Por Gloria López
Las entidades denuncian que las medidas de contingencia dirigidas a las víctimas de trata, de explotación o en mujeres en situación de prostitución han sido insuficientes. Ni la pandemia del covid 19 ni las medidas de confinamiento adoptadas para hacerle frente hicieron que la esclavitud se detuviera. Las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de trata, eso que llaman esclavitud moderna, y el porcentaje aumenta en la trata con fines de explotación sexual. La tercera edición del seminario Rompe la Cadena, organizado por Diaconía, reunió a personas y organizaciones que, desde distintos ángulos, reflexionaron sobre el impacto que la pandemia ha tenido y está teniendo en las víctimas de trata, de explotación o en mujeres en situación de prostitución.
La permanencia y el crecimiento de la esclavitud en nuestras sociedades no puede analizarse sin un enfoque global y multidimensional. En la primera conferencia del evento, Liliana Suárez Navaz, Profesora de Antropología y Directora Instituto Universitario Migración, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid, lo advertía. Es necesario apostar por medidas no etnocéntricas y antirracistas: “la mayor parte de la trata está racializada y sexualizada”, dijo y, recordó que “la persecución del delito no puede significar la recriminación de la movilidad o la migración, o el no garantizar los Derechos Humanos”. En su contextualización explicó cómo los procesos de movilidad han dejado de estar en manos de los estados y se han convertido en una “oportunidad de negocios enorme”. “Son mercados que crecen y que a menudo tienen más presupuestos que los propios estados”.
La antropóloga también recordaba que la trata es un “desafío antipatriarcal”. Criticó que España sea el tercer país consumidor de prostitución del mundo y que el consumo de sexo sea impune. La trata se nutre de la vulnerabilidad y la desigualdad y es indiscutible que, si bien cualquier persona puede ser víctima de este delito, son las mujeres y las niñas las más afectadas, y un altísimo porcentaje de ellas son migrantes. Por tanto, no podemos hablar de este fenómeno si no se hace radicalmente desde una perspectiva de género y edad, en el contexto de las migraciones y con un claro enfoque en Derechos Humanos.
Durante el seminario se presentó el estudio “El impacto de la pandemia de la covid-19 en las víctimas de trata con fines de explotación sexual en España: la situación de las mujeres y la intervención de las entidades de la red #Rompelacadena”. Martina Kaplún Asensio fue la encargada de hacerlo.
La metodología de la investigación ha sido totalmente cualitativa, a través de la realización de entrevistas en profundidad con las entidades de la red #Rompelacadena que realizan intervención directa con mujeres víctimas de trata, víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución. Las entidades han atendido desde que comenzó la crisis sanitaria (de marzo a octubre) a un total de 911 mujeres, y han realizado un total de 14263 actuaciones en este periodo.
El estudio indaga en la situación vivida durante los meses del confinamiento más duro, entre marzo y junio, y durante el post-confinamiento, lo que se ha dado en llamar “nueva normalidad”. Se preguntaba sobre las necesidades y problemáticas vividas y sobre las actuaciones realizadas por las entidades, las dificultades encontradas y los logros alcanzados. También se les pidió propuestas de mejora para las diferentes administraciones de cara a cambiar la situación de las mujeres en esos contextos. Uno de los apartados -el tercero- se centró en estudiar aspectos más concretos como el impacto de las medidas de protección sanitaria, el de la paralización de los plazos administrativos o la colaboración con otros organismos implicados en la atención a las mujeres víctimas de trata. Por último, el estudio recoge la visión de las personas entrevistadas sobre el impacto de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, como el Ingreso Mínimo Vital o la recomendación del cierre de los prostíbulos, en su territorio y en las mujeres atendidas por ellas.
Cuando apareció la pandemia y llegaron las medidas sanitarias que incluyeron confinamientos, la prostitución no se detuvo, mutó al ámbito online y de servicios a domicilio. En conjunto, el negocio se hizo más privado. «Las mujeres han sido obligadas a ejercer en condiciones muy adversas exponiéndose a multitud de riesgos», explicó la responsable de la investigación.
Las mujeres que sí pararon su actividad, se vieron confinadas sin acceso a servicios básicos, conviviendo con sus tratantes y sufriendo en muchos casos situaciones de gran violencia. En otros casos han sido echadas a la calle viéndose totalmente desprotegidas, teniendo que acudir a servicios de emergencia para poder comer o tener un techo donde cobijarse.
Además, la pandemia paralizó la actividad administrativa con lo que muchas mujeres que estaban esperando a regularizar su situación se encontraron en un “limbo jurídico”. Las mujeres que estaban empezando a salir de la prostitución vieron cómo las ofertas de empleos alternativos, acciones de formación, trámites administrativos, se detenían.
Los proxenetas “esconden su mercancía” para que sea más difícil intervenir por parte de las instituciones y las entidades especializadas. Muchas de estas mujeres son obligadas a vivir sin medidas de protección frente al covid porque así lo exigen sus tratantes y los consumidores. Superada la primera fase de emergencia sanitaria, estas mujeres “arrastran deudas adquiridas en el confinamiento”, incluyendo las que mantienen con los tratantes.
Las entidades criticaron que las medidas incluidas en la ampliación del plan de contingencia dirigidas a mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución, anunciadas por el Gobierno, no se han llevado a la práctica adecuadamente. “El acceso al ingreso mínimo vital no se ha producido”, la alternativa habitacional “no ha estado garantizada” y la prórroga de la vigencia de los permisos de residencia y asilo “ha sido insuficiente”.
Tras el análisis, la investigación realiza una serie de recomendaciones. En primer lugar, abogan por la apertura de un proceso de regularización extraordinario que incorpore a todas las personas que están en situación irregular y, en caso de otro confinamiento domiciliario, recomiendan “no paralizar estos trámites”.
Las entidades piden que se implanten protocolos conjuntos para pruebas rápidas de covid que permitan no aislar a las mujeres en pisos de acogida.
Los espacios de interlocución y de coordinación estatal han sido muy importantes, pero sería necesario que sean repicados a nivel territorial. También es imprescindible actualizar y poner en marcha acciones formativas para todos los agentes implicados en la lucha contra la trata.
El Gobierno “no ha tenido en cuenta a las organizaciones”, denuncian, y su experiencia en la atención y relación directa con las mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución es muy valiosa a la hora de diseñar medidas que se dirijan a estos colectivos. “Pedimos que el Gobierno se ponga en contacto con las entidades”, dijo Martina Kaplún Asensio, y que “la voz de las mujeres” víctimas de trata y en situación de prostitución “sea tenida en cuenta”.
El seminario Rompe la Cadena incluyó varias mesas redondas en las que se analizó el impacto del covid 19 en las víctimas de trata y las respuestas dadas desde el punto de vista de las Administraciones y también de la sociedad civil.
Además, se celebró un debate político en el que representantes de distintos partidos aportaron propuestas para el abordaje de la realidad de las víctimas de trata, especialmente en tiempos de pandemia.
