El Gobierno ha cerrado filas en defensa del fiscal general del Estado tras conocerse su procesamiento, aferrándose a su presunción de inocencia como argumento central para resistir la ofensiva política y judicial en su contra. Fuentes del Ejecutivo han manifestado su “indignación” con el contenido del auto que imputa al fiscal, al tiempo que muestran su respaldo al voto particular emitido por el magistrado que inicialmente iba a ser el ponente del caso.
Desde Moncloa consideran que la decisión judicial tiene una clara intencionalidad política y destacan que el voto discrepante pone en entredicho los fundamentos de la imputación. “La actuación del fiscal ha estado siempre dentro de los márgenes legales”, insisten, remarcando que no contemplan su destitución mientras no haya una resolución firme.
Este respaldo institucional se produce en medio de una creciente presión por parte de la oposición, que reclama la dimisión inmediata del fiscal general por lo que consideran una pérdida de legitimidad en su cargo.
