia y España creen que el principio europeo de libre circulación solo funciona con una fuerte protección de la frontera exterior europea. De hecho, en el caso de Hungría, el control migratorio a través de sus límites fronterizos con Serbia les hizo construir vallas en los 175 km que separa el país magiar de Serbia; unas alambradas altamente tecnificadas para impedir el movimiento de las personas que usan la ruta de los Balcanes para acceder a Europa. Vallas que solo se conocían en la frontera sur europea para separar Marruecos del territorio español en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para fortalecer el control migratorio los estados miembros acordaron apostar por países externos para controlar la migración irregular dotándolos con recursos millonarios para la gestión de los bordes fronterizos en las fronteras terrestres del viejo continente. En marzo de 2016 entró en vigor el Acuerdo con Turquía con el objetivo de crear “un sistema capaz de detener el flujo migratorio antes de que llegaran a la UE por parte de Grecia”, según rezaba en el preámbulo del tratado. El Acuerdo tenía como objetivo limitar el número de migrantes irregulares, así como los solicitantes de asilo que llegaban a suelo europeo.
En el mismo contexto, el Marco de la Asociación para la Migración, un plan creado a mediados de 2016 para movilizar y concentrar la actuación y los recursos de la UE en su labor exterior de gestión de la migración, cobró especial importancia para responder a cuestiones geoestratégicas que Europa emplea fuera de su territorio para externalizar la gestión de la migración irregular, y de ese modo, evitar que los flujos de personas procedentes de países en conflicto o las que salen a buscar oportunidades hacia el viejo continente, lleguen hasta sus fronteras.
La solución pasó por el refuerzo de los instrumentos externos con los que contaba Europa para luchar contra la inmigración irregular. En los últimos años, la máxima institución comunitaria, ha externalizado cada vez más sus fronteras fuera de su territorio. La externalización denota la reubicación de los controles y otras funciones fronterizas al territorio de los llamados “terceros países”. En la práctica, eso significa que las personas, especialmente las migrantes y las solicitantes de asilo, están expuestas a ciertos tipos de controles fronterizos mucho antes de llegar al territorio de la europeo. La intensa búsqueda de soluciones externas más allá de las fronteras de la UE vuelve a ser evidente en el Pacto de la UE para la Migración y el Asilo de 2020.
El informe de 2022 de la Comisión Europea sobre el nuevo acuerdo señala las principales situaciones a las que la UE ha hecho frente en el ámbito de control de los flujos migratorios durante el 2021. En el mismo da cuenta sobre el desplazamiento de miles de personas provocado por el conflicto en Ucrania, el mayor registrado en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En el mismo documento la UE denuncia la instrumentalización de los flujos migratorios con fines políticos como una herramienta de acción híbrida; como ejemplo, refiere la crisis en la frontera de la UE con Bielorrusia y se refiere a “la alta presión migratoria, particularmente en el Mediterráneo Central y Oriental, así como en la ruta de los Balcanes Occidentales”. No habla de lo que pasó en Ceuta en mayo de 2021, cuando Marruecos permitió la entrada a territorio español a través de la frontera de miles de personas como respuesta a un problema diplomático entre los dos países. La UE no quiere señalar a su socio que es cooperador necesario en los planes para atenuar la presión migratoria hacia Europa.
El informe incluye los principales retos o desafíos que la UE tiene ante un posible aumento del flujo migratorio de entrada a la UE, ya sea por una escalada de la guerra ruso-ucraniana, o por un aumento de los flujos procedentes de África y Asia. Advierte sobre la necesidad de financiación para los programas de asilo de los países miembros, la gestión y monitorización de los movimientos dentro del espacio Schengen y principalmente, el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras externas de la UE para atender la respuesta ante el riesgo de que la inmigración sea utilizada como un elemento de amenaza híbrida contra la estabilidad de los países miembros.
La externalización en la Frontera Sur de Europa
Antes de la firma del nuevo acuerdo, las únicas fronteras terrestres que compartía Europa con África ya funcionaban como laboratorio experimental de la política de externalización que ahora se está implementando en toda la Unión. Las ciudades de Ceuta y Melilla fueron blindadas con vallas de alambre que comenzaron a construirse a finales de los noventa y que permitieron a las autoridades marroquíes controlar desde su territorio los intentos de entrada de personas migrantes hacia Europa desde los bosques cercanos a la frontera ceutí y melillense. En 1992 se firmó el acuerdo Hispano-Marroquí sobrereadmisión de migrantes irregulares. Este fue uno de los primeros acuerdos bilaterales entre un Estado miembro de la UE y un tercer país para el retorno de migrantes, lo que daba carácter legal a las devoluciones en caliente que, casi dos décadas después, avalan los tribunales europeos en sentencias dictadas que daban la razón a las tesis de España que permitía poder devolver migrantes a Marruecos desde las entrañas de las mismas vallas.
Desde entonces el control fronterizo es la consecuencia directa de la política de externalización de España comandada por Bruselas. Las fuerzas marroquíes desplegadas en los bosques próximos a la línea fronteriza con Ceuta se encargan de detener a los africanos subsaharianos antes de que puedan llegar a cruzar a España.
Marruecos no reconoce oficialmente la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla a pesar de la existencia de un control fronterizo en ambos lados. Tanto las autoridades españolas como marroquíes aprovechan la disputa territorial para bloquear a los migrantes y solicitantes de asilo. Está claro que el gobierno marroquí utiliza la frontera para ejercer presión política; más personas lograron cruzar la valla en tres días que en los seis meses anteriores al mes de febrero de 2017, antes de producirse las negociaciones UE-Marruecos para renovar el acuerdo sobre agricultura y pesca; o la crisis migratoria de mayo de 2021 en Ceuta.
Las devoluciones extrajudiciales todavía tienen lugar de forma regular a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España que las condena. El gobierno español usa la ambigüedad de la tierra de nadiesobre la que se construye la alambrada como justificación. Las devoluciones pueden ocurrir incluso después de llegar al lado español. Los gendarmes marroquíes han entrado en las vallas en territorio español para interceptar y devolver a los migrantes hasta el lado marroquí en los intentos de salto.
En Marruecos, donde la UE ha ejercido presión para adaptar la legislación a sus propios objetivos migratorios, se destaca la cooperación en la financiación de las fuerzas policiales, sus infraestructuras y materiales. La Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares, controladas por el Ministerio del Interior marroquí, están desplegadas a lo largo del perímetro de separación de las vallas dejando el entorno totalmente militarizado y ocupado por las instalaciones que acuartelan a cientos de agentes cuya tarea es interceptar a las personas migrantes de forma agresiva y evitar que establezcan nuevos campamentos desde que desmantelaron los que construyeron donde se ocultaban cientos de personas migrantes procedentes África que vivían en condiciones infrahumanas esperando la oportunidad para saltar a Ceuta.
De la misma forma se establecían los campamentos cerca de Melilla. La provincia de Nador, alberga los únicos centros de internamiento de Marruecos. La detención se establece sin ningún tipo de orden o supervisión judicial y en un plazo indefinido. La mayoría de las veces las personas migrantes son llevadas en autobuses a otras ciudades del sur de Marruecos, como Agadir, donde son abandonadas, a menudo con heridas graves causadas por las palizas de las fuerzas marroquíes.
Más dinero a Marruecos para controlar las fronteras
La creciente securitización de las fronteras y la cooperación entre la UE y Marruecos hará que el país norteafricano reciba 500 millones de euros de las arcas comunitarias destinados al control de la inmigración irregular. El nuevo paquete financiero que Bruselas enviará aumenta casi en un 50% la ayuda a Rabat frente a los más de 340 millones de la anterior remesa millonaria. Una cifra récord que hace a Marruecos receptor de más dinero que nunca de la Unión Europea y que pone de manifiesto el compromiso por la externalización del control de las fronteras exteriores de Europa. Con este nuevo montante económico comprendido para el periodo 2021-2027, Bruselas, junto con el gobierno de español, apuestan por los compromisos con Marruecos para intentar frenar los flujos migratorios hacia España.
La Comisión Europea ya desembolsó 140 millones de euros a finales de 2018 que se usaron para que Marruecos construyera otra valla paralela a la española que llenó de concertinas. El gobierno de España aprovechó para cumplir con el compromiso electoral que el PSOE adquirió de quitar las cuchillas que coronaban las alambradas en las vallas y reemplazarlas por sistemas menos lesivos para las personas que intenten escalarlas para entrar a España.
En el marco del diálogo político periódico entre Marruecos y la UE, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y el ministro español del interior, Grande-Marlaska, se reunieron con el ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, en Rabat en julio de 2022. Este encuentro permitió analizar los resultados de la cooperación compartida en materia de migración donde acordaron renovar su asociación para combatir las redes de tráfico de personas.
Las rutas migratorias en los países de tránsito, cada vez más peligrosas
La presión en los países de transito por comportarse como gendarmes de Europa, está empujando a las personas hacia rutas cada vez más peligrosas. A pesar de la represión que ejerce la policía marroquí la UE no ha logrado detener la migración hacia las dos ciudades españolas. En este contexto para frenar las llegadas, se está acrecentando la oportunidad de negocio para los traficantes que cada vez usan métodos que ponen en riesgo la integridad de las personas a las que intentan pasar.
Para muchas personas que no pueden entrar a la UE y solicitar la protección los traficantes representan la única opción. El objetivo principal de esta política es financiar para dotar de recursos al estado marroquí para mantener a las personas migrantes y potenciales solicitantes de asilo fuera del territorio europeo.
A pesar de los esfuerzos de la UE por convertir a los países de tránsito del norte de África en países de destino es evidente que estas medidas, junto con la pobreza y la represión que sufre la propia población marroquí, hacen imposible esta transición. El Gobierno marroquí, a partir del 2013, puso en marcha sendos procesos de regularización de personas migrantes para satisfacer a sus homólogos europeos. El propio Mohamed VI fue el impulsor de las regularizaciones para “buscar la integración económica y social de las personas en situación irregular, procedentes principalmente del África subsahariana” declaró el monarca en un comunicado de palacio en 2017.
La externalización de fronteras y el Nuevo Pacto Migratorio
La situación humanitaria sigue siendo grave para las personas que buscan asilo y refugio en Europa, ya que los estados contratados para la externalización no brindan refugio adecuado, servicios para cuidar la salud y vías legales y seguras para la gran cantidad de personas migrantes y refugiadas que aún están «atrapadas» en los limites fronterizos de la UE.
El Nuevo Pacto Europeo reitera las nociones de responsabilidad común y solidaridad que tienen poco valor programático, y se centra en aumentar la velocidad de los procedimientos de asilo fortaleciendo Frontex como agente para garantizar la seguridad en las fronteras y hacer cumplir las devoluciones. Además, la UE está reservando importantes cantidades de dinero para animar a terceros países a limitar la migración hacia Europa.
