Más de un centenar de organizaciones reunidas en la Plataforma Sombra CEDAW -Estambul-Beijing han dirigido una carta al Ministerio de Igualdad en el que exponen críticas y propuestas ante lo observado en el seguimiento a la implementación del Plan (y su ampliación) anunciado desde el ejecutivo
La Plataforma Sombra CEDAW -Estambul-Beijing ha dirigido una carta al Ministerio de Igualdad, firmada por más de un centenar de organizaciones, en la que se exponen algunas preocupaciones –y propuestas– ante lo observado en el seguimiento a la implementación efectiva, tanto a nivel nacional, como autonómico y local, de las medidas anunciadas por el Gobierno en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género como consecuencia de la emergencia sanitaria y pandemia mundial que estamos viviendo provocada por el Covid 19.
Las entidades, muchas de las cuales gestionan recursos destinados a la atención directa a mujeres víctimas de violencia, “reconocen y celebran” que el Plan de Contingencia impulsado el 17 de marzo del 2020 por el Ministerio de Igualdad, así como las medidas adoptadas desde el Ejecutivo en esta materia durante la pandemia, forman parte de un “paquete de medidas inéditas y sin precedentes en nuestro país”. Sin embargo, critican los límites y errores de implementación (y de concepción) que algunas de esas medidas se han encontrado.
Según la Plataforma, las medidas lanzadas en el marco de la Campaña Comunicacional para la prevención de la violencia de género durante el confinamiento, “no están llegando de manera adecuada a todos los territorios a nivel local”. Así mismo, tampoco resultan adecuados “los medios” mediante los que se difunde dicha Campaña, ya que no consideran la brecha digital existente en el acceso a la tecnología por parte de las mujeres, ni las necesidades y particularidades de las mujeres que no se encuentran en los núcleos urbanos, sino en el ámbito rural del país, ni consideran, desde un enfoque interseccional, las múltiples discriminaciones y dificultades que pueden enfrentar las mujeres para acceder a la información y a la tecnología.
Adecuación de canales de comunicación y de mensajes
La propuesta de las organizaciones apunta a establecer una mayor articulación y coordinación entre gobierno central y autoridades competentes a nivel autonómico y local, y de manera conjunta con el tejido asociativo y profesional involucrado en la prevención y atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente en el ámbito local, de manera que se puedan complementar, mejorar, modificar, ampliar y adecuar “tanto los canales de comunicación como los mensajes”, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los territorios. En ese sentido, consideran necesario “potenciar y hacer un mayor uso y divulgación de las campañas informativas y de sensibilización por medio de los canales tradicionales de comunicación como pueden ser la radio y la televisión, que llegan más fácilmente a toda la población”.
En materia de protección y atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, las organizaciones critican que las medidas que se han dictado desde el Gobierno están siendo implementadas “de manera desigual” en las diferentes Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos. “Su alcance está siendo limitado, y nos consta que en muchos casos los recursos y servicios habilitados se encuentran saturados, sobre todo los recursos residenciales y destinados a la protección y seguridad de las mujeres, sus hijos e hijas, que no llegan a satisfacer las demandas habitacionales y necesidades existentes, ni la variedad de implicaciones derivadas de la pandemia”, exponen las entidades.
Además, las medidas adoptadas están mayormente enfocadas en una “respuesta asistencial, sin un enfoque de género, de derechos humanos e interseccional”. Específicamente, la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género en situación irregular es “especialmente dramática, pues no llegan a acceder a la protección y atención integral debido a diferentes factores entre ellos, el desconocimiento de sus derechos, la barrera lingüística, el aislamiento social, el no tener redes de apoyo”.
Reclaman que se regularice a todas las mujeres migrantes víctimas de violencia de género que se encuentran residiendo actualmente en España, ya que es un requisito indispensable para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación
La misiva critica que las medidas adoptadas por el Ejecutivo hasta el momento, solo han tenido en cuenta la violencia de género que pueda ejercerse por parte de la pareja o expareja, o las dirigidas a mujeres víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución, no considerando ni emitiendo medidas de manera específica para el abordaje de sus causas o de otras formas de violencia de género, como la violencia sexual o la violencia obstétrica. La ausencia de reconocimiento de todas las formas de violencia “deja en una especial desprotección e indefensión a muchas mujeres, adolescentes y niñas”. En el caso de las mujeres “migrantes víctimas de violencia sexual en situación irregular, por ejemplo, no existe un marco legal que las proteja, pudiéndose incoar un expediente de expulsión”.
Las organizaciones solicitan revisar, adecuar y ampliar las medidas dictadas hasta el momento, generando un Plan de Contingencia Integral para la Prevención y Atención Integral a la Violencia de Género, entendido en su sentido más amplio e incluyendo todas las diferentes formas de violencia de género contra las mujeres, incluida la violencia y explotación sexual. De manera particular y en atención a las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, reclaman que “se regularice a todas las mujeres migrantes víctimas de violencia de género que se encuentran residiendo actualmente en España, ya que es un requisito indispensable para que puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y no discriminación”.
Recursos residenciales y habitabilidad
En relación a los recursos residenciales y la habitabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género, la carta propone que las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas no tengan que abandonar el domicilio familiar en los casos de violencia de género, y que sea en todo caso el agresor el que se vea obligado a abandonar el mismo, instando a la autoridad competente a la adopción de medidas de protección adecuadas que contemplen tal fin.
Por otro lado, se propone el fortalecimiento y ampliación de los recursos residenciales existentes y que se amplíe su cobertura en todo el territorio nacional, así como los períodos de estancia durante todo el período que dure la emergencia sanitaria, para garantizar una solución habitacional permanente y de larga estancia adecuada a las necesidades y particularidades de las mujeres víctimas de violencia de género que así lo necesiten, incluidas las mujeres migrantes y extranjeras, independientemente de su situación administrativa en el país, así como las mujeres víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución, sin necesidad de que medie una denuncia previa, para acceder a los mismos.
Además, proponen tener una especial actuación sobre la situación laboral de las mujeres víctimas de violencia de género la aprobación de un paquete de medidas y ayudas económicas específicas con carácter urgente.
Medidas dirigidas a los agresores
Las organizaciones firmantes, con distintos ámbitos de actuación, lamentan que durante la pandemia no se hayan considerado medidas específicas para que las autoridades competentes cumplan con sus obligaciones de ejecutar y hacer el correspondiente seguimiento de las órdenes de protección existentes, así como la emisión de nuevas órdenes de protección de manera inmediata y adecuada que garanticen entre otras, las medidas de distanciamiento y no comunicación por parte de los agresores, así como el cumplimiento del régimen de visitas en condiciones de seguridad, garantizando tanto la integridad y protección de las mujeres y sus hijos e hijas, y el pago de las pensiones alimenticias conforme a la ley, que son ingresos fundamentales para la economía de las mujeres.
“Consideramos que, la falta de medidas y directrices claras y específicas para las autoridades competentes respecto a estos aspectos, junto con la falta de coordinación entre las diferentes administraciones, menoscaba los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, así como los de sus hijos e hijas, y agravan su situación durante este periodo de emergencia sanitaria”, sentencian.
Las organizaciones proponen dictar medidas específicas que puedan prevenir la violencia por parte de los agresores contra las mujeres y sus hijos e hijas u otras personas dependientes que convivan con ellas por medio de la creación de un “plan específico que tenga en cuenta las particularidades y los riesgos derivados del confinamiento y el estado de alarma”. En ese sentido abogan por un “protocolo específico de coordinación y actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que actualmente pueden y deben atender a las mujeres en situación de emergencia.
En relación a la Administración y acceso a la justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia de género, las organizaciones proponen que se puedan formular medidas específicas para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género de manera integral, y formular un Plan de Contingencia en coordinación con la Administración de Justicia.
“Si bien es cierto que los asuntos judiciales en materia de violencia de género no han sido suspendidos durante el estado de alarma, y la protección inmediata de las mujeres que denuncia ha sido atendida por los Jugados competentes en la materia -Juzgados de Violencia sobre la mujer-, incoándose el procedimiento adecuado según las circunstancias”, las organizaciones comparten una exhaustiva crítica al Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que, no solo no alcanza a contemplar especificidades derivadas de la situación de alarma por la pandemia, sino que “resulta contraproducente (…)”.
Transparencia y accesibilidad
Sobre el levantamiento de información y la generación de información estratégica disponible sobre violencia de género y el impacto de la actual pandemia, las organizaciones constatan “falta de transparencia y accesibilidad” a una información desagregada que permita dimensionar la realidad y analizar la prevalencia de la violencia de género durante el confinamiento. Tan solo se cuenta con los datos de los servicios de atención del 016 y con la información que da la Policía Nacional como parte de sus informes durante el estado de alarma, pero “se desconoce totalmente, qué tipos de casos se están reportando”, datos que son fundamentales y suponen “la clave para poder analizar la información y contar con indicadores estratégicos que permitan la toma adecuada de decisiones”.
Las organizaciones proponen que se utilicen los Sistemas y mecanismos de Información específicos sobre Violencia de Género, y se recopile de manera sistemática y periódica toda la información relevante, con datos desagregados, que permita contar con información actualizada y de acceso público, para conocer la prevalencia de la violencia de género en todo el territorio nacional y en los diferentes niveles de gobierno.
La Plataforma critica asimismo lo que considera una deficiente coordinación interinstitucional. “Se ha podido constatar que no existe coordinación entre instituciones públicas en los diferentes niveles de gobierno, y mucho menos con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que gestionan recursos destinadas a la prevención, protección, y atención integral de las víctimas de violencia de género”, asegura la carta.
Frente a ello, la Plataforma solicita el fortalecimiento de las instituciones en materia de violencia de género, y los mecanismos de control y seguimientos de políticas públicas ya existentes, como el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, así como la creación de un Grupo de Trabajo o Comisión especializada, integrada por profesionales y organizaciones especializadas en la prevención y atención a las víctimas de violencia de género de la Plataforma. Dicho Grupo de Trabajo o Comisión, “será el encargado de formular y garantizar la coordinación, el seguimiento y evaluación periódica para garantizar la adecuada implementación del Plan de Contingencia Integral para la Prevención y Atención Integral a la Violencia de Género”.
Además, el texto enviado al Ministerio de Igualdad denuncia que “no existe una dotación financiera y presupuestaria adecuada para dar cumplimiento a las medidas aprobadas por el Ejecutivo, ni para reforzar las iniciativas o servicios existentes a nivel local”. Y asegura que “la utilización de los fondos del Pacto de Estado no está siendo efectiva, ni es suficiente”. Las organizaciones proponen la creación de un fondo específico para para la prevención y atención integral de la Violencia de género durante la emergencia sanitaria, adicional a los fondos de Pacto de Estado.
Por último, las organizaciones muestran su “ánimo de participar de manera activa y desde nuestra experiencia”, en el Proceso de Reconstrucción que se está llevando a cabo desde el gobierno central, con el objetivo de” contribuir a la formulación de políticas públicas y medidas integrales, reales y eficaces, desde un enfoque de derechos, de género interseccional e intercultural, y con una perspectiva feminista”. Y abogan por la conformación de un “Espacio de Coordinación y de Trabajo Periódico y Permanente con las organizaciones que formamos parte de la Plataforma Sombra España CEDAW-Estambul-Beijing+25, y con otras organizaciones no gubernamentales”.
“Los momentos de crisis nos dan la oportunidad para transformar la realidad. Por ello le pedimos, que aprovechemos este momento, para juntas prevenir y eliminar las violencias de género en nuestro país, para no dejar nunca más a ninguna mujer atrás”, concluye la misiva.
