Manipular una información y engañar a todo un colectivo a través del miedo es algo ruin, sobre todo a sabiendas que no estás diciendo la verdad. Puede que existan personas sin capacidad para analizar, entidades vulnerables que caen en el juego por inseguridad, pero lo que no puede haber es gente con responsabilidad tergiversando una Ley por fines exclusivamente partidistas. Es más, se puede y se debe enmendar, con fundamento y argumentos, todo lo que se pueda mejorar de las leyes educativas, pero es inadmisible que se utilice a niños y a niñas para contribuir a difundir noticias falsas que se reproducen como mantras. Casi a diario estamos accediendo a vídeos sensacionalistas, con menores de protagonistas, que circulan por whatsapp y por las redes para dirigirse a la Ministra y pedirle que no cierre sus colegios.
¿Cómo no empatizar con estos chavales? Es muy difícil no hacerlo. Pero en vez de proyectar dardos como pollo sin cabeza, se debería juzgar la mezquindad de usar a personas con necesidades específicas de apoyo educativo, analizar las noticias y, como mínimo, leerse la Ley. Os sorprendería descubrir el origen de esta iniciativa, «contra el cierre de los centros de educación especial», y la verdadera meta que tiene. Para descubrirlo hay que remontarse al año 2018, justo cuando la ONU da un tirón de orejas a España, y a los colegios católicos de Educación Especial de Madrid.
Quienes me conocen, y esto lo he dicho muchas veces, saben que la igualdad y la educación están para mí muy por encima de las siglas. Pero serán más las personas que dirán que por mi afiliación política y por haber estado años de manera activa en el mundo político este artículo está sesgado; no me importa. Y no me importa porque, diga lo que diga, van a pensar lo mismo, así que este artículo no va para ellos. Absténgase gente sin capacidad de análisis reflexiva. Este artículo va para las personas dispuestas a pensar y recapacitar.
Los colegios de educación especial no van a desaparecer. Esta afirmación se ha expuesto por activa y por pasiva desde todas las vías de comunicación, también en la Cámara. Hoy mismo lo ha hecho la diputada Mª Luz Martínez Seijo, cuando ha afirmado que «la LOMLOE es una ley moderna, que defiende los principios de equidad y de inclusión. Y es ante todo una ley plural que protege la discapacidad»
Pero claro, ¡qué más da! Hay que seguir con la cantinela, la confusión y el desconcierto, aunque para ello te lleves por delante la tranquilidad de miles de familias que han empezado a cuestionar la estabilidad que hacía tiempo habían encontrado, precisamente por culpa de un sistema que hay que mejorar.
Vamos a contextualizar.
¿Qué dice la Ley Celaá?
Lo que dice textualmente el proyecto de ley en la disposición adicional cuarta, es que en diez años «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». En ningún punto hace referencia explícita al traspaso de escolares de centros especializados a ordinarios.
Además, dice que «las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios».
Y añade que «las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna» incluyendo «una valoración de las necesidades educativas individuales, realizada por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado».
He aquí el meollo de la cuestión, el núcleo central de la desinformación. Las palabras del proyecto de ley se manipulan y tergiversan hasta afirmar que se dejará de ofrecer la educación especial en España.
Y es ahora cuando le hago la pregunta al Partido Popular de Ceuta.
¿En qué contexto, frase, espacio, discurso, punto, artículo, pone que se cerrarán los colegios de Educación Especial? Emplazo a que lo demuestre, no únicamente a mi persona, sino a las familias de los alumnos y alumnas de mi colegio que no paran, con temor, de preguntar.
Pero ya me adelanto yo: en ningún sitio.
Lo que hará esta ley es dotar de más recursos a los colegios ordinarios para que el alumnado que esté integrado pueda disfrutar de esa inclusión sin verse privado de un derecho.
Es más, defender los centros de educación especial en exclusividad , y lo dice quien dirige uno de ellos y lleva trabajando en él más de quince años, no es proteger los derechos de la infancia, proteger los derechos de la infancia es impulsar una educación real, aceptar la diversidad, luchar para apostar por los principios de normalización y sectorización, y hacer que los centros ordinarios no sean vistos como espacios segregadores. Proteger los derechos de la infancia es apostar por las distintas modalidades de escolarización y sentir la necesidad de trasformar la sociedad y alejarse de posiciones estáticas.
En este tema no todo es blanco o negro. Existe un enorme abanico de caminos que deben eliminar las barreras mentales y la rigidez de una práctica que prioriza la competitividad ante la actitud y los valores. Una práctica que aúpa la simpleza y la dejadez ante unos cánones establecidos sobre los que no te puedes salir.
Y no, puede que la inclusión no funcione por falta de predisposición, pero la solución no es trasladar al niño o la niña, que es de un centro ordinario, a un colegio de educación especial. La solución es exigir que la inclusión sea una garantía. No voy a hablar de los beneficios de la inclusión, de la equidad y la no discriminación. De lo positivo que es aceptar las diferencias, del crimen pedagógico, social y humano que se produce cuando se deriva a un niño o una niña después de estar integrado en una primaria a un centro específico porque han decidido que en secundaria «no se adaptaría». No voy a hablar de los niños que trasladan por problemas de comportamiento o los que llegaron en su día con tres años, sin agotar antes todos los recursos. No voy a hablar de los que se quedan en sus casas hasta que llega el plan de empleo, ni de los que una vez que se matriculan en educación especial echan de menos a sus compañeros y compañeras de siempre. No voy a hablar de los que te dicen que no van a ningún cumpleaños, o que en San Antonio, nombre de mi colegio, no tienen futuro. No voy a nombrar a las familias que han tenido que meterse en juicios para que sus hijos sigan acudiendo al colegio de su barrio y al que van sus hermanos o hermanas. Y no voy a hablar porque no toca y porque no me apetece no ser políticamente correcta. Lo único que quiero es dar tranquilidad a aquellas familias que sí tienen a sus hijos e hijas en el centro de educación especial porque, independientemente de lo que he dicho anteriormente, estos colegios son imprescindibles. Y lo son porque es la modalidad que necesita un tipo de alumnado para su desarrollo integral. Pero esta certeza no anula la filosofía de la LOMLOE, la cual avalo y apoyo.
Por cierto, ya que habrá quienes después de esto hagan un esfuerzo en entender la Ley, aprovecho para que profundicen en las otras mentiras, porque ni van a desaparecer los colegios concertados, ni el castellano, ni las oposiciones para el cuerpo de inspección.
