En el escrito de acusación se califican los hechos como delito de incitación al odio y a la discriminación, así como lesiones con uso de instrumento peligroso
La crisis migratoria que se vivió en Ceuta hace ya seis meses dejó numerosas escenas, cada cual más impactante que la anterior, llegando, incluso, a opacarse unas otras. Los hechos ocurrieron el pasado martes, día 18 de mayo, cuando, a través de las redes sociales, se hizo viral un vídeo y que publicó El Foro de Ceuta, en el cual se escuchaba a dos varones disparando con una carabina de aire comprimido con mira telescópica a un joven migrante.
La Policía Nacional, encargada de investigar los hechos cuando salió a la luz esta impactante escena en pleno centro de Ceuta, pudo dar con el autor. Tras la visualización y análisis de los videos, los agentes llevaron a cabo diversas gestiones que permitieron la identificación del presunto autor de los disparos. El miércoles 26 de mayo, era localizado y detenido por un delito de odio y otro de lesiones, así como también fue detenido el autor de la grabación del video. Los agentes consiguieron intervenir el arma utilizada en el hecho delictivo, concretamente una carabina de aire comprimido y mira telescópica.
El disparar a un niño, además de ser un acto cruel y repugnante, es un delito, y así lo establece el escrito de acusación de la Fiscalía. «Tras el disparo, y al verle tendido en el suelo por las lesiones, el presunto agresor se mofó de él», explicó en su momento la Jefatura Superior de Policía en un comunicado de prensa.
La Fiscalía pide ahora 9 años de prisión en el escrito de acusación, donde califica los hechos como un delito de incitación al odio y a la discriminación, así como lesiones con uso de instrumento peligroso, tal y como ha informado El Faro de Ceuta. Por incitación al odio piden cuatro años de cárcel y una multa de un año abonando 12 euros diarios para cada uno de los acusados, así como la inhabilitación del ejercicio profesional en el ámbito educativo durante diez años. Por lesiones con uso de instrumento peligroso, piden cinco años de cárcel y una indemnización a la víctima de 3.000 euros por daños morales.