Grande-Marlaska también ha adelantado que una conferencia internacional organizada por la Presidencia española de la UE abordará la radicalización de los menores de edad, la influencia de la desinformación en los extremismos y los nuevos retos en materia de propaganda y adoctrinamiento terrorista
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este miércoles que la Presidencia de turno de la Unión Europea que España asumirá durante el segundo semestre de 2023 dará prioridad en el ámbito de Interior la lucha contra el abuso de menores a través de Internet.
Grande-Marlaska ha hecho este anuncio durante su intervención, mediante videoconferencia, en el Foro de Internet de la UE (EUIF, por sus siglas en inglés), creado por la Comisión Europea en diciembre de 2015 para abordar el uso indebido de Internet con fines terroristas y que en 2019 añadió a su ámbito de actuación la lucha contra el abuso sexual infantil online. Su objetivo último es proporcionar un espacio de colaboración entre los gobiernos europeos y la industria digital donde abordar los desafíos que plantea la presencia de contenido malicioso e ilegal en la red.
En su sesión de este miércoles, copresidida por Ylva Johanson, comisaria europea de Interior de la UE, y Vít Rakušan, ministro del Interior de la República Checa, el foro ha analizado, en primer lugar, cómo mejorar la detección de situaciones de abuso sexual infantil online, su investigación policial y la identificación de las víctimas.
Grande-Marlaska, durante su turno de palabra, ha recordado que el principal obstáculo en la investigación de archivos que podrían contener material de abuso sexual infantil es la tecnología de encriptación, por lo que ha reiterado el apoyo español a la propuesta de Reglamento para la prevención y lucha contra el abuso sexual de menores online, que obliga a los proveedores de servicios a detectar estos contenidos en las comunicaciones encriptadas. La próxima Presidencia española del Consejo Europeo apostará, ha añadido, por culminar la tramitación de este reglamento.
Pero más allá del futuro reglamento, Grande-Marlaska ha abogado por que los proveedores digitales que detecten contenidos de abuso sexual infantil “aporten la información imprescindible para las investigaciones, que no debería limitarse a los metadatos asociados al documento, página web o archivo”, para lo que es necesario “seguir trabajando en estrecha colaboración con los operadores de las plataformas de internet y redes sociales protegiendo la integridad física y moral de los menores de manera respetuosa con derechos fundamentales como son la intimidad y la privacidad”.