Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que conforma acusación popular en el caso de las devoluciones de menores a Marruecos desde Ceuta por el que están investigadas Mabel Deu y Salvadora Mateos, aseguran que “el Gobierno de España, a través de cuatro ministerios, conoció, impulsó, aprobó y acordó con Marruecos esta actuación”
Entre 12 y 15 años de inhabilitación para el cargo público es la pena a la que se enfrentan actualmente Mabel Deu, vicepresidenta del Gobierno de Ceuta y Salvadora Mateos, delegada del Gobierno en Ceuta, denunciadas por la Fiscalía como responsables penales de la ilegalidad cometida con la devolución de menores en agosto del 2021, tras el episodio del mes de mayo por el que entraron más de 12.000 personas a la ciudad autónoma por la frontera del Tarajal.
Pero el procedimiento judicial “está vivo”, es largo, y el número de investigados puede verse incrementado durante el desarrollo de las diligencias. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha sido admitida como Acusación Popular en el procedimiento y lo tiene claro: “El Gobierno de España, a través de cuatro ministerios, conoció, impulsó, aprobó y acordó con Marruecos esta actuación”.
Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, y Rafael Pérez Ruiz, secretario de Estado de Seguridad, tendrán que presentarse durante las diligencias de investigación “como mínimo” como testigos. Así lo ha asegurado Rafael Escudero, presidente de la entidad social, en rueda de prensa este miércoles. En el sumario “queda claro” que el Gobierno de España “conocía e impulsaba” las repatriaciones ilegales de los menores, algo que se ha negado en numerosas ocasiones por parte de los responsables en comparecencias públicas, sedes judiciales y parlamentarias. “Es palpable y lo dicen todos: vicepresidenta de la Ciudad, delegada del Gobierno, secretarios de la delegación, asesores…” en Madrid tenían conocimiento y formaron parte.
Estanislao Naranjo, abogado de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, explicaba que habrá que esperar para saber “si solamente siguen estas dos personas como investigadas o habrá muchas más personas sobre las que se haga una investigación”, pero que existen “incidíos de que evidentemente esto no es un hecho aislado” que orquesten Deu y Mateos. El siguiente paso para la acusación es proceder a solicitar la petición de ampliación de pruebas documentales y testificales, para saber “quién, de qué ministerios, cuándo y cómo” se produjeron los contactos.
En este sentido, destaca la declaración en sede judicial de Salvadora Mateos, delegada del Gobierno en Ceuta, donde dice textualmente que “las devoluciones de los menores las acordó el Gobierno de España con el Gobierno de Marruecos” y que mantuvo contacto con responsables nacionales, siendo comunicado todo a Marlaska a través del Secretario de Estado. Además, Mateos en afirmó que se puso en conocimiento del Ministerio del Interior el listado de los menores vía WhatsApp, una vía cuestionada por la acusación popular.
Mateos defiende que “no cree” que se vulnerara ninguna ley porque “no se vulneraban sus derechos” y con esta decisión “estaba pensado en lo mejor” para los menores que, según ella y sin basarse en informes, era volver con sus padres. Tampoco tenía conocimiento de que los menores habían manifestado no querer regresar a su país.
En su declaración, Mabel Deu también aseguró haber mantenido conversaciones con distintos ministerios y que los escritos ministeriales recibidos estaban sin firmar. Lo que para Escudero es signo del conocimiento de que algo no se estaba haciendo bien. El director de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado concluye que una de las mayores evidencias que refleja el sumario es que todo es un “cúmulo de excusas que tienen un único nexo: que no querían a los niños en la Ciudad Autónoma y que consideraban esto una invasión. Esto es lo que subyace de todas las testificales”. Una realidad que Escudero lamenta, porque no es más que “la retórica de Donald Trump y los grupos de ultraderechas” y es lo que ha hecho el Gobierno.