La situación de los menores que llegaron a Ceuta con la crisis diplomática es extremadamente delicada. Las cifras oscilan, pero según el gobierno de Ceuta alrededor de 703 son los niños y niñas procedentes de Marruecos que la ciudad mantiene bajo su tutela y que están acogidos en los recursos de emergencia que la Ciudad puso en marcha para atenderles
Debido a la situación sanitaria de marzo de 2020 la Ciudad se vio en la obligación de habilitar espacios de acogida para el confinamiento de las personas transfronterizas que quedaron bloqueadas tras el cierre de la frontera ese mismo mes, cuando se decretó la pandemia. Estos espacios eran las naves localizadas en el polígono industrial del Tarajal, al lado del paso fronterizo.
Un polideportivo y una finca privada cedida a la ciudad constituyeron los albergues para acoger menores que estaban en las calles y como alternativa de alojamiento para menores tutelados por la ciudad con el propósito despejar el centro de La Esperanza y evitar contagios de COVID de sus residentes durante el confinamiento.
Las más de 12.000 personas que llegaron durante los días de mayo fueron trasladados de urgencia a las naves industriales del Polígono de Tarajal junto a los más de 1.500 menores que lograron llegar a nado. También un número indeterminado de estos niños pudieron burlar el cerco policial en la playa para evitar ser trasladados a dichas instalaciones escondiéndose en distintas partes de la ciudad y creando asentamientos, resultando difícil misión el poder conducirlos hasta los lugares preparados para que pudieran tener, al menos, un sitio donde dormir y las necesidades vitales cubiertas.
Entre las dos instalaciones antes mencionadas y el centro de La Esperanza, que es donde la Ciudad ha venido albergando a estos menores desde el pasado 13 de agosto, cuando comenzaron los traslados a la frontera para ser devueltos a Marruecos, muchos niños decidieron fugarse por temor al retorno a su país.
Niños y niñas que salieron de Marruecos para buscar un futuro que les permita tener una vida digna, desarrollarse como personas y huir de la estigmatización que sufren cuando son usados por la extrema derecha local y una buena parte de la opinión pública que los relacionan sin escrúpulos con la delincuencia para criminalizarlos.
Los que están en la calle deambulan por la ciudad, con el propósito inmediato de llegar a la Península escondidos en los bajos de los camiones o tratando de subir sin ser vistos por las estachas de los ferrys amarrados, lo que conocen como el Risky. Mientras, estos chicos, de entre siete y 16 años en su mayoría, sobreviven de la solidaridad de organizaciones y vecinos. Agrupados en la zona portuaria, resulta sencillo encontrarlos a las puertas de los supermercados pidiendo dinero o comida.
Las autoridades intentan reconducirlos en estos días hacia el polideportivo Santa Amelia que está sirviendo para asistirlos en primera acogida para sacarlos de las escolleras y la calle, detectar si hay posibles casos de coronavirus y en ese caso mantenerlos en aislamiento, dotarlos de ropa y artículos de aseo. Según confirman fuentes policiales “los detectamos sobre todo por la zona portuaria y los subimos al albergue porque son menores que en la calle se encuentran desprotegidos”. También han tenido que intervenir para desalojarlos de los tejados donde muchos de estos chicos suben para resguardarse y pasar la noche. Techos de chapa de naves industriales en desuso que pueden suponer un peligro debido al deterioro en que se encuentran y que pueden vencer y derrumbarse por el movimiento de los chicos que escalan hasta ellos.
La gestión de los campamentos
Piniers es un campamento construido de barracones prefabricados donde llegan a alojar hasta 6 niños metidos en barracones. El gobierno de la ciudad confió la gestión de los recursos de emergencias de los menores recién llegados a la Fundación SAMU. Una organización con base en Sevilla que trasladó un dispositivo que ha dado lugar “a un despliegue sin precedentes” como así informan en su página web. El equipo que trabaja con los menores en Ceuta se muestra poco receptivo para hacer declaraciones sobre cómo son asistidos en los recursos. Su departamento de comunicación insiste en que la gestión depende directamente del Gobierno de Ceuta. El criterio y filtro para medios lo establece el Gobierno de Ceuta a través de la Consejería de Presidencia, encargada de menores. SAMU gestiona el tema de los menores pero no tiene autonomía en cuanto a comunicación y subraya el portavoz que » antes de dar cualquier declaración o gestión de entrevista tiene que autorizarlo Gobierno de Ceuta”.
El sindicato UGT denunció ante la Delegación del Gobierno de Ceuta que «Samu mantiene trabajadores que no reúnen los requisitos ni la formación específica, realizando labores de vigilantes de seguridad, con palos, para dirigir a los menores». La fundación niega tajantemente estas acusaciones y se defiende a través de un comunicado en el que “reitera su compromiso con la atención a los menores acogidos en Ceuta y desmiente tajantemente las últimas informaciones sobre la gestión de la crisis migratoria aparecidas en algún medio nacional y la denuncia hecha por el sindicato UGT, según las cuales esta Fundación estaría maltratando a los menores que se encuentran en nuestros centros de Ceuta y empleando a personal no cualificado para realizar labores propias de profesionales de seguridad, nos vemos en la obligación de desmentir dichas informaciones tajantemente”.
Samu defiende que “que los menores están siendo atendidos en todo momento por personal cualificado, cuyo único objetivo es velar por su bienestar y tratar de garantizar la seguridad de todos y cada uno de ellos”.
Según Carlos González de Escalada, director general de la fundación, “se trata de la mayor operación llevada a cabo hasta ahora por SAMU” Pero los principales actores de esta situación no opinan lo mismo que los directivos de SAMU.
La versión de los niños
Sufian y Laarbi estuvieron en Piniers hasta hace 10 días. Se enteraron de que estaban llevando niños a la frontera para llevarlos de vuelta a Marruecos huyeron de allí para evitar ser devueltos a su país. Se encuentran en el puerto acompañados por otros niños que llegaron en los mismos días que ellos. Muchos son amigos del barrio en Tetuán y nunca han querido estar en los alojamientos gestionados por SAMU. Han estado en la calle desde entonces intentando que nos lo cogiera la Policía para llevarlos a la fuerza al campamento. “No queremos volver a Marruecos, queremos ir a España o a Francia. Tampoco queremos estar en el pabellón. La comida es muy mala y los educadores son muy exigentes” nos cuentan los chicos en la oscuridad de la calle renunciando a la disciplina de los centros de acogida y hasta al confort que supone estar bajo techo.
Cuando ingresaron después de salir de las naves, los niños cuentan que no estaban mal. Tenían cama y comida y les trataban bien. Pasaban el día con los monitores que les mantenían entretenidos con actividades. Jugaba al fútbol y al parchís y también practicaba algo de español con los educadores del SAMU. “Todo cambió hace más o menos un mes y medio cuando el trato de los educadores era más duro. No hacíamos apenas las actividades igual que antes y nos obligaban a dormir muy pronto. La comida empezó a ser mala, nos daban por la mañana un trozo de pan con aceite y la comida después era muy mala. En la calle estoy mucho mejor con mis amigos. Podemos pedir en la calle y compramos nosotros mismos la comida. Es mejor estar en la calle”.
En este aspecto la Fundación apunta que “negamos tajantemente que los menores que se benefician de nuestros servicios hayan sufrido ningún tipo de maltrato por parte de los profesionales que les atienden, y que están realizando un gran esfuerzo para gestionar esta situación de la mejor forma posible. Ese tipo de comportamientos no se toleraría en ningún centro de la Fundación SAMU”.
Para la fundación SAMU su objetivo no solo es “perseguir la atención asistencial de los menores extranjeros no acompañados, sino también su desarrollo social, psicológico y laboral en un entorno de máxima profesionalización y capacidades”. Samu aclara sobre la comida: “en relación con las afirmaciones sobre la disminución de la calidad de la comida, interesa aclarar que el proveedor de catering es el mismo que ha venido abasteciendo los centros de acogida desde el inicio de la crisis, incluso antes del despliegue de la Fundación SAMU, que incluso ha reforzado recientemente las líneas de alimentación de los menores”
Algo de lo que se quejan los menores y que para ellos no refleja la realidad.
La complejidad para atender estos adolescentes puede hacer que los comportamientos de las personas que tienen que velar por ellos no sean los adecuados para tratar con este tipo de personas, como rezaba la denuncia de UGT ante el Área de Seguridad Privada de la Delegación del Gobierno de Ceuta contra la Fundación SAMU por las supuestas infracciones que comete en la asistencia de los menores acogidos en la ciudad donde asegura mediante ese escrito que SAMU en Ceuta “mantiene a trabajadores que no reúnen los requisitos ni la formación específica, realizando labores de vigilantes de seguridad, con palos para dirigir a los menores acogidos”.
Igualmente indica que la entidad no contrata personal de limpieza ni de mantenimiento, realizando dichas labores el personal contratado para el cuidado de los menores acogidos. Samu responde al sindicato que “ningún trabajador de Fundación SAMU ha llevado a cabo labores de seguridad privada, ni ningún otro tipo de actividad laboral para la cual no esté cualificado. Todo ello queda además sustentado por las conclusiones de las inspecciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestros centros, que no han presentado nunca ningún tipo de disconformidad”
La situación de los menores
Una trabajadora de otra organización que prefiere guardar su anonimato afirma que “la inmensa mayoría viene de un contexto de pobreza extrema (no agua corriente, no electricidad), trabajo infantil desde temprana edad (que será la norma en Marruecos pero no debería ser así), falta de escolarización o abandono escolar debido a la obligación de trabajar para ayudar a la familia económicamente. Muchos son hijos de familia monoparentales, padres enfermos o discapacitados, familias de 10 hermanos; explotación laboral (jornadas de 10 horas al día con sueldos ínfimos y sometidos a tortura y a malos tratos), víctimas de violencia y abuso parental (padres alcohólicos, violentos), perfiles LGTBIQ+ que son criminalizados en Marruecos, menores amenazados por bandas criminales, menores con padres en la cárcel por dedicarse al tráfico de drogas que no quieren correr el mismo destino».
Casos de menores que necesitan atención médica urgente y no la han podido recibir en Marruecos por falta de acceso a la sanidad como el de un chico que está perdiendo la vista. Otro adolescente que sufrió un accidente hace años y lleva el brazo colgando desde entonces.
Son perfiles de niños y niñas que son vulnerables y si no se ponen a tiempo mecanismos de protección, corren el riesgo de ser aprovechados por las mafias que ven en estos menores un filón de oro. La Guardia Civil intercepta a diario embarcaciones de recreo que las mafias ponen a disposición de los inmigrantes que están en la ciudad para salir de ella a la que no viaje a bordo algún menor que trata de llegar a la península.
Por su parte la vicepresidenta primera de la Ciudad y responsable política de Menores, Mabel Deu en declaraciones a Onda Cero, afirmó que “en Ceuta hay numerosos dispositivos para atender de forma urgente a menores y familias. Además, el Gobierno de la Ciudad Autónoma trabaja con numerosas ONGs y fundaciones multidisciplinares para ayudar a los niños vulnerables”.
La responsable ha negado rotundamente que se estuvieran realizando devoluciones de menores anteriormente a las puestas en marcha el pasado 13 de agosto y se ha acogido al el acuerdo marco firmado en 2007 y publicado en 2013, el cual regula la identificación de todos los menores y se pone en colaboración un acuerdo con Marruecos para localizar a las familias de los menores “entendíamos que este instrumento tenía todos los avales jurídicos con la garantía de los derechos y la protección de los menores que dotaba el acuerdo marco que se volvió a activar tras la invasión sufrida por la ciudad a mediados de mayo”
