Bruselas/Madrid – La justicia europea ha abierto una investigación de gran alcance sobre un presunto caso de corrupción relacionado con contratos de adquisición de material militar para la OTAN. Las diligencias, coordinadas por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), han dado lugar a operativos policiales en varios países, incluidos España, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Italia y Estados Unidos.
Según ha informado la Fiscalía belga, la investigación apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas de defensa para la compra de municiones y drones. En el centro del escándalo estaría la posible filtración de información confidencial por parte de empleados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés), con sede en Luxemburgo, a contratistas que aspiraban a obtener dichos contratos.
El caso, que comenzó a investigarse en abril, ha llevado a Eurojust a establecer un grupo de coordinación el pasado 13 de mayo para facilitar las medidas judiciales y de investigación en los países afectados. Como resultado de estas acciones, se han identificado varios sospechosos. En Bélgica, la policía ha detenido a dos personas, de las cuales solo una ha sido puesta en libertad por decisión judicial.
«Queremos llegar a la raíz de esto. Como OTAN, no aceptamos ninguna violación de los principios judiciales», ha declarado el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada en Antalya, Turquía. Rutte ha asegurado que fue la propia organización la que alertó sobre las posibles irregularidades detectadas.
La investigación se centra en la NSPA, una agencia clave que gestiona aspectos logísticos fundamentales para la Alianza, como la adquisición de armas, el suministro de combustible, servicios portuarios y aeroportuarios e incluso la alimentación del personal militar. La gravedad del caso se ve amplificada por el contexto actual, en el que la OTAN impulsa un aumento histórico del gasto en defensa por parte de los países miembros.
De acuerdo con el comunicado difundido por Eurojust, tanto funcionarios actuales como exfuncionarios de la organización estarían implicados en la trama. La causa judicial se basa en los delitos de organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales. Según los investigadores, los fondos ilícitos habrían sido canalizados a través de empresas de auditoría utilizadas para ocultar el origen del dinero.
El caso representa un duro golpe para la credibilidad del aparato logístico de la OTAN, en un momento crítico para la seguridad europea e internacional.
