El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reconocido avances hacia lo que califica como una “amnistía política”, aunque mantiene que su regreso a España sigue sin ser viable. Junts per Catalunya da por hecho que el Tribunal Supremo no aplicará la ley de amnistía recientemente aprobada al dirigente independentista, lo que mantiene su situación judicial sin cambios inmediatos.
Desde Bruselas, Puigdemont ha señalado que la norma representa un “paso importante” en el reconocimiento del conflicto político catalán, pero critica la “resistencia” de los órganos judiciales a asumir plenamente su aplicación. En la misma línea, fuentes de Junts aseguran que no esperan un cambio de actitud del Supremo y asumen que el expresident continuará residiendo en Bélgica por un tiempo indefinido.
Pese a ello, Junts mantendrá —al menos por ahora— su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque con una advertencia clara: su respaldo sigue siendo suficiente, pero también “voluble”. La formación neoconvergente insiste en que la continuidad de la legislatura dependerá de que se cumplan los compromisos pactados y de la evolución de los procedimientos judiciales contra líderes independentistas.
Este nuevo escenario refleja las tensiones entre los avances políticos impulsados desde el Congreso y la interpretación judicial de los tribunales, lo que deja en el aire tanto el futuro personal de Puigdemont como la estabilidad del Ejecutivo.
