La trata de personas ocurre en situaciones de vulnerabilidad y es un problema difícil de medir
Por Olatz Silva Rodrigo
Asociaciones y ONGs llevan meses alertando del incremento de la trata de personas que está suponiendo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las redes de tráfico están captando a mujeres, niñas y niños en las fronteras, aprovechándose de la ola de solidaridad y haciéndose pasar por voluntarios. Aunque la trata de personas aumente en las situaciones de conflicto, esta no es una situación nueva en Europa del Este. Desde hace años, estos países son el origen de la mayoría de mujeres víctimas de trata en Europa. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) del 2010 subrayaba que la mayoría de las víctimas de trata de personas detectadas en Europa en los último años provenía de los Balcanes, Rumanía, Bulgaria, Ucrania, la Federación de Rusia y Moldavia. Lleva años siendo un problema grave y ha tenido que surgir una guerra para que este peligro haya salido a la luz.
La trata de personas ocurre mayoritariamente en contextos ocultos e invisibles. Asimismo, no existen bases de datos concretas ni unificadas acerca de este tema. Hay mujeres que no declaran ante la policía, por varios motivos. Todos esos factores hacen que la trata de personas no se pueda medir, según explica Eva Márquez, Coordinadora de lucha contra la trata en Diaconía España. Aun así, existe una aproximación bastante aceptada: «Por una víctima identificada hay veinte sin identificar».
La trata de personas ocurre cuando existe una situación de vulnerabilidad. Es por eso que este problema aumenta en situaciones de conflicto, como está ocurriendo ahora en Ucrania. Sin embargo, no es necesaria una situación de conflicto bélico para que la trata de personas ocurra.
Aunque muchas veces la captación de personas se relacione con la explotación sexual, ese no es su único fin. De acuerdo con Eva Márquez, «conocemos la explotación sexual porque es la más inmersa en nuestro país, porque en nuestra cultura está muy arraigado el consumo de prostitución». Según el protocolo de la ONU contra la Trata de Personas de Palermo 2000, la explotación incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Asimismo, Eva Márquez recalca que existen diferentes formas de explotación sexual: «por un lado está, ’la comercial’, y por otro lado, la explotación sexual para beneficio propio, que es la que ocurre cuando un individuo capta a una mujer para tenerla como su esclava sexual o como esclava laboral en servicio doméstico». Quiere dejar claro que aunque la explotación sexual sea el fin principal de la trata en España, muy cerca de la explotación laboral, no es la única.
Mujeres y niñas, principales víctimas
Para contextualizar la trata, sus causas, fines y consecuencias, es necesario incorporar la perspectiva de género que permita ver el impacto diferenciado en las mujeres y las niñas, según explica el informe ’Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España 2020’ de Amnistía Internacional. A nivel global, el 72% de las víctimas de trata detectadas son mujeres y niñas.
«La explotación sexual es mayoritaria, cerca del 60%, y dentro de este tipo de explotación, más del 90% de las víctimas son mujeres y niñas», explica Eva Márquez. «Independientemente de que sea para explotación sexual o para otros fines, las principales víctimas son las mujeres y las niñas por el hecho de serlo», comenta Eva Márquez. Esto corresponde con la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas a nivel global: «El componente de género es absolutamente indiscutible en la trata de seres humanos».
Eva Márquez quiere dejar claro que eso no quiere decir que no afecte a varones, «ni que se niegue la realidad de que hay hombres víctimas de trata». Lo que quiere destacar es que afecta en un «porcentaje claramente mayor a mujeres y niñas».
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional explica la existencia de una vinculación de la trata con el fenómeno migratorio. La trata se nutre de la discriminación y la desigualdad estructural que sufren principalmente las mujeres y las niñas dentro de las sociedades tanto emisoras como receptoras de la inmigración. La demanda de personas para sectores económicos feminizados y precarizados, junto a las políticas migratorias cada vez más restrictivas, agudiza la situación de vulnerabilidad y fomenta la explotación de personas pertenecientes a minorías étnicas o grupos marginalizados, como mujeres y niñas migrantes en situación irregular. Estas mujeres y niñas podrían estar ya en una situación de vulnerabilidad o de violación de derechos en sus hogares de origen.
La trata de personas en España
Según Naciones Unidas, España es uno de los principales países de destino de la trata, sobre todo de mujeres con fines de explotación sexual. La Guía Básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación de APRAMP señala que se desconoce el verdadero alcance del fenómeno, por la ausencia de estadísticas oficiales anuales sobre el número de víctimas, así como de mecanismos de seguimiento. Aun así, expone que en el caso de la trata con fines de explotación sexual, la mayoría de víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años, provenientes de Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Rumanía, Rusia o Ucrania. La mayoría son captadas en sus países de origen por personas o redes con el fin de someterlas a explotación en la prostitución.
Conforme a Diaconía, en España existen diferentes factores que facilitan la explotación de personas víctimas de trata: los factores de empuje y los de atracción. Los factores de empuje son aquellos que hacen que las personas sean vulnerables a la trata como por ejemplo la pobreza, la desigualdad de género o la falta de oportunidades sociales. Los factores de atracción, por su parte, son los que hacen que un país resulte atractivo como destino para los tratantes, como por ejemplo, la alta demanda de servicios sexuales o la tolerancia social hacia el delito.
Eva Márquez señala otros motivos. El lugar geográfico-estratégico de España hace que sea uno de los principales países de destino pero también de tránsito. «A veces, pasan por nuestro país personas con otro destino pero que por cualquier motivo se quedan aquí», explica. Otro factor es el consumo de sexo de pago. «España es el primer país europeo en consumo de sexo de pago y está entre el segundo y tercero del mundo», añade. Por lo tanto, eso hace que sea uno de los países que más mujeres requiere para explotarlas sexualmente.
En cuanto a la explotación laboral, en España existen muchos asentamientos agrícolas, sobre todo por el sur del país. «Ahí se han detectado muchísimos casos y muchísimas redes de individuos tratantes o explotadores», subraya Eva Márquez, «volvemos a lo mismo, es demanda».
«Para terminar, está el tema estratégico como puerta de África, puerta a Europa y como recepción de muchísima ciudadanía latinoamericana con la que España tiene muchos convenios para que entren sin visado», comenta Eva Márquez. Eso hace que sea una puerta de entrada fácil. «Todas estas cuestiones sumadas hacen que España sea uno de los principales países de destino y también de tránsito», recalca.
Dificultad en la identificación de víctimas de trata
En España, la competencia de la identificación de las víctimas de trata está en la Policía, así como las competencias de control migratorio o de control de criminalidad. Según Aintzane Márquez, abogada senior en Women’s Link Worldwide, esto hace que las propias víctimas tengan miedo de acudir a la Policía, «porque saben que es la misma Policía que controla su situación administrativa en el país».
La identificación no debería depender exclusivamente de los cuerpos policiales: «Es importante que haya un mecanismo multidisciplinar en el que participen las organizaciones especializadas en la defensa de los Derechos humanos o en trabajar con víctimas de trata». El informe de Amnistía Internacional añade que la identificación temprana debe hacerse desde un enfoque multiagencial: informando desde el primer momento a las posibles víctimas y asegurándose de que conocen sus derechos y los mecanismos de protección. Una efectiva comunicación y coordinación es indispensable durante todo el proceso.
Antes de priorizar el enfoque del control migratorio o el enfoque del control policial de las redes, Aintzane Márquez dice que el enfoque tiene que ser desde los Derechos humanos: «Una vez se identifican las personas, tienen que tener acceso a todos los mecanismos de garantía de sus derechos: un apoyo integral, vivienda, manutención, acceso a la justicia en caso de que lo quisieran».
En cuanto al acceso a la justicia, las víctimas se enfrentan a enormes obstáculos: «para empezar, los mismos obstáculos que tienen todas las mujeres: la justicia patriarcal». Además del hecho de ser mujer, existen otros factores que incrementan las barreras de acceso a la justicia, como son la raza, la situación administrativa o la situación económica: «Todo esto incrementa las barreras, porque puede que no se atrevan a denunciar porque les van a dar un expediente de expulsión». Según el informe de Amnistía Internacional, las autoridades deben proteger a todas las víctimas con independencia de su estatus migratorio.
Aintzane Márquez denuncia que el hecho de denunciar este tipo de situaciones está «muy estigmatizado» y que existen «muchos estereotipos de género» en torno a cómo tienen que ser las víctimas de trata.
Para hacer frente a esta situación, «los cuerpos policiales deberían tener una formación necesaria para responder a las necesidades de las víctimas». Asimismo, la justicia debe eliminar los estereotipos de género, establecer medidas que garanticen que las víctimas se sienten protegidas en un proceso judicial y que no se sientan en la obligación de denunciar para que tengan acceso a mecanismos de protección: «En España, está el enfoque de tener que denunciar para garantizar el acceso a residencia y a medidas de protección», lamenta Aintzane Márquez. «Hay que cambiar completamente el sistema para poner en el centro a la persona y que se anteponga la recuperación y la protección de los derechos de las víctimas», concluye.
El impacto de la pandemia de la Covid-19
«La pandemia ha tenido impacto para todo el mundo, pero para las personas que están en situación de vulnerabilidad ha sido todavía más acusado», comenta Eva Márquez. Conforme al informe ’Los efectos de la pandemia de la Covid-19 en el tráfico de personas y las respuestas a los desafíos’, realizado por la UNODC, la pandemia ha tenido una serie de efectos negativos en las víctimas y supervivientes de trata. Algunas víctimas de trata han sufrido un aumento de la violencia y el abuso a manos de traficantes. La situación administrativa irregular en el país de destino ha hecho que algunas víctimas se muestren reacias a solicitar asistencia médica. Algunas supervivientes han tenido dificultades para acceder a servicios de apoyo clave durante la pandemia, por ejemplo, el acceso al apoyo sanitario.
Eva Márquez subraya que la época más dura fue el confinamiento estricto, «el cual sacó a la luz una realidad bastante evidente». Muchos clubes, pisos o establecimientos que ejercían prostitución se tuvieron que cerrar. En ese momento, «se descubrió que muchas mujeres estaban viviendo ahí; algunas se vieron en la calle y otras obligadas a convivir con sus proxenetas y con sus explotadores».
De acuerdo con el informe de la UNODC, los delincuentes ajustaron sus modelos de negocios a la «nueva normalidad», mediante el uso de nuevas tecnologías. Según explica Eva Márquez, «cuándo sólo se podía salir a pasear a mascotas, la gente se organizó, con la excusa de sacar al perro, poder entrar a un determinado piso a recibir lo que pretendía». Este tipo de situaciones complejas han ocurrido sobre todo en el ámbito de las nuevas tecnologías: «Las nuevas tecnologías han venido para quedarse y esto también ha sucedido en las industria de la explotación».
La elaboración de una Ley Integral Contra la Trata
Existen diferentes proyectos que persiguen la prevención contra la trata de personas. El proyecto Desactivalatrata, de Diaconía España, tiene como objetivo movilizar a la sociedad para acabar con la trata de personas y conseguir un cambio de cultura que se oponga a este delito en todas formas. Según explica Eva Márquez, es necesario poner remedios para la prevención, sensibilización y concienciación, «dar ese paso previo a que estas situaciones sucedan». Además de desarrollar actividades y realizar campañas, ofrecen información divulgativa, educativa y preventiva a través de sus redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook y Youtube.
El proyecto Esperanza – Adoratrices ofrece apoyo integral a las mujeres que han sufrido la Trata de Seres Humanos. Desde su creación en 1999 hasta 2021 ha atendido a un total de 1285 personas. El proyecto trabaja en la detección de casos desde una perspectiva de género y de Derechos humanos y pertenece a la Red Española contra la Trata de Personas. Esta red compuesta por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de personas en España, lleva años exigiendo una Ley Integral contra la Trata que incluya todos los fines de explotación y se realice desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de menores.
«En los últimos veinte años, en España se han producido avances muy importantes en la lucha contra la trata, pero consideramos que toda esta respuesta se puede y se debe mejorar», explica Marta González, Coordinadora de Sensibilización e Incidencia Política de Proyecto Esperanza – Adoratrices. Se ha avanzado en el reconocimiento de derechos a las víctimas, en la legislación y se han adaptado algunas políticas públicas con presupuesto para poder atender a las víctimas. Sin embargo, González subraya que todavía el abordaje de la trata es un abordaje parcial: «Los planes de acción que se han estado abordando hasta ahora han estado centrados en la trata con fines de explotación sexual en la prostitución de mujeres».
A finales del 2021, el Gobierno aprobó el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso. Conforme a González, es importante que incluya la trata con fines de explotación laboral, pero «no tiene previsto un presupuesto específico para poder garantizar y equiparar la atención integral que necesitan estas otras víctimas de trata».
Asimismo, en enero de este año, el Ministerio de Interior ha presentado el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023 el cual establece cinco objetivos prioritarios: detección y prevención de la trata de seres humanos; identificación, derivación, protección, asistencia y recuperación de las víctimas de la trata de seres humanos; persecución del delito; cooperación y coordinación, y, mejora del conocimiento. «Es un plan con un enfoque global, además prevé una Ley Integral contra la trata, pero tiene una duración muy limitada e insuficiente», lamenta González. Espera que dé tiempo a poner en marcha alguna de las medidas mencionadas en el plan.
González explica que lo que hace falta es una Ley Integral contra la trata de personas «que cubra todas las finalidades de trata y que prevenga y proteja a todas las víctimas de trata». Eso es lo que desde entidades especializadas, así como desde la Red, llevan muchos años reivindicando. En el Código Penal y en la Ley de Extranjería se recogen una serie de medidas y derechos para las víctimas de trata, pero una ley de carácter «más amplio» es «imprescindible» para abordar la trata desde una perspectiva global.
En marzo de 2021, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, afirmaba el inicio de la elaboración de una Ley Integral Contra la Trata. De momento, no ha salido a la luz: «Hace un año, se abrió el proceso de participación pública donde Adoratrices hizo aportaciones y ahora estamos a la espera». González comenta que todavía no han visto ningún borrador y que están esperando para saber cómo se puede seguir avanzando.
