El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Briviesca ha admitido a trámite la demanda de desahucio en precario presentada por el Arzobispado de Burgos contra las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado. Estas religiosas fueron excomulgadas en junio pasado tras su salida voluntaria de la Iglesia.
Según el comunicado del Arzobispado, el juzgado ha otorgado un plazo de diez días para que las exreligiosas respondan a la demanda. Además, se ha programado una vista para el 19 de diciembre, y se ha fijado el 23 de enero de 2025 como fecha para el lanzamiento, en caso de que no comparezcan legalmente.
El Arzobispado ha solicitado a la Guardia Civil que identifique a todas las personas que ocupan el inmueble sin autorización, incluyendo a las exmonjas. Esta medida busca asegurar que solo las personas con título legal permanezcan en el monasterio.
Las cinco monjas mayores, que no participaron en el cisma religioso y no fueron excomulgadas, no se ven afectadas por esta demanda. Ellas continúan residiendo legalmente en el convento y forman la comunidad monástica reconocida por el Arzobispado.
El decreto de admisión a trámite permite que la oposición del demandado se base únicamente en la existencia de un título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.
La Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha asegurado que atenderá a las hermanas mayores en el monasterio de Belorado, desplazando a hermanas de otros monasterios, siempre que las exreligiosas no impidan su acceso.
El Arzobispado ya había informado previamente sobre la contratación de una persona para cuidar a las monjas mayores, debido a la baja laboral de la cuidadora actual. Sin embargo, se le negó la entrada al convento.
Este conflicto comenzó hace seis meses, cuando las exmonjas anunciaron su salida de la Iglesia católica mediante un manifiesto. Posteriormente, el arzobispo Mario Iceta fue nombrado comisario pontificio, con plenos poderes sobre la comunidad. Al no recibir respuesta de las religiosas, se procedió a su excomunión y se solicitó su abandono del monasterio.
El 16 de septiembre, el arzobispo presentó formalmente la demanda de desahucio contra las diez exreligiosas, de las cuales dos ya han dejado el convento. Con la admisión a trámite, las exmonjas tienen ahora diez días para responder al juzgado.