Este 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año llega a su 15ª edición. La Confederación Sindical Internacional ha puesto el acento en esta ocasión en la “justicia salarial”, poniendo de manifiesto la grave situación en la que se encuentran millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo, que están en situación de pobreza a consecuencia de la elevada inflación que estamos sufriendo a nivel internacional.
El concepto de trabajo decente fue lanzado en 1999 por el Director General de la OIT y se define como aquel que ofrece oportunidades para que los hombres y mujeres puedan desempeñar un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en el que los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social. Además, desde 2015 el trabajo decente se incorporó a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y actualmente el Objetivo 8 insta a promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, compatible con el pleno empleo productivo y el trabajo decente.
El compromiso del PSOE con el trabajo decente y la garantía de un salario justo ha quedado más que demostrada con la respuesta que este Gobierno viene dando desde hace más de dos años, primero frente a la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. Hoy nadie duda que la apuesta por los ERTEs como medida para mantener las rentas y el empleo frente a las consecuencias de la pandemia fue una solución buena para nuestro mercado de trabajo, pero sobre todo de justicia social para las personas más vulnerables. Hoy contamos con unas cifras de empleo robustas pese al contexto de inestabilidad, y ello es consecuencia directa de no haber repetido las recetas de austeridad que tanto sufrimiento generaron durante la pasada crisis.
Las diferentes convulsiones que hemos vivido en los dos últimos años nos refuerzan en la idea de que el modelo económico que queremos construir puede y debe convivir con un mercado de trabajo en el que los empleos sean de calidad y estén justamente remunerados. La subida del Salario Mínimo Interprofesional desde que llegamos al Gobierno, ejercicio tras ejercicio, hasta llegar a cifra actual de 1.000 euros, es una buena prueba de ello. Del mismo modo, la reforma laboral que hemos aprobado, y la apuesta por la generalización de la contratación indefinida, ha demostrado que otro modelo es posible sin lastrar la economía, pese a todos los malos augurios de la derecha al respecto.
En este camino iniciado hace cuatro años en el que los socialistas hemos trabajado intensamente para mejorar la cohesión social, nos sentimos especialmente orgullosos de que por fin nuestro país haya ratificado el Convenio 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadores y los trabajadores domésticos. La ratificación de este Convenio supone poner fin a una discriminación histórica, al equiparar los derechos laborales y de Seguridad Social de este colectivo con el resto de personas trabajadoras. El primer paso de esta equiparación ha sido el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo y la equiparación en cuanto a la extinción de la relación laboral, algo que resulta de justicia y que desde el 1 de octubre ya es una realidad, once años después de que se redactara el Convenio de la OIT. Sin duda son normas como ésta las que nos mejoran como sociedad y nos hacen sentir orgullo de país.
Pese a estos logros, somos conscientes de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que hoy viven con preocupación la actual situación de alza de precios que venimos sufriendo desde hace meses. La combinación de dos circunstancias tan excepcionales como trágicas, como son la pandemia y la guerra de Ucrania, ha provocado en todo el mundo unos niveles de inflación en el precio de los alimentos, materias primas y energía con consecuencias muy graves, y especialmente dramáticas para los países en vías de desarrollo.
Una vez más el Gobierno ha actuado con rapidez y rotundidad, aprobando diferentes medidas que tratan de aliviar el impacto que la inflación supone en la economía doméstica de la ciudadanía. También ha propuesto a los agentes sociales un pacto de rentas para repartir de forma equitativa los costes de la crisis generada a raíz del conflicto de Ucrania. Es fundamental que sindicatos y patronal lleguen a un acuerdo en este ámbito, para buscar un equilibrio de crecimiento moderado de las rentas salariales y empresariales. El Gobierno ya ha hecho lo propio con los empleados públicos, pactando con UGT y CC.OO. una subida en el sueldo de los funcionarios del 2,5% para 2023, pudiéndose llegar hasta el 3,5% en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Creemos firmemente que ante esta situación el camino no es otro que éste, llegar a acuerdos desde la justicia social para paliar los efectos ocasionados por la inflación, y en este sentido confiamos en la altura de miras que los agentes sociales han demostrado en otras ocasiones similares.
Así pues, desde el PSOE llamamos a la movilización en esta jornada mundial por el trabajo decente, reafirmando nuestro compromiso con el pleno empleo de calidad y los salarios dignos como parte central del nuevo Contrato Social que proponemos.
