La eurodiputada y portavoz de Podemos, Isabel Serra, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a modificar su postura de apoyo a Marruecos tras la reciente expulsión de una delegación de eurodiputados que intentaba acceder a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. Las autoridades marroquíes impidieron la entrada de la delegación, que tenía como objetivo evaluar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la cual anuló los acuerdos comerciales de agricultura y pesca por haberse suscrito sin el consentimiento del pueblo saharaui.
Serra, que viajaba junto a los eurodiputados Catarina Martins, del Bloco de Esquerda (Portugal), y Jussi Saramo, de Alianza de la Izquierda (Finlandia), denunció que fueron retenidos sin explicaciones, obligados a subir a un avión y deportados a Gran Canaria. «Nos han impedido entrar sin justificación alguna, sin explicarnos quién dio la orden y con un trato completamente inaceptable», declaró la eurodiputada española.
La representante de Podemos ha calificado de «mafiosas» las prácticas de Marruecos y ha criticado la complicidad de la Unión Europea y sus Estados miembros. «Si esto nos lo hacen a eurodiputados, ¿qué no harán con el pueblo saharaui?», cuestionó Serra.
Exigencias a la UE y al Gobierno de España
Ante esta situación, la delegación ha solicitado una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para pedir protección institucional y exigir una respuesta de la UE. También han solicitado que la alta representante para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se pronuncien sobre el incidente.
Serra también ha reclamado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que «no perpetúe estas prácticas y garantice la protección de los ciudadanos españoles». La eurodiputada ha enfatizado que esta no es una situación aislada, sino parte de una política sistemática de represión en la zona.
Una misión de observación frustrada
La misión tenía como objetivo evaluar el cumplimiento de la sentencia del TJUE, emitida en octubre de 2024, que invalida los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos por haber sido firmados sin la aprobación del pueblo saharaui. Además, los eurodiputados tenían previsto reunirse con organizaciones que defienden los derechos humanos y denunciar la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos.
«Nuestra labor era verificar si se respeta la sentencia y si continúan expoliando los recursos pesqueros y agrícolas del Sáhara Occidental», explicó Serra, quien también denunció que Marruecos sigue etiquetando productos saharauis como marroquíes, incumpliendo la resolución judicial.
La delegación había informado previamente a los ministerios de Exteriores de España, Portugal y Finlandia, así como a las embajadas de la UE y España en Rabat, además de al Frente Polisario, reconocido como el legítimo representante del pueblo saharaui.
Este incidente reaviva la polémica sobre la política exterior del Gobierno español respecto a Marruecos y el Sáhara Occidental, un territorio ocupado por Rabat desde 1976 y cuyo estatus sigue siendo objeto de disputa internacional.
