El Instituto de las Mujeres ha organizado unos conversatorios sobre salud sexual y reproductiva en los que se ha abierto el debate del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España y la modificación de la conocida como ‘Ley del Aborto’
Por Andrea de Lucas
El Instituto de las Mujeres ha realizado sus jornadas sobre salud sexual y reproductiva en España, que han sido inauguradas por la ministra de Igualdad Irene Montero, quien ha reiterado que el feminismo es la base de la transformación de cualquier país y de cualquier sociedad: “Se está viendo cómo el movimiento feminista es el movimiento con más capacidad de transformación, en un sentido democrático y en un sentido de lucha por los derechos humanos”.
Montero ha dejado claro que la reforma de esta ley es muy necesaria, porque desde 2010 han ido surgiendo nuevas necesidades alrededor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y que se han sumado a las necesidades ya existentes antes de esa ley que no se llegaron a cubrir.
Dentro de la reforma, se plantean una serie de medidas como “la eliminación de los tres días de reflexión que actualmente son obligatorios”, o empezar a concienciar que no se debe permitir el acoso a las puertas de las clínicas IVE porque “es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo”: “Debemos garantizar que las clínicas y sus entornos sean lugares seguros”, ha insistido.
La ministra también ha reiterado que “es fundamental que cualquier mujer pueda acudir a practicar una interrupción voluntaria del embarazo a un hospital público y cercano a su domicilio, eligiendo el método y con todas sus garantías para sus derechos”. Otro de los puntos de los cuales ha hablado Montero ha sido el planteamiento de una regulación de la objeción de conciencia, ya que “el derecho de los médicos no puede estar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos”.
“España está preparada para despenalizar definitivamente el aborto”, ha afirmado Montero, añadiendo que la Ley del Aborto en nuestro país “es una ley que habla de los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva”, y que dentro de la modificación planteada para dicha ley se deben “tomar decisiones en algunos ámbitos como la educación afectivo sexual” que actualmente está en tela de juicio por diferentes discursos políticos.
Según el último informe del Ministerio de Sanidad, en 2019 se realizaron 99.149 abortos en España, de los cuales solo el 6,2% se practicaron en hospitales públicos. Del total, más del 70% de los abortos se realizaron durante las primeras ocho semanas de gestación, y más de un 23% entre la semana nueve y la 14, fecha límite en la que se permite el aborto libre en España.
“Vulnerar los derechos sexuales y reproductivos pone en cuestión la función de la sexualidad de las mujeres y el poder de decisión sobre sus cuerpos”
Además de todo esto, la directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas, ha destacado que “las mujeres hemos conseguido que los grandes consensos reconozcan los derechos de las mujeres como derechos humanos”. “Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos también de un pilar fundamental que afecta a otras esferas de la vida como el desenvolvimiento del ámbito público”, ha explicado.
“Adoptar esa óptica y posicionamiento implica reconocer que cuando se intentan negar o vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se está cuestionando qué función se atribuye a nuestra sexualidad, y cuál es la concepción que existe sobre nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos”, ha recalcado Morillas.
Siguiendo la misma línea que su compañera, Raquel Hurtado, coordinadora de la Federación de Planificación Familiar Estatal, ha explicado que “todas las personas tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de una manera positiva y satisfactoria, y para eso es imprescindible tener garantizados esos derechos sexuales y reproductivos”. Todos estos derechos se garantizan, en primer lugar, proporcionando la información necesaria, enseñando una educación sexual y afectiva, y dando facilidades al acceso de los métodos anticonceptivos porque, como ha dicho Hurtado “la sexualidad no puede vivirse de manera positiva y existen discriminaciones, coacciones o si se vincula la maternidad de una manera obligada”.
La información es una pieza fundamental para garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres
Por su parte, la directora del Observatorio de Salud de las Mujeres Rosa María López Rodríguez, ha hecho hincapié en la importancia de una información veraz y contrastada, tanto para las mujeres como para el personal sanitario: “Tenemos que trabajar con otros agentes y otros sectores, para colaborar y trabajar en sociedad en base a la educación sexual y conseguir un respeto adecuado del derecho de la mujer, como ciudadana, de disfrutar de su vida sexual y reproductiva, y ayudar a entender cómo atender un aborto”.
Añadiendo a lo recalcado por la directora, Silvia Arévalo, ginecóloga de la unidad materno fetal del Hospital Vall D’Hebrón, ha afirmado que “hay un problema que se sigue creyendo que si pones en un centro de salud que tienes derecho a abortar, lo estés incitando”, aclarando que “tienes derecho a abortar pero nadie te está obligando”.
Y es que, como muy bien ha puntualizado la directora del Instituto de la Mujeres, “el derecho al aborto sigue siendo un derecho que está bajo sospecha”. Todo esto, tal y como explica Silvia Aldavert, miembro de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, todo esto “tiene que ver con el estigma que sufrimos las mujeres y que sufre el tema del aborto”.
“Es un tipo de acoso que está prestado por organizaciones no solo locales, que tienen unos vínculos internacionales muy importantes, y son ellos los que están alimentando esos ataques hacia el control de los cuerpos de las personas”, concluye Aldavert, refiriéndose especialmente a los movimientos de ultraderecha que están resurgiendo en Polonia o Hungría.
Vientres de alquiler y propuestas para abolir la explotación sexual reproductiva
Dentro de los conversatorios presentados por el Instituto de las Mujeres, también se ha puesto sobre la mesa el debate de la gestación subrogada, en este caso moderado por Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, quien ha aclarado que “el fenómeno de los vientres de alquiler no ha dejado de crecer, se estima que está por encima de las tasas de adopción actual”, aunque no hay datos oficiales que lo corroboren.
Para poner un poco en contexto esta problemática, Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad ha definido brevemente qué es la gestación subrogada: “Se trata de aquella práctica, que está prohibida en España, y a través de la que se establece una pareja ‘de intención’ que a priori no puede tener hijos biológicos, y quienes mediante un contrato llega a un acuerdo con una tercera mujer para que lleve a término su gestación, un embarazo, y al final del embarazo entrega la criatura a la pareja renunciando a sus derechos como madre”.
Dentro de este contrato entran, además, una serie de técnicas de reproducción asistida como la ovodonación, o la estimulación ovárica pasando por un proceso de hormonación de varios meses, pero la gestación subrogada no es considerada una técnica de reproducción asistida con tal.
La magistrada Elena Gil ha puntualizado que “un deseo no se puede cumplir a costa de una mujer, ni a costa de la compraventa de un niño o niña”, y que “el uso del cuerpo de una mujer en una sociedad capitalista, cuando ese uso está mercantilizado, siempre vulnera la dignidad de la mujer”.
Para concluir este debate, Lara Esteve, doctora en derecho penal de violencia de género, ha reiterado que esta práctica “es una vulneración de los derechos humanos, atenta contra la dignidad humana, y se pone al nivel de la explotación sexual con fines reproductivos” desde diversas instituciones europeas.
“Tiene implicaciones importantes, porque la realidad es que esta práctica está entre nosotros aunque en España esté prohibida, siguen viniendo parejas con menores gestados, nacidas y nacidos en otros países por esta técnica, y que pretenden legalizar la situación en nuestro país escribiéndose como padres del bebé”, aclara Esteve.
