Los programas presentados son muy pobres, pese a que un 88,9% de la sociedad española cree que aún queda mucho por hacer en materia de derechos de las mujeres
La sombra de la resaca de las pasadas elecciones generales es alargada, por lo que se prevé que la participación en los comicios del Parlamento Europeo, que en las votaciones de 2014 apenas alcanzó el 44%, no sea elevada. Aunque las europeas vayan a pasar algo desapercibidas el próximo 26 de mayo, un ‘superdomingo’ en el que una parte de la ciudadanía va a depositar su papeleta en hasta tres urnas (se eligen, también, gobiernos autonómicos y consistorios municipales), las instituciones ubicadas en Bruselas y Estrasburgo, que tan lejanas pueden parecer, tienen una influencia determinante en nuestras vidas; también en lo que a políticas de igualdad de género se refiere.
El Instituto Europeo para la Igualdad de Género desarrolla, cada dos años, un índice sobre la igualdad de género en la UE, con estadísticas pormenorizadas y desglosadas por países. La Unión puntúa, de media, un 66,2% en igualdad; España se sitúa dos puntos por encima, en un 68,3%, pero muy lejos todavía del 100% deseable y de la puntuación más alta, un 82,6%, ostentada por Suecia. Según datos del Consejo de Europa una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; más de la mitad (55%) ha sufrido acoso sexual; una de cada tres también ha sido víctima de maltrato psicológico por parte de una pareja sentimental; y, de nuevo, una de cada tres ha sufrido violencia física o sexual por parte de un adulto durante la infancia.
En el barómetro de febrero, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a las personas encuestadas acerca de cuánto queda por hacer en España para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El 88,9% contestó que queda mucho o bastante por hacer. En este contexto, y tras el éxito en nuestro país, por segundo año consecutivo, de la huelga feminista del 8 de marzo, en el que la sociedad española se movilizó en un reclamo unitario por la igualdad, los partidos políticos españoles dieron acuse de recibo e incorporaron a sus programas para las elecciones generales importantes baterías de medidas destinadas a reducir la todavía amplia desigualdad entre hombres y mujeres.
Sin embargo, esta cuestión parece haber quedado en papel mojado, al menos en lo que a la acción del Parlamento Europeo se refiere: el Partido Popular no incluye en su programa ni una sola medida relacionada con el tema, a excepción de una escueta mención en la que se comprometen a apoyar a las mujeres rurales, mientras que el Partido Socialista es vago en sus alusiones y, si bien le dedica un apartado a la igualdad, no incorpora la perspectiva de género de forma transversal a todo su programa, como sí hace Unidas Podemos.
Los programas
A lo largo de las casi sesenta páginas que ocupa el programa del PP, ningún punto recoge propuestas concretas en materia de igualdad de género. La única mención a las mujeres se encuentra hacia la mitad del documento, en el apartado dedicado a la Política Agraria Común (PAC): “El Partido Popular aboga por un reparto más justo de las ayudas de la PAC y defiende medidas específicas para impulsar la participación de la mujer en la economía de las zonas rurales”. Carmen Quintanilla, fundadora de la Asociación de familias y mujeres del Medio Rural, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados entre 2011 y 2015, y diputada del Partido Popular en las Cortes Generales hasta la pasada legislatura, señala que “hay que dar mucha más visibilidad a las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias”. Quintanilla explica que “esta vez hay menos propuestas en el programa porque las generales, las autonómicas y municipales se han llevado el protagonismo, pero el hecho de que no lo llevemos en el programa no significa que no vayamos a hacer propuestas. El compromiso del Partido Popular con la igualdad es firme y llevaremos a Europa medidas en la línea de las del programa de los comicios estatales”.
El Partido Socialista reserva un apartado en su programa, situado dentro de su segundo punto, al que llama “Políticas de género e igualdad, una prioridad europea”; en él, los socialistas se comprometen a impulsar las políticas de igualdad en todos los Estados miembros, y abogan por incorporar la perspectiva de género de forma transversal a todas las políticas de la UE. Además, mencionan su voluntad de disminuir la brecha salarial, impulsar el trabajo del Instituto Europeo de la Igualdad y promover “la adopción de una Estrategia Europea para la Igualdad de Género, de carácter vinculante”.
La brecha salarial es otro de los indicadores de la desigualdad: de acuerdo con las estadísticas publicadas el pasado marzo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la diferencia de remuneraciones entre hombres y mujeres en España es del 11,5%, bastante por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza el 18,1%. El Parlamento Europeo, para el que la ciudadanía española elige a sus representantes este domingo, tiene mucho que decir en estas cuestiones, pese a que también deba llevar a cabo un ejercicio de autocrítica: después de las elecciones de 2014, sólo hubo un 37% de eurodiputadas. La cifra decae hasta el 20% en los puestos relevantes; trece de las quince personas que han ocupado la presidencia del Parlamento, cargo que hoy ejerce Antonio Tajani, han sido hombres, y las eurocomisarias son apenas 9 de un total de 28.
Más allá del centro del espectro político español, Ciudadanos menciona de forma escueta dos medidas para la igualdad. La formación naranja, que lleva como número uno al economista Luis Garicano, ha presentado su programa para las elecciones europeas a falta de apenas tres días para la cita con las urnas. Hasta ese momento, solamente figuraba en su sitio web un “decálogo para Europa” en el que no se hacía alusión ninguna a sus propuestas para la igualdad de género. En el documento definitivo, el partido de Albert Rivera se compromete a “evitar la discriminación de la mujer en el ámbito laboral por motivos de maternidad y a prevenir y sancionar el acoso sexual en el puesto de trabajo”. Desde Ciudadanos también aseguran que la distribución desigual de cuidados familiares perjudica la participación de las mujeres en el mercado laboral, y manifiestan que, desde las instituciones europeas, impulsarán “la creación de un marco común para incentivar los avances hacia la corresponsabilidad y la conciliación”. En la línea del PSOE, la que fuera tercera fuerza política en las pasadas elecciones generales propone elaborar una Estrategia Europea para la Igualdad de Género “para reducir la discriminación contra las mujeres”.
Convenio de Estambul
España ya participa de una Estrategia de Igualdad de Género en el ámbito regional europeo, pero se trata de una propuesta del Consejo de Europa; para los menos versados en el embrollo institucional que forman las organizaciones supranacionales del Viejo Continente, el Consejo de Europa -que no debe confundirse con el Consejo Europeo– es una organización internacional de ámbito regional que tiene como objetivo principal la defensa, protección y promoción de los derechos humanos (en particular los civiles y políticos), la democracia y el Estado de Derecho; cuenta con 47 estados miembros, entre los que se encuentra Rusia. Aunque opera en estrecha colaboración con la Unión Europea, no forma parte de ella, por lo que sus acciones no emanan ni dependen del Parlamento Europeo
Fue el mismo Consejo de Europa el que, en 2011, presentó el Convenio de Estambul, el tratado internacional más completo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Entró en vigor en agosto de 2014, y fue ratificado por España ese mismo año. Este tratado es el que Unidas Podemos pretende que la Unión Europea ratifique, y así lo recoge en su programa para estos comicios.
Sin embargo, el propósito de la formación morada, cuyas listas al Parlamento Europeo encabeza María Eugenia Rodríguez Palop, profesora universitaria y jurista especializada en derechos humanos, tiene una carrera de obstáculos por delante. “La Unión Europea ha firmado el Convenio de Estambul”, explica Teresa Nevado, ex diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y Secretaria General del Lobby Europeo de Mujeres en España, “pero no lo ha ratificado para evitar un conflicto interno, porque algunos estados miembros piensan que las competencias en políticas de igualdad no debería ostentarlas la UE”. Si la Unión ratificase el tratado, pasaría de ser simple recomendación a directiva, lo cual obligaría a los estados integrantes que no lo han ratificado – Bulgaria, República Checa, Hungría, Reino Unido, Eslovaquia, Letonia y Lituania- a llevar a cabo cambios en su legislación, so pena de sanciones. Es el caso de Hungría, por ejemplo, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, y su ejecutivo son especialmente reacios tanto a aceptar la autoridad de la UE como a implementar políticas sociales de carácter progresista.
De regreso a suelo español, Unidas Podemos es quien mejor ha hecho sus deberes, al menos sobre el papel: además de dedicar un apartado en concreto a las propuestas para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, han incorporado una perspectiva de género transversal a todo su programa. El partido que ha feminizado su nombre, al mismo tiempo que su líder sigue siendo un hombre, pone sobre la mesa la posibilidad de que el 5% del presupuesto de la Unión Europea (cuyas partidas no designa el Parlamento, sino la Comisión Europea) se destine a la erradicación de las violencias machistas dentro de la UE. Plantean implementar el análisis feminista con perspectiva interseccional a todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la Unión y los estados, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. El Parlamento Europeo manifestó, en una resolución tomada en marzo de 2003, su intención de adoptar una perspectiva de género en todas sus comisiones de trabajo, por lo que hace años que se han dado pasos en esa dirección.
Cuidados
El programa de Unidas Podemos también pretende que la Unión Europea ratifique como institución el convenio 189 de la Organización del Trabajo (OIT), que regularía la situación y los derechos laborales de las empleadas del hogar y de cuidados. Esta cuestión, la de los cuidados, es una en la que los colectivos feministas han hecho especial hincapié en los últimos años: el trabajo reproductivo y de cuidados, asociado a la esfera privada donde históricamente han estado recluidas las mujeres, es el sustento de la vida y el que ha permitido el desarrollo del sistema productivo capitalista. Las mujeres que se dedican al empleo doméstico y de cuidados, un sector donde ellas son más del 90%, trabajan en unas condiciones de precariedad absoluta y en las que sus derechos no se ven garantizados por una legislación que las ampare. Además, suele tratarse de mujeres migrantes en una situación doblemente vulnerable. La ratificación del convenio 189 en España supondría, entre otras cosas, la entrada de facto de estas trabajadoras en el Régimen General de la Seguridad Social, así como la obtención del derecho a paro y a indemnizaciones por despido. Solamente el PSOE y Unidas Podemos llevaban en sus programas electorales para los últimos comicios generales su compromiso de ratificar el convenio, y, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, sólo lo hacen los segundos.
En esta línea, Unidas Podemos propone un “sistema europeo de permisos para tener la misma responsabilidad y las mismas oportunidades para cuidar”, una jornada laboral de 34 horas que permita la reorganización de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados y la cobertura universal y gratuita de la educación de 0 a 3 años para evitar, dicen, “la consolidación de la pobreza en las nuevas generaciones y a la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo”. La formación morada se compromete a promover, desde las instituciones europeas, “una sexualidad libre para todas las mujeres, incluyendo educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita”. La candidatura de Rodríguez Palop también contempla impulsar el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito. Muchas mujeres todavía se topan con dificultades para abortar en el seno de la UE: en Italia, por ejemplo, aunque la interrupción voluntaria del embarazo está regulada desde 1978, un 70% de los y las profesionales de la Medicina capacitados para practicar un aborto ejerce su derecho a la objeción de conciencia. En Jaén, España, la falta de clínicas que practiquen abortos obliga a 930 mujeres cada año a viajar a otras provincias.
El escepticismo respecto al poder efectivo que ostenta el Parlamento Europeo es una preocupación legítima y comprensible, así como la desafección política general que, probablemente, haga que este domingo 26 de mayo a las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios electorales, las urnas no estén llenas a rebosar. “El Parlamento Europeo no tiene poder para hacer y deshacer leyes y directivas a su antojo, pero sí puede ejercer mucha presión e influencia”, aclara Nevado, del Lobby Europeo de Mujeres. Hay motivos para el desencanto, pero también para la ilusión y el optimismo; por citar un solo ejemplo, 109 años después de que las mujeres pudieran acceder por vez primera a la universidad en nuestro país, hoy, el 60% de las personas que se gradúan son mujeres. Pese a todas sus limitaciones, la UE es pionera y líder en el camino hacia la igualdad de género, y, el domingo, la ciudadanía española puede llevar a Europa el mandato del 8M: deberá, eso sí, escoger entre opciones que, a nivel programático, dejan bastante que desear.
