Este año la Caravana pone el foco en Melilla porque, un año después de la masacre en el paso fronterizo del Barrio Chino con Nador, sigue impune el episodio más grave ocurrido en una frontera española en la historia reciente, como antes en Tarajal: 73 personas asesinadas, 322 heridas, 77 desaparecidas y 470 devueltas masivamente a Marruecos, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Opacidad, omisión de auxilio y prisas por enterrar los cuerpos en fosas anónimas ha sido la respuesta de los gobiernos español y marroquí. 300 personas sudanesas siguen presas en Nador, muchas condenadas a la violencia y a años de prisión por las redadas previas al 24 de junio. Otras siguen en las calles marroquíes expuestas a la miseria y a la incesante persecución policial mientras Sánchez hace gala de reducir el flujo de personas migrantes con la colaboración marroquí, obviando todo coste humano.
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Ponemos el foco en Melilla pero creemos que lo ocurrido forma parte de un patrón de crímenes de estado contra la humanidad a personas desplazadas como en el naufragio en Calabria, o en el incendio en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez. No son los primeros, ni los únicos, ni los últimos.
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El 2022 es el 2º año de la historia con el mayor número de personas fallecidas y desaparecidas en nuestra Frontera Sur según la APDHA, con 6 personas asesinadas al día. La ruta canaria es la más mortífera, seguida de la argelina. Según datos recientes del informe de Caminando Fronteras, hay 2.390 personas víctimas en nuestras rutas de acceso, entre ellas 101 menores y 288 mujeres, con la consecuente violencia sexual, castigo sistemático contra ellas. No son cifras, son personas con nombre, familias y proyectos migratorios, teniendo en cuenta que el 91% de las víctimas desaparecen en el mar sin recuperarse sus cuerpos, ello supone un duelo durísimo para familiares y comunidades.
Las políticas violentas, racistas y patriarcales violan de manera sistemática los DDHH de las personas en movilidad. Necro Políticas cuyo único objetivo es impedir el derecho a migrar, al asilo y refugio, en definitiva, a la vida.
Las fronteras son espacios de guerra militarizados que cuentan con ingentes presupuestos y la complicidad de empresas y de la UE, que responden a élites corporativas ya que por la frontera sur no accede ni el 4% de las personas migrantes.
El contexto europeo sigue militarizado por la guerra en Ucrania, llevando al exilio y al empobrecimiento económico a millones de personas. Esto se suma a los conflictos bélicos previos en África y Oriente Medio, alimentados por intereses de lobbies armamentísticos del Norte Global.
La guerra es un negocio que empieza en nuestro territorio: Los puertos de Bilbao, Santander y Sagunto son una muestra de este comercio macabro, pues permiten el atraco de los barcos traficantes de armas o «barcos de la muerte«.
Sudán, un país rico en recursos, es el lugar de procedencia de la mayoría de personas que trataban de cruzar la frontera en Melilla el 24 de junio huyendo de un conflicto armado y de la miseria.
Las condiciones de vida en Melilla para estas personas en tránsito y las que allí viven son duras: el control documental convierte a la ciudad en una prisión mientras que la frontera se abre solo a las personas europeas. Sin embargo, las luchas sociales han conseguido el acceso a la escolarización y al sistema sanitario. Una reivindicación todavía sin respuesta es el derecho al empadronamiento como llave de acceso a permisos de residencia y trabajo que también se sufre en lugares como los asentamientos de chabolas de Níjar-Almería, donde se lucha por el derecho a la vivienda digna.
Ahí, donde las fronteras internas, que se construyen a través de leyes como la de Extranjería o Mordaza, o de estructuras de internamiento como los CIE o los CETI, condenan a vivir en el margen a esos mismos cuerpos sobre los que se construye el sistema capitalista, racista, patriarcal y colonial. Es momento clave de lucha incansable para los colectivos de personas por la regularización de las 500.000 personas migrantes que viven en el estado español: han reunido más de 500 mil firmas necesarias para presentar una ILP ahora a debate en el Congreso. Pase lo que pase la experiencia de lucha ha sido decisiva. Vivir con dignidad y acceso a derechos es justicia social.
El cambio climático y la inseguridad alimentaria, consecuencia del extractivismo y la acción neocolonial de empresas transnacionales en buena parte de África; atentan contra la sostenibilidad del planeta y contra los DDHH. Los desplazamientos forzosos son una consecuencia del menosprecio al planeta y a las personas que lo habitan.
Túnez ha pasado a ocupar el lugar de Libia como punto de partida hacia la Unión Europea a través de Italia y el Mediterráneo Central, lo que ha convertido esa ruta en otro lugar de masacres alentadas por las políticas racistas del gobierno ultraderechista italiano y del tunecino, obstaculizando la labor de las ONG, impidiendo realizar más de un rescate por misión, autorizando desembarcos en puertos alejados y bloqueando a los barcos en un intento de alimentar el relato de la “invasión”.
En Italia, tras la ola de criminalización de la solidaridad iniciada en 2017, se está llevando a cabo el mayor proceso judicial contra organizaciones de salvamento hoy abierto: el Caso Iuventa, que unido a la condena por “ayuda e incitación a la entrada no autorizada” de casi 10 mil personas en prisión en Italia, Grecia y España, cuando el foco es la falta de vías legales y seguras para migrar así como las terribles condiciones de los “campos de refugiados” sostenidos con políticas racistas
El 1 de julio, el estado español asumirá la presidencia del Consejo de la UE. El Pacto de Migración y Asilo y la búsqueda de un acuerdo europeo en migración son prioridad de los 6 meses de presidencia española. La “sintonía” de Sánchez y Meloni nos pone en alerta. Seguiremos recogiendo el testigo de quienes antes recorrieron las mismas rutas buscando refugio del fascismo, a través de La Desbandá en la carretera Málaga-Almería.
En la Caravana europea e internacional Melilla 2023, la Caravana Abriendo Fronteras y Carovane Migranti compartimos experiencias, objetivos y denuncias con otras organizaciones sociales para unir esfuerzos y paralizar estas políticas. En concreto, a los gobiernos de la Unión Europea, y especialmente a los gobiernos español e italiano les exigimos:
- Que se reabra el caso del 24 junio 2022 en Melilla, depurando las responsabilidades de las muertes y desapariciones e implementando medidas para que este tipo de masacre no se vuelva a repetir.
- Acabar con la violenta cadena de deportaciones en caliente contrarias al derecho internacional.
- Reconocer y respetar el derecho a migrar, como estrategia de resistencia y reparación ante políticas extractivistas, patriarcales y coloniales.
- Vías legales y seguras, para que nadie pierda su vida por migrar y evitar la explotación, la trata y el tráfico de personas.
- El cese del racismo, abuso de autoridad y violencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Melilla y resto del Estado español.
- Incluir aspectos jurídicos que respeten los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas devolviéndole la dignidad a sus familias.
- Dejar de instrumentalizar a las personas en tránsito como herramienta de presión política.
- El respeto a los derechos humanos y la soberanía económica y política del Sahara Occidental, frente al chantaje de Marruecos y el cambio de postura del gobierno de Sánchez.
- La regularización extraordinaria de las personas en situación administrativa irregular y la garantía de las reagrupaciones familiares.
- La derogación de la Ley y el Reglamento de Extranjería.
- El cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), (CPR en Italia) y otras estructuras de detención y contención.
- Suspender los acuerdos de deportación con 3º países: Marruecos, Senegal, Afganistán, Libia, Turquía… La externalización de fronteras beneficia a gobiernos corruptos que violan los ddhh y a las mafias en connivencia.
- Autorizar a los barcos de salvamento marítimo a realizar libremente su labor de rescate a puertos seguros. Derogar el último decreto del gobierno italiano y un protocolo de atención a sucesos de víctimas múltiples en casos de naufragio.
- El fin de la criminalización de personas migrantes, activistas y organizaciones solidarias defensoras de derechos.
- Transparencia de datos de pérdidas de vidas en las rutas migratorias desagregados por género, procedencia y destino.
- La apertura de causas judiciales -y personación de los estados y la UE- por cada muerte en rutas migratorias y en los espacios de no-derecho para personas extranjeras.
- El cese de los controles fronterizos terrestres en las fronteras internas europea practicadas por perfil étnico.
- Que la aplicación de la Directiva 2001/55 que otorga protección temporal generalizada a personas ucranianas que salen del país, se active para personas que huyen de otros conflictos.
- La disolución de FRONTEX y el fin de la subcontratación del control de las fronteras. Y mientras exista Frontex, que se cree un centro de control de sus violaciones de derechos humanos.
- El cese de la producción y el tráfico de armas de la Unión Europea. Y mientras tanto, el cumplimiento de la normativa internacional sobre su venta.
- La disolución de la OTAN y el fin de sus planes expansionistas. No a la inclusión de la migración irregular e inseguridad alimentaria como “amenazas híbridas” en su nueva hoja de ruta.
- Nuevas Relaciones internacionales de cooperación que pongan fin a políticas de expolio de recursos en África y en países del Sur global por parte de las empresas multinacionales.
- Asegurar el acceso al derecho de asilo a todas las personas, independientemente del país de origen y catalogación de países seguros. El respeto a las disposiciones del derecho internacional, como es la Convención de Ginebra relativa a las personas refugiadas.
- Garantías específicas para personas en situación de especial vulnerabilidad de la Directiva Europea de procedimientos comunes para la protección internacional: mujeres víctimas de violencia sexual, de trata, menores, personas LGBTIQ+, etc.
- El derecho a la protección de la niñez contra todo tipo de violencia y explotación.
- Políticas de acogida dignas y efectivas y la implementación de protocolos con perspectiva de género e interseccionalidad.
- La derogación del Reglamento de Dublín y de la Directiva de la Vergüenza.
- La aprobación del Tratado Vinculante sobre control de las Empresas Transnacionales en materia de respeto de los DDHH negociado por el Consejo de la ONU en Ginebra.
- La ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los y las trabajadoras migrantes y sus familiar
- Garantías a la justicia y el refugio climático y cumplimiento del Acuerdo de París de 2016.
Volvemos a la Frontera Sur para poner en evidencia y denunciar la masacre realizada por la Unión Europea el pasado 24 de Junio. No debe quedar impune. Reivindicamos la vida, la acogida digna y los derechos para todas las personas. Derecho a migrar, derecho a vivir.
