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En todo este tiempo, las autoridades han propuesto al menos 250.300 sanciones basadas en artículos que afectan al derecho a la protesta pacífica y han multado a una decena de organizaciones sociales que no representan ningún peligro para la seguridad ciudadana
Las organizaciones Amnistía Internacional, Greenpeace, Irídia, Novact, Defender a Quien Defiende, Comisión Legal Sol, Rights International Spain y la plataforma No Somos Delito, solicitan a los partidos políticos que atiendan de forma urgente las recientes recomendaciones de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que subrayó cómo la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal continúan teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensores de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía.
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Todos los partidos deberían rechazar que hoy en día sea sancionable casi cualquier conducta en el marco de una protesta pacífica, como indica la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, o que queden impunes las actuaciones ilegales de agentes de las fuerzas de seguridad que se exceden en sus funciones. También deberían rechazar que la manifestación espontánea pueda ser objeto de sanción, o que las identificaciones y registros de manifestantes sean arbitrarias o que el uso de la fuerza por parte de la policía sea excesivo y no proporcional a la amenaza.
Desde la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal en 2015, al menos diez organizaciones han sido multadas por reclamar pacíficamente sus derechos o denunciar vulneraciones de derechos de terceros; entre ellas, Greenpeace, Irídia y Amnistía Internacional. Ninguna de estas organizaciones supone una amenaza para la seguridad ciudadana y, sin embargo, han sido sancionadas económicamente como consecuencia de su actividad cotidiana, centrada en la defensa de derechos humanos. Junto a ellas, también han sido sancionadas más de 250.000 personas, muchas de ellas activistas y periodistas, por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta o tratar de documentar la actuación policial.
Este escenario muestra el estado precario del derecho a la protesta en España, por lo que los partidos políticos deberían comprometerse en los primeros seis meses de legislatura a reformar la Ley Mordaza, los artículos más lesivos del Código Penal y prohibir el uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías autonómicas, ya que estos son algunos de los factores que más inciden en el ejercicio de derechos humanos como el derecho de reunión y la libertad de expresión.
Asimismo, en la práctica continúa la discriminación y la indefensión de colectivos vulnerables, como personas refugiadas y migrantes, por culpa de las identificaciones por perfil racial y étnico.
La modificación de la Ley Mordaza no puede demorarse más
Ante la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, las organizaciones reclaman a todos los partidos políticos la protección del derecho a la protesta como parte central en sus programas electorales. “Es necesario que hagan realidad el compromiso asumido por escrito ante la sociedad civil en febrero de 2015 y terminen el trabajo que empezaron en la última legislatura. Los partidos estuvieron cerca de aprobar una reforma, pero, finalmente, el bloque que sostenía la legislatura y era partidario de la modificación no alcanzó un acuerdo y esta la ley sigue en vigor”, aseguran las organizaciones.
“Avanzar en derechos no es una cuestión partidista ni ideológica: afecta a todas las personas, a su día a día; al respeto de sus opiniones, sean éstas cuales sean; y al ejercicio de su propia libertad de manifestarse”.
Las discrepancias entre los partidos favorables a la reforma (PSOE, PNV, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Junts) se centraron en tres artículos y una disposición adicional. En concreto, los referidos al uso por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado de material antidisturbios y, en particular, de las pelotas de goma (artículo 23); el que fija las sanciones por faltas de respeto a los agentes (artículo 37.4); el que sanciona “la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes” (artículo 36.6), y la disposición adicional que avala los rechazos, conocidos como «devoluciones en caliente», de migrantes en las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta y Melilla.
“Una vez más, recordamos que las autoridades deben, ante todo, garantizar los derechos de las personas que alzan la voz, expresan sus desacuerdos con políticas gubernamentales y defienden sus derechos reuniéndose de forma pacífica, sin temor a verse afectadas por actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad o a ser criminalizadas”.
Código penal y pelotas de goma
Por otra parte, los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta deben estar definidos de forma precisa para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos, recientemente modificado, debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.
Las organizaciones recuerdan que en España las pelotas de goma deben estar prohibidas, por ser intrínsecamente imprecisas e indiscriminadas en su trayectoria, por la falta de trazabilidad que impide conocer qué agente dispara y por el elevado riesgo de causar lesiones graves que su uso conlleva. Este tipo de proyectiles no han sido diseñados como herramientas de control de masas y, por ello, nunca deben emplearse para dispersar a quienes se manifiestan de manera pacífica. Cabe señalar que emplearlas con el propósito de castigar puede llegar a constituir actos de tortura.
En las dos décadas en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevan usando proyectiles de energía cinética, como pelotas de goma, se ha registrado la muerte de una persona, Iñigo Cabacas, y 24 han sufrido lesiones graves, muchas de ellas oculares. Asimismo, el uso de estos proyectiles ha podido contribuir a la muerte de decenas de personas más en las tragedias de Tarajal (2014) y Melilla (2022).
