“Tiempo de cambio, tiempo de esperanza”. El mundo educativo de Ceuta esperaba que el cambio de Gobierno (constituido tras la investidura) trajera un cambio en la gestión del sistema educativo, y con ello, la esperanza de comenzar a revertir una funesta dinámica que amplia incesantemente la sonrojante brecha entre los indicadores de calidad locales y nacionales. No ha sido así. El equipo ministerial ha permanecido intacto. La misma Ministra, el mismo Secretario de Estado, la misma Directora General y la misma Subdirectora General. Las mismas personas, haciendo las mismas cosas, nos conducen inexorablemente a sufrir los mismos resultados.
Sí han sustituido, sin embargo, a la Directora Provincial. Aunque por motivos que nada tienen que ver con un, siquiera remoto, interés por la enseñanza. El PSOE local está absolutamente alejado de la educación. No se le conoce, al respecto, ni una sola propuesta, ni una iniciativa, ni una medida, ni siquiera una opinión. El puesto de Director forma parte de ese patético “carrusel de favores” en que se convierten los cargos públicos para los aparatos de los partidos que salen agraciados en las urnas con la ocupación temporal del poder. Los nombramientos se conciben a modo de recompensa por los servicios prestados. Ya sea por trayectoria, afinidad con el mandatario de turno, o en razón de los siempre difíciles equilibrios internos en las organizaciones políticas. Desde luego, nada que ver ni con la competencia del sujeto, y mucho menos con el objetivo de “aplicar una política” desde todo punto de vista inexistente.
Llegado este punto, resulta de indudable interés preguntarse ¿para qué sirve un Director Provincial? La primera cuestión que hay que dejar muy clara, es que se trata de un cargo estrictamente político. El único mérito exigido es la “voluntad del partido que designa”. Dejar esto claro tiene su importancia, porque no en pocas ocasiones se le considera, equivocadamente, como un “técnico” o como alguien con “conocimiento de la materia”. Se puede perfectamente ser Director Provincial y no haber dado una clase nunca (como sucede, por ejemplo, en el caso de la Ministra).
La peculiar ubicación en el mapa político de un Director o Directora Provincial admite la concepción de dos roles bien diferenciados, e incluso, contrapuestos. Puede ser considerado como el último eslabón de la “cadena de mando del Ministerio”, desplazado en el territorio en el que opera (Ceuta). De este modo se convierte en un disciplinado agente de las directrices emanadas del núcleo duro de Madrid sin más recorrido. Pero también puede entenderse como el ariete político del territorio en cuestión. Y, en consecuencia, representante del sistema educativo local ante el equipo ministerial, en defensa de los intereses de Ceuta con el (supuesto) respaldo del partido (PSOE) que propuso o avaló su nombramiento (los Directores Provinciales son, inicialmente, unos perfectos desconocidos para los responsables ministeriales).
En el resultado final de la gestión que se vaya a desarrollar, y de sus consecuencias, intervienen, sin duda, otros factores. Entre ellos, la personalidad del sujeto, el grado de sintonía política entre partidos e instituciones, e incluso lo que suceda en Melilla que ya supera en población (¿y en influencia?) a Ceuta. Sin embargo, en lo que a nosotros nos concierne, la pregunta que debemos hacernos los docentes es ¿cuál de las dos formas de interpretar el papel del Director Provincial es la más conveniente?, entendiendo por conveniente la que mejor puede contribuir a resolver los innumerables, y añejos problemas estructurales que padecemos desde hace exactamente dos décadas. Examinemos la experiencia más reciente antes de sacar conclusiones.
Durante los últimos años, el movimiento sindical docente, se ha inclinado por la segunda de las acepciones. Hemos entendido (y asumido) que los problemas se resolvían en Madrid y hemos intentado tender un puente directo con los máximos responsables ministeriales, incorporando a nuestra lucha a la propia Dirección Provincial. Hemos hecho nuestra la debilidad de la Dirección Provincial (una especie de “síndrome de Estocolmo”), asumiendo que, en realidad, “no pintan nada” y que son las “primeras víctimas”. Hemos procurado hacer una piña de “toda Ceuta” (incluida la Directora Provincial) reivindicando frente a Madrid. El efecto ha sido justamente el contrario del pretendido. No hemos logrado contagiar el espíritu reivindicativo a la Directora Provincial (guste o no jerárquicamente disciplinada y fácilmente neutralizable) para hacer presión en Madrid; y sin embargo, si se nos ha contagiado el “ninguneo” que sufre el equipo de la Dirección Provincial y del que ahora somos plenamente partícipes. Los sindicatos nos hemos convertido en un negociado más de la Dirección Provincial. Y así nos tratan.
A la vista de esta experiencia, muy negativa, y con la intención de impulsar de una manera más eficaz el conjunto de reivindicaciones pendientes, es necesario dar un giro al movimiento sindical, situando a la Dirección Provincial como nuestro único interlocutor directo y legítimo. No debemos seguir interpretando las claves del funcionamiento interno del equipo ministerial para discernir, de una forma más detallada, el grado de responsabilidad de cada cual dentro del organigrama. El MEFP tiene en Ceuta un Director Provincial que es su cabeza visible y responsable único ante el profesorado de Ceuta de cuanto hagan y omitan. La gestión de los asuntos entre ellos, no debe ser objeto de incumbencia de los sindicatos.
