Las 850 trabajadoras transfronterizas marroquíes que aún cruzan a diario la frontera para trabajar legalmente en Ceuta, principalmente como empleadas del hogar, enfrentan crecientes obstáculos impuestos por las autoridades de su país. Estas restricciones no solo amenazan sus empleos, sino también la subsistencia de cientos de familias en la provincia de Tetuán, quienes dependen de estos ingresos.
De miles a centenares: la caída del trabajo transfronterizo
Antes de la pandemia, más de 2.000 personas cruzaban cada día desde Marruecos a Ceuta para trabajar. Sin embargo, la situación cambió radicalmente tras la reapertura de la frontera en mayo de 2022. El requisito del visado Schengen para entrar en Ceuta y Melilla, impuesto por el Ministerio del Interior español, redujo drásticamente el número de transfronterizos, al eliminar la excepción para los residentes de las provincias limítrofes de Tetuán y Nador.
Aunque esta medida no generó un rechazo público por parte de Rabat, los medios marroquíes continúan criticándola. Según recoge El Confidencial, el diario tangerino Tanja 24 acusaba a España de buscar “romper los vínculos históricos y geográficos” entre Ceuta y Marruecos, calificando la decisión como “un intento de establecer un estatus colonial que contradice los principios de buena vecindad y la cooperación regional”.
Un visado específico, pero insuficiente
En un intento por proteger los empleos transfronterizos, los ministerios españoles de Interior y Trabajo flexibilizaron los requisitos, permitiendo la entrada con un visado específico para Ceuta. Este documento, tramitado gratuitamente en el consulado español en Tetuán, permite a las trabajadoras registrarse en la Seguridad Social española y ejercer legalmente.
Sin embargo, desde principios de 2024, las autoridades marroquíes comenzaron a bloquear el uso de este visado, prohibiendo el cruce de la frontera con dicho documento en el pasaporte. Aunque no se ha dado una explicación oficial, un diplomático consultado por El Confidencial señala que podría deberse a que Rabat rechaza que España emita un visado específico para una ciudad que considera “ocupada por una potencia extranjera”.
Trabajadoras transfronterizas ( foto archivo )
Un nuevo obstáculo: el empadronamiento
Para renovar el permiso de trabajo en Ceuta, las transfronterizas necesitan un certificado de empadronamiento que demuestre su residencia en Tetuán. Sin embargo, desde finales de diciembre, la policía marroquí ha dejado de emitir estos certificados si el propósito es prorrogar permisos laborales en España.
Javier Casas, delegado en Ceuta del Colegio de Graduados Sociales y Abogados, declaró a El Confidencial: “Tengo un montón de expedientes parados porque ya no les dan el empadronamiento”. Y añade: “Da la impresión de que no les importa mucho perjudicar a sus ciudadanos con esta medida”.
Opciones limitadas para las trabajadoras
Las mujeres afectadas tienen dos opciones: quedarse en Ceuta de forma irregular o intentar obtener la residencia como extranjeras en la ciudad. Aunque las autoridades españolas están flexibilizando este proceso, los requisitos son difíciles de cumplir. Un contrato a tiempo completo, necesario para obtener la residencia, implica un coste de unos 1.700 euros mensuales para los empleadores, un gasto prohibitivo para muchas familias ceutíes.
Impacto en Ceuta y Tetuán
La presión marroquí sobre las trabajadoras transfronterizas no solo afecta a estas mujeres, sino también a la economía local de Ceuta y a cientos de familias en Tetuán que dependen de sus sueldos. Según El Confidencial, desde el cierre del contrabando con España en 2019, la región ha sufrido un fuerte impacto económico, agravado por la pandemia y el confinamiento. De los 2.559 inmigrantes irregulares llegados a Ceuta en 2024, la mayoría procede de esta provincia marroquí.
Mientras tanto, en Melilla, donde siempre hubo menos transfronterizas, la presión parece menor, con solo unas 170 trabajadoras en activo.
El futuro de estas mujeres, y de las familias que dependen de ellas, es incierto, mientras Marruecos continúa endureciendo las condiciones para quienes intentan trabajar al otro lado de la frontera.
(Fuente: El Confidencial)